Fue presentada ante la justicia argentina por López Burgos, sobreviviente uruguayo de Automotores Orletti, e involucra a un centenar de funcionarios civiles y militares del país vecino, entre ellos los ex dictadores Bordaberry y Álvarez.
Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo de la Operación Cóndor y ex detenido de Automotores Orletti, denunció penalmente ante la justicia argentina a un centenar de funcionarios civiles y militares de su país por su participación en la coordinación del plan de represión ilegal. La denuncia comprende a ex dictadores, diplomáticos y militares acusados de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de 120 uruguayos que residían en el país, y revela la participación esencial de la embajada oriental en Buenos Aires en la inteligencia sobre exiliados uruguayos en el país.
En la presentación se le imputa a los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, a embajadores de Uruguay en Buenos Aires, cónsules, agregados militares y casi 60 represores orientales que constituyeron la pata uruguaya de la Operación Cóndor, que hasta ahora no se había investigado en la Argentina. Además pidió revocar la prisión domiciliaria del único detenido uruguayo en el país por esa causa, Manuel Cordero.
López Burgos se presentó el jueves pasado en los tribunales de Comodoro Py con tres cajas de documentación que entregó en el Juzgado Federal 7, que subroga Norberto Oyarbide. “Venimos a denunciar la coordinación represiva de uruguayos en la Argentina”, señaló López Burgos minutos antes de formalizar la denuncia, que consiste en testimonios y en documentos oficiales del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. “Ahí podemos desentrañar el papel de la Embajada de Uruguay en la Argentina, y también que la represión fue institucional. No eran bandas aisladas sino que con la dictadura de Uruguay en 1973 se creó el COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) integrado por el presidente, las autoridades militares, el ministro de economía Alejandro Vegh Villegas, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa y el ministro del Interior. De allí provenían las órdenes de secuestros de ciudadanos uruguayos”, detalló López Burgos.
Los primeros casos de coordinación entre ambos países datan de abril de 1974, durante el período democrático en la Argentina, cuando 95 uruguayos fueron detenidos por la Policía Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia de Uruguay. Fueron fichados, se registraron sus domicilios y algunos quedaron detenidos por años. “Aún en democracia, bajo el gobierno de Isabel Perón, miembros del Ejército uruguayo detuvieron e interrogaron a militantes del MLN en la Brigada de San Justo, quienes posteriormente, sin ser procesados, permanecieron detenidos por decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”, señala la denuncia. En esa época, según una denuncia del Congreso de los Estados Unidos, había en el país 600 militares y policías uruguayos operando en El Palomar.
Con el golpe de Estado en la Argentina, “las acciones conjuntas contra los exiliados en Buenos Aires se convirtieron en una verdadera cacería”, señala la presentación, que explica que la mayoría de los desaparecidos uruguayos fueron secuestrados en la Argentina y luego trasladados a su país en vuelos de la Fuerza Aérea Uruguaya o en “lancheos” que llegaban hasta Colonia o Montevideo. Entre 1976 y 1982 desaparecieron en la Argentina aproximadamente 180 ciudadanos uruguayos, más de la mitad de los desaparecidos totales de ese país.
“Es una megacausa que no tenemos posibilidad de juzgarla en Uruguay porque no hay voluntad de investigarla allí, el gobierno está sentado arriba de los papeles y no contestan ni siquiera los oficios a la justicia. Por eso venimos a presentarla acá, porque esto tiene la raíz en la represión en argentina y porque es un país donde hay voluntad de investigar y llegar al fondo del tema”, agregó López Burgos.
De las 120 víctimas que forman parte de la denuncia, más de 40 ya fueron investigadas en la causa original por el Plan Cóndor, que fue elevada a juicio en 2007 y todavía espera que se lleve adelante. Allí están imputados Jorge Rafael Videla y Antonio Domingo Bussi, entre otros, pero Cordero es el único acusado uruguayo hasta el momento. <
La Clave
Represión. Los primeros casos de coordinación en la represión entre ambos países datan de abril de 1974, un período democrático en la Argentina.
“No hay política para conocer la verdad”
La discusión en Uruguay sobre los delitos cometidos durante la última dictadura está lejos de ser saldada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Uruguay a investigar la apropiación de Macarena Gelman.
La decisión quedó ahora en la Corte Suprema uruguaya, que puede determinar que se de cumplimiento a la condena de la CIDH y abrir la puerta para el juzgamiento de los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. “La desaparición y la muerte era parte de un plan sistemático pero hay mucha anteojera ideológica todavía en Uruguay. Esta batalla por la verdad y justicia viene muy lenta. El fallo de la CIDH hecha un poco de luz sobre el papel del Estado pero no hay una política de protección e incentivar la justicia de parte del gobierno. No hubo desclasificación de los archivos de la represión, se miente en eso y hay una política de complicidad con los represores. (El presidente José) Mujica y su ministro de Defensa están sentados sobre los archivos. No sabemos lo que pasó, no hay una política para conocerlo. Todavía aparecen familias que denuncian la desaparición de sus familiares”, opinó López Burgos, quien recordó que en 1975 había en Uruguay 27 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, un represor por cada 120 habitantes, y hoy hay más de 30 mil efectivos
No hay comentarios:
Publicar un comentario