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lunes, 10 de octubre de 2011

“En Bolivia se disputa el modelo de liberación” Año 4. Edición número 177. Domingo 09 de octubre de 2011 Por Emiliano Guido


Entrevista: Maristella Svampa, socióloga. La especialista entiende que la crisis abierta en el país andino revela la tensión existente entre estatistas y autonomistas.
Mientras avanza la columna indígena hacia La Paz, en protesta por la construcción de una ruta sobre un parque nacional, la mayor crisis de la era Evo Morales dispara en los medios y los analistas, interrogantes fangosos y cruzados. ¿Es, finalmente, el trazado de la carretera por el Tipnis una maniobra del sub-imperialismo brasileño para expandir el transporte de sus productos? ¿O, son, en realidad, los pueblos originarios amazónicos, títeres de las agencias norteamericanas? Sin embargo, para la socióloga argentina Maristella Svampa, autora de los recomendables libros Debatir Bolivia. Los contornos de un proyecto de descolonización Las vías de la emancipación. Conversaciones con Álvaro García Linera, el eje del análisis sobre la coyuntura boliviana debería ser menos maniqueo y extremista. “Con la derrota de las oligarquías regionales, el gobierno profundizó una perspectiva más convencional del Estado y del desarrollo. Por el contrario, los indígenas de las tierras bajas tienen una mirada más respetuosa del territorio. Así, lo que está en disputa ahora en Bolivia es también qué se entiende por proyecto de descolonización”, advierte Svampa y acto seguido no olvida de señalar “el aprovechamiento que la derecha de Santa Cruz, profundamente racista, hizo del tema indigenista”.
–¿Cuál es el objetivo estratégico que persigue el gobierno con la carretera amazónica? ¿Extender la frontera del Estado? 
–Quien conoce Bolivia sabe que es necesario interconectar el país y que éste es un reclamo real. En este caso, también se busca “independizar” el departamento de Beni de Santa Cruz creando nuevas rutas. Pero, también es cierto que la carretera abre una puerta a numerosos proyectos extractivos, que traerán consecuencias sociales y ambientales negativas, y que los pueblos indígenas involucrados no fueron consultados.
En ese sentido, creo que la ceguera del gobierno, luego del antecedente del gasolinazo (levantamiento popular por el aumento de la nafta), tiene que ver con un proceso de construcción de la hegemonía poco pluralista: no hay consulta a las organizaciones, y cuando las hay, el gobierno busca claramente tutelarlas.
–En la tensión entre desarrollo y buen vivir, parece estar ganando fuerza el primer tópico dentro del oficialismo. ¿Por qué?
–Hay que leer la problemática en varios niveles. Primero, desde el comienzo del gobierno de Evo (Morales) hubo tensiones entre la aspiración de crear un Estado plurinacional y la voluntad de construir un Estado nacional. Para lo primero no hay receta; hay que inventarlas; para lo segundo, sí. En el marco de la polarización social y regional que se vivió hasta 2008, dichas tensiones aparecían desdibujadas. Luego, con la derrota de las oligarquías regionales, el gobierno profundizó una perspectiva más convencional del Estado y del desarrollo, basada en un programa de megaproyectos extractivistas, muy alejados de la perspectiva indígena del buen vivir.
A esta inflexión estatista hay que agregar que hoy también se deshace la supuesta articulación entre lo campesino y lo indígena, y entre indígenas de tierras altas (aymaras y quechuas) y de tierras bajas, ya que estos sectores proyectan una visión diferente del territorio y del desarrollo. Mientras cocaleros y campesinos colonizadores buscan apropiarse y explotar económicamente el territorio, sin muchos recaudos, los indígenas de las tierras bajas (sobre todo los de la Amazonía) tienen una perspectiva más respetuosa del mismo. Así, lo que está en disputa ahora es también qué se entiende por proyecto de descolonización.
–¿Cómo entender políticamente a los indígenas de las tierras bajas? ¿Porqué nunca fueron un actor de fuerza dentro del MAS?
–El MAS no es un partido convencional; proviene del sindicalismo campesino, y aunque en su ampliación (social y geográfica) fue cambiando, no puede contener el mosaico de fuerzas sociales que atraviesan Bolivia. Los indígenas de las tierras bajas tienen sus propias organizaciones, como Cidob y Conamaq, que promovieron temas como la autonomía indígena. A veces, en su apoyo a Evo, estas organizaciones asumieron rasgos pragmáticos y corporativos, pero luego de la Contracumbre Climática en Cochabamba, la autonomía, la defensa del territorio y el derecho de consulta (previa, libre y vinculante), aparecen en el centro del discurso descolonizador.
–¿Hasta dónde la presencia de las ONG y agencias norteamericanas como la Usaid son reales en la protesta indígena?
–Lamentablemente, ese discurso forma parte del intento del gobierno por desprestigiar a las organizaciones movilizadas. No es la primera vez que Evo apela a esa estrategia, dada la incomodidad que le generan los reclamos ambientales. Por último, antes que indagar sobre la intervención de Usaid (cuyo alcance debe ser minimizado, ya que las organizaciones tienen autonomía), lo que hay que revisar es el aprovechamiento que la derecha de Santa Cruz, profundamente racista, hizo del tema indigenista en el marco del conflicto del Tipnis.
–En sus últimos escritos, el vicepresidente Álvaro García Linera plantea que el actual excedente de la economía hay que volcarlo al salto industrial del país. La COB, sin embargo, exige que ese dinero debe ser utilizado para el aumento de salarios. ¿Cómo observa esta contradicción? 
–Desde su asunción en 2006, García Linera cambió su concepción sobre el Estado; él mismo afirma que tiene una visión hegeliana del mismo, lo cual lo lleva a impugnar todo reclamo como particularista en nombre de un supuesto interés general. Nadie niega que existan reclamos corporativos, pero eso no define de por sí su carácter legítimo o ilegítimo, justo o injusto. En Bolivia hay suficientes reservas como para llevar una política salarial más redistributiva, al menos en el sector público. Por último, creo que lo de García Linera responde a una voluntad de modernización –no a un lobby–, aunque hablar del “gran salto industrial”, cuando lo que hay en carpeta son todos proyectos extractivos con impacto ambiental, devela una ilusión desarrollista, esto es, un proyecto de modernización de patas cortas y consecuencias negativas largas.

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