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domingo, 31 de diciembre de 2017

¿Por qué Occidente alaba a Malala pero ignora a Ahed Tamimi?




La activista palestina Ahed Tamimi con su madre Nariman [Al Jazeera]
Por Shenila Khoja-Moolji, Al Jazeera.
Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Ahed Tamimi, una joven palestina de 16 años, fue arrestada recientemente en una redada nocturna en su casa. Las autoridades israelíes la acusan de “agredir” a un soldado israelí y a un oficial. Un día antes se había enfrentado a los soldados israelíes que habían entrado en el patio trasero de su familia. El incidente ocurrió poco después de que un soldado disparó a su primo de 14 años en la cabeza con una bala de goma y ​​disparó botes de gas lacrimógeno directamente en su casa, rompiendo ventanas.
Su madre y su primo también fueron arrestados después. Los tres permanecen detenidos.
Ha habido una curiosa falta de apoyo a Ahed por parte de los grupos feministas occidentales, los defensores de los derechos humanos y los funcionarios estatales que en otros casos se presentan como defensores de derechos humanos y del empoderamiento de las niñas.
 Ahed, como Malala, tiene una historia sustancial de resistencia contra las injusticias.
Las campañas para empoderar a las niñas en el Sur global son innumerables: Girl Up, Girl Rising, G(irls) 20 Summit, Because I am a Girl, Let Girls Learn, Girl Declaration.
Cuando la activista pakistaní Malala Yousafzai, de 15 años, recibió un disparo en la cabeza de un miembro de Tehrik-e-Taliban, la reacción fue marcadamente diferente. Gordon Brown, el ex primer ministro del Reino Unido, emitió una petición titulada “Yo soy Malala”. La UNESCO lanzó “Stand Up For Malala”.
Malala fue invitada a reunirse con el presidente  de entonces Barack Obama, así como con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU. Recibió numerosos elogios por haber sido nombrada una de las 100 personas más influyentes por la revista Time y la mujer del año por la revista Glamour para ser nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2013, y nuevamente en 2014 cuando lo ganó.
Representantes estatales como Hillary Clinton y Julia Gillard, así como destacados periodistas como Nicholas Kristof hablaron en apoyo de ella. ¡Incluso hay un día de Malala!
Pero no vemos campañas #IamAhed o #StandUpForAhed en los titulares. Ninguno de los reconocidos grupos feministas o figuras políticas y de derechos ha emitido declaraciones en su apoyo o cuestionando al Estado israelí. Nadie ha declarado un Día de Ahed. De hecho, incluso Estados Unidos en el pasado le negó una visa para una gira de conferencias.
Ahed, como Malala, tiene una historia sustancial de resistencia contra las injusticias. Protesta por el robo de la tierra y el agua por los colonos israelíes. Ha soportado el dolor personal después de haber perdido un tío y un primo por la ocupación. Sus padres y su hermano han sido arrestados una y otra vez. Su madre recibió un disparo en la pierna. Hace dos años, otro video que la presentaba se volvió viral, esta vez estaba tratando de proteger a su hermano para que no se lo llevara un soldado.
¿Por qué Ahed no es beneficiaria de la misma protesta internacional que Malala? ¿Por qué la reacción con Ahed ha sido tan diferente?
Hay múltiples razones para este silencio ensordecedor. La primera de ellas es la aceptación generalizada de la legitimidad de la violencia de Estado. Mientras que las acciones hostiles de actores no estatales como los combatientes talibanes o Boko Haram son consideradas ilegales, a menudo se considera apropiada una agresión similar por parte del Estado.
Esto no solo incluye formas manifiestas de violencia, como ataques con drones, arrestos ilegales y brutalidad policial, sino también agresiones menos obvias como la asignación de recursos, incluidas la tierra y el agua. El Estado justifica estas acciones presentando a las víctimas de sus injusticias como una amenaza para el funcionamiento del Estado.
Una vez que se declara una amenaza, el individuo se reduce fácilmente a una vida raída, una vida sin valor político. El filósofo italiano Giorgio Agamben ha descrito esto como un tiempo/lugar sancionado por el poder soberano donde las leyes pueden ser suspendidas, por lo tanto, este individuo puede convertirse en objetivo de la violencia soberana. Los terroristas a menudo caen dentro de esta categoría. Por lo tanto la ejecución de presuntos terroristas por medio de ataques de drones sin el debido proceso judicial se produce sin mucho alboroto público.
La policía israelí ha desplegado una estrategia similar aquí. Ha abogado por extender la detención de Ahed porque “representa un peligro” para los soldados (representantes del Estado) y podría obstruir el funcionamiento del Estado (la investigación).
Mostrar a palestinos desarmados como Ahed, que simplemente ejercía su derecho a proteger el bienestar de su familia con todas las fuerzas de sus manos de 16 años, bajo la misma luz que un terrorista, es ilógico. Tales encuadres abren el camino para autorizar la tortura excesiva: el ministro de educación de Israel, Naftali Bennett, por ejemplo, quiere que Ahed y su familia “terminen sus vidas en prisión”.
El sufrimiento de Ahed también expone el humanitarismo selectivo de Occidente, según el cual determinados cuerpos y causas particulares se consideran dignos de intervención.
La antropóloga Miriam Ticktin argumenta que, si bien el lenguaje de la moralidad para aliviar el sufrimiento corporal se ha vuelto dominante en las agencias humanitarias de hoy, solo determinados tipos de cuerpos que sufren se designan como dignos de este cuidado. Esto incluye el cuerpo femenino excepcionalmente violado y el cuerpo patológicamente enfermo.
Tal noción de sufrimiento normaliza los cuerpos explotados: “estos no son la excepción sino la regla y, por lo tanto, están descalificados”.
Las situaciones de desempleo, hambre, amenaza de violencia, brutalidad policial y denigración de culturas a menudo no se consideran merecedoras de intervención humanitaria. Tales formas de sufrimiento se consideran necesarias e incluso inevitables. Ahed, por lo tanto, no se ajusta al ideal de sujeto víctima para el apoyo internacional.
De manera similar las niñas como Ahed que critican el colonialismo y se manifiestan por visiones de cuidado comunitario no son la feminidad empoderada que Occidente quiere validar. Ella busca la justicia contra la opresión en lugar del empoderamiento que solo beneficia a sí misma.
Su feminismo es político, en lugar de uno centrado en consumo y sexo. El poder de esta niña amenaza con revelar la cara fea del colonialismo y, por lo tanto, está marcado como “peligroso”. Su valor e intrepidez dan vida a todo lo que está mal con esta ocupación.
La situación de Ahed debería llevarnos a interrogarnos sobre nuestro humanitarismo selectivo. Las personas que son víctimas de la violencia estatal, cuyo activismo revela la perversidad del poder o cuya defensa de los derechos se centran en el cuidado comunitario, merecen ser incluidos en nuestra visión de la justicia.
Incluso si no lanzamos campañas a favor de Ahed es imposible para nosotros escapar de su llamado a presenciar la debilidad masiva, el desplazamiento y el despojo de su pueblo. Como dijo Nelson Mandela “sabemos muy bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos”.
Shenila Khoja-Moolji es una académica de género, Islam y estudios de la juventud.





22 horas
Daniel Cantieri va.
Está harto. Harto de todo.
De su familia, que toda la vida lo discriminó por ser quién es. De la escuela, que siempre quería separarlo por blanco y rubio de esos otros compañeros morochos. De la Telefónica, que le sacó el teléfono porque se negó al combo con internet. Del gobierno, que le recortó su pensión.
Daniel Cantieri va a la plaza Congreso, viene del abogado que litiga contra la Teléfonica y encuentra la marcha. Cuando se produce el desbande, el no corre y sigue avanzando hacia las rejas. Es un ciudadano indignado, harto de que lo caguen y sobre todo cansado de ver por la ventana como otros luchan por sus derechos.
Está harto.
Ve a 10 policías golpeando a un chico. Y a otros 10 que le pegan a otro.
Les grita casi cara a cara que lo suelten.
Recibe un palo en la cabeza y de esos 20 que le pegan a los pibes ahora un par le pegan a él.
Le arruinan su camisa favorita.
La ha lavado y no puede volver a blanquearla.
Lo levantan. El hombro le duele.
El zapato se le está por salir.
Cinthia García le pregunta el nombre y él se acuerda de la Telefónica, del gobierno, de su familia.
La policía lo deja sentado en el anexo de la Cámara de Diputados. Se le acerca Felipe Solá porque ve que es el único blanco entre los detenidos.
Daniel Cantieri lo manda a volar.
Lo llevan detenido. La carátula inicial dice "Sedición" como si Daniel fuera Seineldín.
Lo sueltan a las 4 de la mañana y él quiere ir a los cacerolazos que se replican en la ciudad y a esa hora se van apagando.
Se toma el 91, porque el 86 hace rato ya no pasa por esa zona de Ciudad Evita, y vuelve a su casa a las 6 de la mañana.
Le duele el cuerpo. No tiene redes sociales, no sabe lo que ocurre en torno a su figura, a su gesto digno. Una amiga le acerca cartas de la gente. Leo los papeles que atesora en la mesa, los que dice se va a llevar por siempre con él: "Aliverti pasó el audio en su programa", "El fotógrafo se llama Federico Cosso", "Pablo Ayala te escribió un poema". Me reconozco y se lo cuento. Le leo el poema. El se avergüenza, se tira abajo y modesto dice que no es referente de nada. Aconseja que cada uno salga y peleé. Le decimos que la militancia lo quiere. Que muchos lo invitaban a pasar las fiestas con sus familias.
Se ríe cuando recuerda que le dijo al juez que no milita en ningún lado y de repente en Facebook hay una agrupación con su nombre.
Daniel Cantieri lee lo que le escribe la gente y no puede creerlo, eso nos relata la tarde del 28 de Diciembre en su casa cuando vamos a verlo con Andre y con Morata, Daniel siente que después de tanto sufrimiento ya no está solo. Y llora emocionado.
Eso es lo que mira en esta foto donde Federico Cosso le retrata el alma. Ve el renacer del pueblo. Y el suyo.
Viva Daniel Cantieri.

viernes, 10 de noviembre de 2017

Por amor a la vida Por Carlos Rozanski

Los genocidas argentinos han sufrido ayer la peor derrota de su cruzada criminal. Y han perdido para siempre. Se trata de aquella que ni siquiera la influencia de los vínculos primarios pudo evitar. Un grupo importante de sus hijos dio un ejemplo único en la historia. No hay antecedente alguno en el mundo, en el que los hijos de genocidas renieguen de sus padres y se manifiesten en forma de colectivo público y militante. Quienes se llaman a sí mismos “desobedientes” hicieron un aporte gigantesco en el camino de la memoria. Mediante un proyecto de ley, proponen –y van a lograr–, terminar con dos normas que, desde el Código Procesal Penal Argentino, los reducían al silencio, prohibiendo que hijos y familiares directos denuncien a sus padres por delitos, salvo que fueren cometidos contra sus propios descendientes. Tampoco les permitían testimoniar en su contra con la misma excepción. Hoy, un grupo muy particular de esos ciudadanos, interpelan, como nunca se hizo, al Congreso de la Nación Argentina. Recuerdan a cada diputado y a cada senador su derecho visceral a formar parte de una sociedad de paz, de verdad y de justicia, que repudia a los mercenarios del mercado y la violencia y a quienes aun siendo sus progenitores -y tal vez con más razón, por eso mismo-, tienen derecho inalienable a denunciar. Y los legisladores deben escuchar. Porque, el Congreso de la Nación no puede mirar para otro lado. No pueden nuestros representantes desoír el desgarrador reclamo de quienes, superando enormes obstáculos, eligieron la vida por sobre la muerte, la mentira y la infamia. En esta encrucijada no importa el apellido que tengan o hayan tenido, importa su sensibilidad y empatía, su enorme valentía y ejemplo de cómo, desde espacios tan brutales, han tomado la decisión de reclamar. Como dijo alguna vez Eli Wiessel, premio Nobel de La Paz, “ante la atrocidad hay que tomar partido”. Y en este increíble país que vivió atrocidades como muchos pueblos, pero que se mantuvo de pie y que siempre miró de frente a los genocidas, tomaron partido las víctimas, lo tomaron sus madres y sus abuelas, lo tomaron quienes se unieron al reclamo de justicia por décadas, y hoy se suman quienes padecieron un dolor inimaginable. Imposible saber lo que siente quien se entera de adulto que su padre secuestró, torturó, violó, asesinó y desapareció ciudadanos. ¿Qué puede pasar por la mente de quienes en una franja de edad variada –algunos tienen sus propios hijos–, relacionan con esta nueva realidad, aquellas ausencias de esos años de infancia dura, plagada de silencios, mezclados con gritos, con órdenes, con mentiras?. ¿Cómo reaccionar frente a la noticia? ¿Qué hacer ante un padre preso que se reinventa a sí mismo como víctima de una conspiración de demonios, repitiendo frases hechas, desmentidas por la brutal realidad de miles de testimonios y pruebas que derramaron verdad sobre la sangre seca de las víctimas, y por el dolor interminable de una sociedad que las extraña, abriendo con justicia en acto, e iluminando para siempre el camino de la reparación y la memoria? Estos jóvenes ya han atravesado largos años de mandato de silencio y de negación, pero luego han comprendido que callar o negar la atrocidad es una forma más de convalidarla. Es sólo para quienes no tienen la empatía elemental con aquel pequeño grupo de mujeres que, desde el primer día, con un pañuelo en la cabeza, enrostraron a los genocidas y al mundo los crímenes que se estaban cometiendo. Con aquellos hijos, padres, abuelas, organismos incondicionales defensores de los derechos humanos, y millones de personas que, en esta maravillosa tierra, durante décadas, honraron la vida. Los “desobedientes” son hijos de genocidas, pero también son hijos de esa lucha, de la que nunca termina, de la que denuncia la injusticia, y la combate sin cansancio. Y por eso desobedecen, por toda esa energía infinita que la militancia por los derechos humanos transmite y contagia. Porque los incluye, los saluda y los abraza. Porque son la prueba tal vez más paradojal de que los verdugos perdieron la peor batalla, la que entablaron para reproducir violencia y terror y cuyo resultado no sólo fue una sociedad solidaria y valiente, sino una en que sus propios hijos tomaron partido por la vida, la verdad, la justicia y la memoria.
* Ex juez federal.

viernes, 3 de noviembre de 2017

https://www.telesurtv.net/tags/Transmisiones%20en%20vivo#

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El Destape | #AnálisisED: Verbitsky opina sobre la persecución macrista ...

Por Alejandro Ippolito

La tristeza no resulta ser una buena consejera y tampoco se constituye en una musa confiable. Cuando invade las arterias es mejor buscar la calma hasta que el aire cambie y se acomode nuevamente la esperanza.
Por eso es que lo mejor será dejar de escribir por un buen tiempo, obedeciendo a la imagen que me inunda los sentidos y no me deja otra opción por el momento.
Resulta devastador comprender que se ha vivido un espejismo, que la ilusión de un país con inclusión y con una mirada más piadosa sobre los postergados es solo una falla de la historia, un error, un descuido que a veces, esporádicamente, nos hace pensar que es posible una realidad diferente que nos contemple a todos.
Pero no es cierto, en algún momento la bestia se sacude las pulgas y todo vuelve al orden establecido, el más conveniente, el del mundo para pocos que la humanidad civilizada y mercantil impone.
El reparto más equitativo es una quimera, una fuga en el sistema, un error de carga simplemente.
El país debe ser para unos pocos, porque el continente y el mundo entero son para pocos.
Los demás somos el relleno de las cosas, un apéndice de la vida que puede ser extirpado ante la menor molestia.
Por eso comprendo la alegría de un sector que vuelve a ser el dueño – o nunca dejó de serlo – de todo lo que existe sobre la tierra y bajo el cielo. Los que necesitan una grieta ancha, inabarcable, que marque muy bien las diferencias.
Esa misma grieta que se hizo visible en estos años no por su existencia sino porque parecía angostarse cada día más y había que detener el proceso que amenazaba con desaparecerla.
Ha sonado la campana anunciando el fin de este recreo, celebran felices los poderosos porque han demostrado que nada puede contra el tiempo y el dinero.
El capital es soberano, ángel y demonio según el caso, dios omnipresente con altares en los bancos.
Entender que uno ha quedado afuera de una fiesta que parecía interminable no es pesimismo, es haber aprendido a tener los ojos abiertos a pesar de cualquier consecuencia.
Cuando veo bailar al nuevo monigote de los poderes económicos concentrados su danza triunfal convulsiva y estrafalaria, cuando comprendo que hemos caído cien escalones en la dimensión de un estadista en favor de los mercados, cuando se distingue claramente quienes se lamentan y quienes se frotan las manos; es que resulta necesario detenerse en el vértigo que no conduce a otra cosa que al golpe seco y reiterado contra una realidad incomprensible y absurda.
Entonces, menos palabras volcadas al vacío y más reunión de voluntades sanas, de sintonía fina, de luchas similares, de abrazos concretos y menos virtuales. Más calle y mejor elección de las batallas.
Por ahora, me quedo con eso.

Milagro Sala llega a la Corte interamericana de Derecho Humanos

3 de noviembre de 2017
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 3 de noviembre de 2017 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que adopte medidas provisionales a favor de Milagro Sala con respecto al Estado de Argentina, porque considera que el Estado ha incumplido las medidas cautelares dictadas en su favor.
En enero de 2016, organizaciones de derechos humanos de Argentina solicitaron a la Comisión la adopción de las medidas cautelares a favor de Milagro Sala, lideresa indígena.
El 27 de julio de 2017, tras haber recibido información de ambas partes y haber efectuado una visita al centro de detención, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de Milagro Sala a través de la Resolución 23/17. A juicio de la Comisión, existían suficientes elementos para considerar que, entre otros aspectos, las condiciones de detención de Milagro Sala constituían una situación de hostigamiento y estigmatización que ponía en riesgo su vida e integridad, situación agravada por el estado de la salud mental de la beneficiaria. Por lo anterior, la CIDH dispuso que el Estado argentino debía adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la beneficiaria; concertar con ella las medidas a tomar; y teniendo en cuenta la excepcionalidad de la detención preventiva, adoptar medidas alternativas, tales como el arresto domiciliario o que la beneficiaria Sala enfrentara el proceso en libertad.
Después del otorgamiento de la medida cautelar, la Comisión encontró que las autoridades judiciales de Jujuy tomaron decisiones que se distancian del cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión y que, por el contrario, agravan la situación de riesgo de la beneficiaria. Inicialmente las autoridades judiciales ordenaron la detención domiciliaria para Milagro Sala. Sin embargo, bajo un estricto régimen de seguridad que reproducía las condiciones de la Penitenciaría en su domicilio. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones y Control de la Provincia de Jujuy ordenó el retorno de la procesada a la Penitenciaría. Y finalmente, un juez ordenó el reingreso de Milagro Sala al Penal porque ella se habría negado a ser trasladada a un centro médico donde se la practicarían exámenes clínicos. Además, la Comisión tuvo conocimiento de la grave situación psicológica que atraviesa la beneficiaria por la angustia que le generan las últimas decisiones tomadas por las autoridades del Estado, lo que la habría llevado a causarse una autolesión, en adición a la causada con anterioridad al otorgamiento de las medidas cautelares.
La CIDH encuentra que las actuaciones descritas, no se dirigen a cumplir las medidas cautelares. Las más recientes acciones, analizadas en conjunto con otros factores de riesgo identificados en la Resolución 23/17, agravarían el riesgo para la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala. En consideración de la CIDH, la situación actual de Milagro Sala cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Está en riesgo la democracia Argentina

Está en riesgo la democracia Argentina
Unidad Ciudadana Noviembre 03/10/17
En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar.
En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.
Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional.
Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias Juez en lo contencioso de La Plata.
Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país.
En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible “entorpecimiento” a la Justicia.
Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse.
Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente.
En este punto es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente.
Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares.
Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general.
Finalmente, reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho.
Buenos Aires, 3 de noviembre.

viernes, 11 de agosto de 2017

11 tesis sobre Venezuela y una conclusión escarmentada – Por Juan Carlos Monedero

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
TwitterLos conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.


Por Juan Carlos Monedero (Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, España)
“Y se empeñaba en repetir lo mismo: “Esto no es como en una guerra… En una batalla tienes el enemigo delante… Aquí, el peligro no tiene rostro ni horario”. Se negaba a tomar somníferos o calmantes: “No quiero que me agarren dormido o amodorrado. Si vienen por mí, me defenderé, gritaré, tiraré los muebles por la ventana… Armaré un escándalo…”
Alejo Carpentier, La consagración de la primavera
1. Es indudable que Nicolás Maduro no es Allende. Tampoco es Chávez. Pero los que dieron el golpe contra Allende y contra Chávez son, y eso también es indudable, los mismos que ahora están buscando un golpe en Venezuela.
2. Los enemigos de tus enemigos no son tus amigos. Puede no gustarte Maduro sin que eso implique olvidar que ningún demócrata puede ponerse al lado de los golpistas que inventaron los escuadrones de la muerte, los vuelos de la muerte, el paramilitarismo, el asesinato de la cultura, la operación Cóndor, las masacres de campesinos e indígenas, el robo de los recursos públicos. Es comprensible que haya gente que no quiera ponerse del lado de Maduro, pero conviene pensar que en el lado que apoya a los golpistas están, en Europa, los políticos corruptos, los periodistas mercenarios, los nostálgicos del franquismo, los empresarios sin escrúpulos, los vendedores de armas, los que defienden los ajustes económicos, los que celebran el neoliberalismo. No todos los que critican a Maduro defienden esas posiciones políticas. Conozco gente honesta que no soporta lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Pero es evidente que del lado de los que están buscando un golpe militar en ese país están los que siempre apoyaron los golpes militares en América Latina o los que priman sus negocios por encima del respeto a la democracia. Los medios de comunicación que están preparando la guerra civil en Venezuela son los mismos conglomerados mediáticos que vendieron que en Irak había armas de destrucción masiva, que nos venden que hay que rescatar a los bancos con dinero público o que defienden que la orgía de los millonarios y los corruptos hay que pagarla entre todos con recortes y privatizaciones. Saber que se comparte trinchera con semejante gente debiera llamar a la reflexión. La violencia siempre debe ser la línea roja que no debe traspasarse. No tiene sentido que el odio a Maduro ponga a nadie decente al lado de los enemigos de los pueblos.
3. Maduro heredó un papel muy difícil -gestionar Venezuela en un momento de caída de los precios del petróleo y de regreso de Estados Unidos a Latinoamérica después de la terrible aventura en Oriente Medio- y una misión imposible -sustituir a Chávez-. La muerte de Chávez privó a Venezuela y a América Latina de un líder capaz de poner en marcha políticas que han sacado de la pobreza a 70 millones de personas en el continente. Chávez entendió que la democracia en un solo país era imposible y puso sus recursos, en un momento de bonanza gracias a la recuperación de la OPEP, para que se iniciara la etapa más luminosa de las últimas décadas en el continente: Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Kirchner en Argentina, Lugo en Paraguay, Mujica en Uruguay, Funes en El Salvador, Petro en Bogotá e incluso Bachelet en Chile referenciaban esa nueva etapa. La educación y la salud llegaron a los sectores populares, se completó la alfabetización, se construyeron viviendas públicas, nuevas infraestructuras, transportes públicos (después de la privatización de los mismos o la venta y cierre de los trenes), se frenó la dependencia del FMI, se debilitó el lazo con los Estados Unidos creándose la UNASUR y la CELAC. También hay sombras, principalmente vinculadas a la debilidad estatal y a la corrupción. Pero haría falta un siglo para que los casos de corrupción en los gobiernos progresistas de América Latina sumen, por citar sólo un asunto, el coste de la corrupción que significa el rescate bancario. La propaganda de los dueños de la propaganda terminan logrando que el oprimido ame al opresor. Nunca desde la demonización de Fidel Castro fue ningún líder latinoamericano tan vilipendiado como Chávez. Para repartir entre los pobres, hubo que decirle a los ricos, de América y también de Europa, que tenían que ganar un poco menos. Nunca lo toleraron, lo que puede entenderse, especialmente en España, donde, en mitad de la crisis, responsables económicos y políticos del Partido Popular robaban a manos llenas al tiempo que decían a la gente que tenía que apretarse el cinturón ¿Iba Chávez ese “gorila” a frenarles sus negocios? Desde que ganó las primeras elecciones en 1998, Chávez tuvo que enfrentarse a numerosos intentos de derribarlo. Por supuesto, con la inestimable ayuda de la derecha española, primero con Aznar, luego con Rajoy, y la ya conocida participación de Felipe González como lobbista de grandes capitales. (Es curioso que el mismo Aznar que hizo negocios con Venezuela y con Libia luego se convirtió en ejecutor cuando se lo ordenaron. Gadafi incluso le regaló a Aznar un caballo. Pablo Casado fue el asistente de Aznar en esa operación. Luego, cosas de la derecha, celebraron su asesinato).
4. Chávez no legó a Maduro los equilibrios nacionales y regionales que construyó, que eran políticos, económicos y territoriales. Eran una construcción personal en un país que salía de tasas de pobreza del 60% de la población cuando llegó Chávez al gobierno. Hay cambios que necesitan una generación. Ahí es donde la oposición pretende estrangular a Maduro, con problemas mal resueltos como las importaciones, los dólares preferenciales o las dificultades para frenar la corrupción que desembocan en desabastecimiento. Sin embargo, Maduro supo reeditar el acuerdo “cívico-militar” que tanto molesta a los amigos del golpismo. Algo evidente, pues Estados Unidos siempre ha dado los golpes buscando apoyos en militares autóctonos mercenarios o desertores. El ejército en América Latina solo se entiende en relación con Estados Unidos. Les han formado, sea en tácticas de tortura o en “lucha contrainsurgente”, sea en el uso de las armas que les venden o en el respeto debido a los intereses norteamericanos. En Venezuela, los mismos que formaron a los asesinos de la Escuela Mecánica de la Armada argentina o que sostuvieron al asesino Pinochet lo tienen complicado (el asalto por parte de mercenarios vestidos de militares a un cuartel en Carabobo buscaba construir la sensación de fisuras en el ejército, algo que a día de hoy no parece que exista). Igual que ha comprado militares, Estados Unidos siempre ha comprado jueces, periodistas, profesores, diputados, senadores, presidentes, sicarios y a quien hiciera falta para mantener a América como su “patio trasero”. El cártel mediático internacional siempre le ha cubierto las espaldas. Es la existencia de Estados Unidos como imperio lo que ha construido el ejército venezolano. Los nuevos oficiales se han formado en el discurso democrático soberano y antiimperialista. Son mayoría. Hay también una oficialidad -la mayoría ya jubilándose- que se formó en la vieja escuela y sus razones para defender la Constitución venezolana serán más particulares. Las deficiencias del Estado venezolano afectan también al ejército, aún más en zonas problemáticas como las fronteras. Pero los cuarteles en Venezuela están con el Presidente constitucional. Y por eso es aún más patético escuchar al demócrata Felipe González pedir a los militares venezolanos que den un golpe contra el gobierno de Nicolás Maduro.
5. A esas dificultades de heredar los equilibrios estatales y los acuerdos en la región (la amistad de Chávez con los Kirchner, con Lula, con Evo, con Correa, con Lugo), hay que añadir que la pugna de Arabia Saudí con el fracking y con Rusia, hundió los precios del petróleo, principal riqueza de Venezuela. Esta inesperada caída del precio del petróleo colocó al gobierno de Maduro en una situación complicada (es el problema de los “monocultivos”. Basta para entenderlo pensar qué ocurriría en España si se hundiera un 80% el turismo por causas ajenas a ningún gobierno. ¿Sacaría Rajoy siete u ocho millones de votos en una situación así?). Maduro ha tenido que reconstruir los equilibrios de poder en un momento de crisis económica brutal.
6. La oposición en Venezuela lleva intentando dar un golpe de Estado desde el mismo día que ganó Chávez. Venezuela fue el mascarón de proa del cambio continental. Acabar con Venezuela es abrir la espita para que ocurra lo mismo en los sitios donde aún no ha regresado el neoliberalismo. A las oligarquías les molestan los símbolos que debilitan sus puntos de vista. Pasó con la II República en 1936, pasó en Chile con Allende en 1973. Acabar con la Venezuela chavista es regresar a la hegemonía neoliberal e, incluso, a las tentaciones dictatoriales de los años setenta.
7. Venezuela tiene además las reservas de petróleo más grandes del mundo, agua, biodiversidad, el Amazonas, oro, coltán -quizá la reserva más grande del mundo de coltán-. Los mismos que han llevado la destrucción a Siria, a Irak o a Libia para robarles el petróleo, quieren hacer lo mismo en Venezuela. Necesitan ganarse previamente a la opinión pública para que el robo no sea tan evidente. Necesitan reproducir en Venezuela la misma estrategia que construyeron cuando hablaban de armas de destrucción masiva en Irak. ¿O no se creyó mucha gente honesta que había armas de destrucción masiva en Irak? Hoy, aquel país antaño próspero es una ruina. Quien se creyó aquellas mentiras del PP, que mire cómo está hoy Mosul. Enhorabuena a los ingenuos. Las mentiras siguen todos los días. La oposición puso una bomba al paso de policías en Caracas y todos los medios impresos publicaron la foto como si la responsabilidad fuera de Maduro. Un helicóptero robado lanzó granadas contra el Tribunal Supremo y los medios lo silencias. Son actos terroristas. De esos que abren portadas y los telediarios. Salvo cuando suceden en Venezuela. Un referéndum ilegal en Venezuela “presiona al régimen hasta el límite”. Un referéndum ilegal en Catalunya es un acto cercano al delito de sedición.
8. El cártel mediático internacional ha encontrado un filón. Se trata de una reedición del miedo ante la Rusia comunista, la Cuba dictatorial o el terrorismo internacional (nunca dirán que el ISIS es una construcción occidental financiada con capital norteamericano principalmente). Venezuela se ha convertido en el nuevo demonio. Así se les permite acusar de “chavistas” a los adversarios y les evita hablar de la corrupción, del vaciamiento de las pensiones, de la privatización de los hospitales, las escuelas y las universidades o de los rescates bancarios. Mélenchon, Corbyn, Sanders, Podemos o cualquier fuerza de cambio en América Latina son descalificados con la acusación de chavistas, ahora que acusar de comunistas o de etarras tiene poco recorrido. El periodismo mercenario lleva años con esa estrategia. Nadie nunca ha explicado qué política genuinamente bolivariana va en los programas de los partidos de cambio. Pero da lo mismo. Lo importante es difamar.Y gente de buena voluntad termina creyendo que hay armas de destrucción masiva o que Venezuela es una dictadura donde, curiosamente, todos los días la oposición se manifiesta (incluso atacando instalaciones militares), donde los medios critican libremente a Maduro (no como en Arabia Saudí, Marruecos o Estados Unidos) o donde la oposición gobierna en alcaldías y regiones. Es la misma táctica que construyó durante la guerra fría el “peligro comunista”. Por eso en España, con Venezuela, tenemos una nueva Comunidad Autónoma de la que solamente falta que nos digan al final de los telediario el tiempo que va a hacer en Caracas ese día. De cada cien veces que se dice “Venezuela”, noventa y cinco sólo buscan distraer, ocultar o mentir.
9. Venezuela tiene un problema histórico que no ha resuelto. Al carecer de minas durante la colonia, no fue un Virreinato, sino una simple capitanía general. El siglo XIX fue una guerra civil permanente, y en el siglo XX, cuando se empezó a construir el Estado, ya tenían petróleo. El Estado venezolano siempre ha sido rentista, carente de eficacia, agujereado por la corrupción y rehén de las necesidades económicas de los Estados Unidos acordadas con las oligarquías locales. El choque entre la Asamblea y la jefatura del Estado actual debiera haberse zanjado jurídicamente. Señales de la ineficiencia vienen siendo evidentes desde hace tiempo. El rentismo venezolano no se ha superado. Venezuela redistribuyó la renta del petróleo entre los más humildes, pero no ha superado esa cultura política rentista ni ha mejorado el funcionamiento de su estado. Pero no nos engañemos. Brasil tiene una estructura jurídica más consolidada y el Parlamento y algunos jueces han dado un golpe de Estado contra Dilma Roussef. Donald Trump puede cambiar a la Fiscal General y no pasa nada, pero si lo hace Maduro, Jefe del Estado igualmente elegido en unas elecciones, se le acusa de dictador. Una parte de las críticas a Maduro son tramposas porque olvidan que Venezuela es un sistema presidencialista. Es por eso que la Constitución permite al Presidente convocar una Asamblea Constituyente. Gustará más o menos, pero el artículo 348 de la Constitución vigente de Venezuela faculta al Presidente en esa tarea, igual que en España el Presidente del Gobierno puede disolver el Parlamento.
10. Zapatero y otros ex Presidentes, el Papa, Naciones Unidas vienen pidiendo a ambas partes en Venezuela que dialoguen. La oposición reunió en torno a siete millones de votos (si bien es más complicado que puedan llegar a ese acuerdo en torno a un candidato o candidata a la Presidencia del país). Maduro, en un contexto regional muy complicado, con fuertes estrecheces económicas que afectan a la compra de insumos básicos, incluidas medicinas, ha juntado ocho millones de votos (aunque sean siete, según las declaraciones tan sospechosas del Presidente de Smarmatic, que acaba de firmar un contrato millonario en Colombia). Venezuela está claramente dividida. La oposición, como otras veces, ha optado por la violencia y luego no entiende que Maduro sume tantos millones de apoyos. Si en España un grupo quemase centros de salud, quemase escuelas, disparara contra el Tribunal Supremo, asaltara cuarteles, contratara a marginales para sembrar el terror, impidiese con formas de lucha callejera el tránsito e, incluso, quemase vivas a personas por pensar diferente ¿alguien se extrañaría que la ciudadanía votase en la dirección contraria a esos locos?
11. Fracasada la vía violenta, a la oposición venezolana le quedan dos posibilidades: seguir con la vía insurreccional, alentada por el Partido  Popular, Donald Trump y la extrema derecha internacional, o intentar ganar en las urnas. Estados Unidos sigue presionando (en declaraciones a un semanario uruguayo, el Presidente Tabaré dijo que votó para expulsar ilegalmente a Venezuela del Mercosur por miedo a las represalias de los países grandes). 57 países de Naciones Unidas han exigido que se respete la soberanía de Venezuela. Como Estados Unidos no logra mayoría para forzar a Venezuela, insiste en inventar espacios (como la Declaración de Lima, sin ninguna fuerza jurídica porque no han conseguido mayoría en la OEA). La derecha mundial quiere acabar con Venezuela, aunque eso le cueste sangre y fuego a la población venezolana. Por eso algunos opositores, como Henry Ramos-Allup, han llamado al fin de la violencia. Venezuela tiene en el horizonte elecciones municipales y regionales. Es el escenario donde la oposición debiera demostrar esa mayoría que reclaman. Venezuela tiene que convocar esas elecciones y es una oportunidad excelente para medir electoralmente las fuerzas. Porque, de lo contrario, el choque que estamos viendo se enquistará y se convertirá en una gangrena terrible. ¿A quién le interesa una guerra civil en Venezuela? No nos engañemos. Ni al PP ni a Trump le interesan los derechos humanos. Si así fuera romperían con Arabia Saudí, que va a decapitar a quince jóvenes por manifestarse durante la Primavera Árabe, o dan latigazos a las mujeres que conducen; o con Colombia, donde van 150 asesinados por los paramilitares en los últimos meses; o en México, donde se asesina cada mes a algún periodista y aparecen fosas comunes con decenas de cadáveres. Penas de 75 años están pidiendo en Estados Unidos contra manifestantes contra las políticas de Trump. Venezuela se ha convertido en España en la 18 Comunidad Autónoma sólo porque el Presidente Rajoy ha tenido que comparecer como testigo por la corrupción en su partido. Es más airoso hablar de Venezuela que de la corrupción de los 800 cargos del PP imputados. Hay ingenuos que les creen. ¿Qué dirán ahora que el grueso de la oposición ha aceptado participar en las elecciones regionales? El pacto entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha ha sido presentado por la derecha manchega como el comienzo de la venezonalización de España. Cuánta caradura y cuánta estupidez. Hay gente que les cree. Mientras, el PP guarda silencio ante, por ejemplo, las persecuciones que la dictadura monárquica marroquí hace en España de los disidentes políticos, o encarcela por orden del dictador Erdogan a un periodista crítico con la dictadura turca. ¿Nos va a decir alguien que a estos gobiernos les interesan los derechos humanos?
Conclusión: no hace falta comulgar, ni mucho menos, con Maduro y su manera de hacer las cosas, para no aceptar el golpe de estado que se quiere construir en Venezuela. Estamos hablando de no volver a cometer los mismos errores creyéndonos las mentiras que construyen los medios. Venezuela tiene que solventar sus problemas dialogando. Y es evidente que tiene problemas. Pero dos mitades enfrentadas no van a ningún lado monologando. Aunque a una parte le apoyen los países más poderosos del ámbito neoliberal. Ni el PP ni la derecha quieren diálogo. Quieren que Maduro se entregue. ¿Y cree alguien que los ocho millones de votantes de la Asamblea Constituyente se iban a quedar de brazos cruzados? El nuevo gobierno les reprimiría e, incluso, les asesinaría. Los medios dirían que la democracia venezolana se estaría defendiendo de los enemigos de la democracia. Y volvería a haber gente ingénua que les creería. Desde el resto del mundo, en nombre de la democracia, bastan dos cosas: exigir y alentar el diálogo en Venezuela, y  entender que sería bueno no permitir ni al PP ni a las derechas internacionales, empezando por Donald Trump, reeditar una de sus miserias más horribles que consiste en sembrar dolor en otros sitios para ocultar el dolor que construyen en nuestros propios países.

domingo, 14 de mayo de 2017

LA ADJUDICACIÓN DE TRAMOS AÉREOS A AVIAN LÍNEAS AÉREAS Y LOS VÍNCULOS CON MACAIR DEL GRUPO MACRI Con la hoja de ruta de los negocios familiares El ministro Guillermo Dietrich otorgó las rutas nacionales e internacionales solicitadas por la firma Avian, pese a que sigue abierta la causa judicial por defraudación y tráfico de influencias en la que está imputado el presidente de la Nación.

La empresa MacAir fue comprada por Avian en octubre, días antes de la presentación de la propuesta.


Aunque la investigación judicial en manos del fiscal Jorge Di Lello sigue en marcha, y por lo tanto está vigente la denuncia sobre el Presidente de la Nación y otros funcionarios por “negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación y tráfico de influencias”, el gobierno avanzó en la adjudicación a Avian SA de las rutas aéreas nacionales e internacionales solicitadas. Esta semana, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmó la resolución respectiva luego de darse por satisfecho con el dictamen rubricado por la dirigente del PRO Laura Alonso, en su carácter de titular de la Oficina Anticorrupción, señalando que “a la fecha del procedimiento, ni el Presidente de la Nación ni sus familiares poseían intereses económicos en la sociedad MacAir Jet SA”, sociedad de taxis aéreos devenida en aerolínea comercial que fue de la familia Macri hasta poco antes de la licitación de rutas que terminó beneficiando a Avian y otras tres empresas de las denominadas “low cost”. Avian es la empresa que se creó para continuar a MacAir, tras una operación de compraventa que tuvo como principal responsable a Germán Efromovich, CEO de la colombiana Avianca. Las irregularidades denunciadas son múltiples, desde la participación de varios funcionarios del actual gobierno en la novísima Avian, hasta la forma en que se concretó la operación entre Efromovich y la familia Macri por MacAir. Todas fueron expuestas en la audiencia pública del 27 de diciembre. Sin embargo, Transporte intentó ponerle el broche esta semana a una adjudicación que, según no pocos expertos, podría terminar siendo fatal para las empresas estatales Aerolíneas Argentinas y Austral. 

La resolución

El último jueves 11 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 280-E/2017 del Ministerio de Transporte, que autoriza a Avian SA a explotar comercialmente 14 rutas aéreas nacionales y 2 internacionales (Montevideo y Porto Alegre). Entre los destinos adjudicados, se encuentran algunos de los comercialmente más atractivos, siempre teniendo como cabecera la ciudad de Buenos Aires: Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe, Comodoro Rivadavia. Entre los destinos no habituales, se cuentan tan sólo Río Cuarto y Villa María (Córdoba), Concordia (Entre Rìos), Paso de los Libres (Corrientes), Reconquista y Sunchales (Santa Fe). Ofrece, además, las interconexiones Viedma-Puerto Madryn, Puerto Madryn-Comodoro, San Luis-Río Cuarto, Reconquista-Sunchales y Sunchales-Villa María. En todos estos casos, tramos cortos (quizás no tan atractivos para las poblaciones locales), como paradas intermedias de vuelos a ciudades más grandes, siempre con Buenos Aires como cabecera. Un escaso aporte para salvar lo que la resolución caracteriza como una situación de “escasez de vuelos entre puntos interiores que no requieran el paso por Buenos Aires” y de “plazas carentes de conectividad adecuada”. 

Las irregularidades

La resolución señala expresamente la realización de la Audiencia Pública del 27 de diciembre pasado, fijada por ley para que quien tuviera alguna objeción la pudiera volcar allí, pero nada dice del tratamiento que tuvieron los múltiples y graves cuestionamientos expuestos, salvo que el dictamen de la Junta Asesora de Transporte Aéreo (JATA), organismo dependiente del ministro Dietrich, había convalidado la propuesta de Avian. 
Las objeciones más graves están referidas a la probable vinculación de Avian con la familia Macri y varios miembros del actual gobierno. Avian Líneas Aéreas SA es la firma que surge como compradora de MacAir el pasado 31 de octubre. Carlos Colunga, último presidente de MacAir, pasó a ser el vice de Avian tras la transferencia. Avian SA es una subsidiaria de la colombiana Avianca, a través de su director ejecutivo (CEO), Germán Efromovich, propietario del 95 por ciento de la firma controlante de Avian SA: Avian Holding, radicada en Panamá.
Otro funcionario de alto rango del gobierno actual, Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, fue hasta no hace más de un año el apoderado legal de MacAir, y tuvo actuación además como representante legal de Avian en alguna gestión administrativa, incluso siendo ya funcionario.
Hay más. Otra figura vinculada a los negocios privados del grupo Macri, Carlos Martín Cobas, participó en las negociaciones para la redistribución de espacios para hangares en el Aeropuerto Jorge Newbery en el último verano, en su carácter de director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia. Las negociaciones fueron documentadas por el nuevo titular de Avian Líneas Aéreas, Sergio Mastropietro, en un intercambio de mails al que tuvo acceso Página 12 y fueron publicados en la edición del 26 de febrero pasado. Avian SA, aun antes de lograr la adjudicación de las nuevas rutas, ya resultaba altamente beneficiado por la cesión de espacios para hangares en Aeroparque en la negociación con Cobas. Este último fue, hasta mediados de 2016, gerente de MacAir y en los registros de aportes a la seguridad social a la fecha de dicha publicación (26 de febrero) figuraba como empleado de Avian Líneas Aéreas.
Un elemento de sospecha más lo aportó Rodolfo Casali, de la Unión del Personal Superior de empresas Aerocomerciales, en la audiencia pública del 27 de diciembre. En la oportunidad denunció iregularidades en la compraventa entre Avian y MacAir, además de advertir que el gobierno había sobredimensionado las expectativas de crecimiento de la actividad para justificar el ingreso de nuevas empresas privadas para competir con Aerolíneas. “”Si se produjera el crecimiento proyectado, habría que haber invertido las prioridades, porque Ezeiza y Aeroparque están saturados hoy y no estarían en condiciones de responder a semejante aumento del tráfico. Si no se da ese crecimiento, corremos el riesgo de que estas nuevas empresas comercialicen tarifas por debajo de los costos, en una práctica de dumping para ganar mercado, con la consecuencia lamentable de la caída de las empresas hoy establecidas: empresas del Estado que están siendo saboteadas por estas decisiones”.

La mirada moral

La capacidad humana para hacer el mal y la incapacidad de la justicia para castigarla forman parte de un dilatado problema moral. Peor aún: la justicia no solo no castiga la maldad, es parte de ella. El problema moral se transforma en escándalo. Cuando lo justo se complica con lo injusto-atroz se torna cómplice de la injusticia. Esa complicidad es escandalosa porque trastoca el orden de la sociedad, su misma esencia, su razón de ser. 
Si, de un modo poco frecuente, se ha logrado justicia contra criminales, ¿qué castigo merece el que aliviana esas penas y prepara el camino de su desvanecimiento, del perdón de los que fueron hallados culpables porque lo eran? ¿Por qué lo eran? ¿Qué hace de alguien un culpable?
Hay una culpa fundante. El que a la pregunta: hay o no hay que matar, responde matando es culpable, aun cuando mate ejecutando órdenes. Matar es el mal.
La presencia del mal sobre la tierra triunfa en estos momentos. Se mata en todos lados. Se mata en nombre de valores, religiosos o seculares. El saqueo, el interés mercantil alimentan las guerras. Cada vez más peligrosas y destructivas. El mundo puede astillarse gravemente a manos del poder nuclear.
Los espacios de libertad se desvanecen. El conflicto bélico –en sus diferentes modalidades– detenta la hegemonía histórico política. Quienes trabajan desde la justicia para absolver a los verdugos lo hacen porque no los consideran así. Han hecho la tarea. Estamos aquí por su sacrificio.
¿Es culpable el que reduce –en camino de su disolución– las penas de los que mataron ayer? Decididamente sí. Vuelven a matar a las víctimas. Que murieron primero por las armas. Ahora en los salones de la justicia. ¿Con qué ojos se miran los que absuelven lo imperdonable? ¿Hay una mirada moral? Dios es invocado por muchos. Nuestro tiempo no es el de la ausencia de Dios. Es el de su excesiva presencia.
Sin embargo, aunque lo invoquen de modo incesante, Dios no está. Ivan Karamasov decía Si Dios no existe todo está permitido. Y es así. Que nadie se pregunte qué piensan los jueces de sus actos. Piensan eso, hay un dios ausente, no hay quien pueda juzgarnos. Dormiremos tranquilos. Se llega a la impunidad, que desconoce toda sanción. Un piloto norteamericano que tiró la bomba sobre Hiroshima dijo: “Dormiré tranquilo hasta el último de mis días”. Su mirada interna era ésa y lo liberaba de culpa. La moral la crean los intereses económico-políticos.
Hay un adoctrinamiento y se logra por la tarea del poder mediático. Se adoctrinará diciendo estos hombres merecen el 2x1, la justicia rige para todos. Se dicta ahora porque creen que hoy es posible. Que no lo sea depende de los enemigos de la muerte. Ellos dan testimonio contra el mal.
Un personaje de un film de Allen, que mandó asesinar a una persona, dice: Yo no creo en un Dios que me pueda juzgar, en consecuencia me creo impune. Y menos me juzgará mi mirada interior porque mi mirada no es condenatoria. Mi mirada me absuelve.

TODOS ES MUCHO MÁS QUE 3X2X1 El Tsunami




“Gracias Rosenkrantz, Highton y Rosatti por esta hermosa fiesta”, reza una consigna que se difundió junto con las imágenes de la enorme concentración del miércoles. El repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que pretendió aplicar el doble cómputo de la detención cumplida al represor Luis Muiña, fue instantáneo y masivo, pero el agradecimiento debe extenderse al gobierno nacional y a la Iglesia Católica Apostólica Romana, gestores de la decisión.
Los ostensibles gestores del fallo de la Corte, en el gobierno y en la Iglesia Católica Apostólica Romana, llevan diez días tratando de desasociarse de sus resultados, desde que percibieron lo extenso e intenso del malestar social. Esta nueva tentativa de impunidad es la última de una larga serie, que comenzó con los hechos mismos, cuando la primera Junta Militar decidió que la herramienta escogida de sus operaciones clandestinas sería la desaparición forzada. Continuó con el “servicio de reconciliación” de 1982, el documento final y la autoamnistía de 1983 y, ya en democracia, con los alzamientos castrenses, las leyes y decretos de impunidad, las mesas de diálogo y reconciliación impulsadas por militares, políticos y eclesiásticos y los pedidos de amnistía. Que gobierno y obispos no hayan podido imaginar antes las consecuencias de semejante fallo, se debe al aislamiento de la realidad en que viven y nada es más sorprendente que la sorpresa que los sorprendió ante la sorpresiva decisión del tribunal. 

23 horas, 44 minutos

La ley que concretó la respuesta de los órganos de la soberanía popular frente al desatino de un poder nunca tan contramayoritario es de las más rápidas que se recuerden. Desde que comenzó a sesionar la Cámara de Diputados, el martes a las 15.18, hasta que se levantó la sesión del Senado, el miércoles a las 15.02 sólo transcurrieron 23 horas y 44 minutos. Apenas en situaciones excepcionales de cambio de régimen, como la amnistía de 1973, puede encontrarse parangón. La única excepción en las dos cámaras fue la solitaria campera amarilla del diputado sojero en tierras fiscales Alfredo Olmedo, denunciado por explotar trabajo esclavo, partidario del regreso del Servicio Militar Obligatorio y la pena de muerte. Ningún otro diputado ni senador se opusieron a la ley reparatoria. Tanto políticos de la Alianza Cambiemos como prelados de la entidad confesional pretenden que se trató de una decisión pura y exclusiva de los tres jueces que deben su asiento en la Corte al presidente Maurizio Macrì, dos por acción y una por omisión. No parecería que hayan obtenido mayor credibilidad.
En cuanto se conoció el fallo, se pronunció alborozado el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj. Luego del acto del miércoles 10 explicó que, cuando fue consultado por primera vez, no había leído el fallo, por lo cual no opinó sobre la cuestión de fondo sino sólo acerca de la división de poderes y el respeto al fallo. Eso sólo es cierto para su primera declaración, la mañana del miércoles 3, en la radio AM750: “Tenemos que ser respetuosos, es un fallo de la justicia”. Pero por la noche, en el programa Terapia de Noticias, que emite la señal LN+, fue mucho más lejos. Dijo que defendía el fallo y encomió a Rosenkrantz y Rosatti. “Hay un espacio moral que hay que respetar, que es el cumplimiento de la ley y la ley no dice que el 2x1 no es aplicable para delitos de lesa humanidad. Por eso defiendo o respeto este fallo, porque es el principio de igualdad ante la ley y los que estamos en funciones de derechos humanos o Justicia tenemos que preservar ante todo punto de vista la igualdad ante la ley porque si no, si acomodás el discurso, te convertís exactamente en aquello que estás condenando”. Ese es claramente el mismo funcionario que la tarde del 20 de marzo, en la ciudad de Washington, en compañía de Siro de Martini, asesor del ministro de Justicia Germán Garavano, solicitó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Franciso Eguiguren, y a su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, que durante la visita a la Argentina que realizarán la semana próxima reciban a las asociaciones de familiares y amigos de los represores presos por crímenes de lesa humanidad y al Nuncio apostólico, quienes abogarían a favor de ellos. El fallo de la Corte satisfacía esa pretensión y Avruj lo celebraba, a diferencia de su colega bonaerense Santiago Cantón quien hizo público su desacuerdo con el fallo porque no respetaba las obligaciones del derecho internacional de los Derechos Humanos que obliga al Estado argentino a investigar y castigar en forma proporcional los más graves delitos contra el género humano. 

Sí, no y todo lo contrario

Pero a medida que pasaron las horas y fue indisimulable la reprobación general, Avruj comenzó el replanteo. Lo hizo mediante un comunicado oficial de la Secretaría, que “considera inadmisible la solicitud por la desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la Ley Penal Más Benigna (en este caso el 2x1), dado que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad. Atento la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la Ley del 2x1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de lesa humanidad”, es decir exactamente lo contrario de lo que sostuvo el día anterior. También hizo circular la oposición expresada por la Secretaría en un expediente de Tucumán a la excarcelación solicitada invocando el fallo de la Corte por el ex jefe de la llamada “Fuerza de Tarea Aconquija”, Carlos Eduardo Trucco. Llamado a explicar ese viraje, que nunca reconoció como tal, dijo que “a medida que fueron pasando las horas, y fuimos profundizando y hablando con el ministro (de Justicia, Germán Garavano) y el jefe de Gabinete (Marcos Peña Braun), entendimos que había que salir a criticar fuertemente y plantear la posición, oponiéndonos”. Trató de salvar su situación personal, comprometida desde que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron su renuncia y le dijo a la radio Con Vos: “Estoy comprometido con los derechos humanos. En ningún momento hice en mis palabras una defensa de cualquier atajo que se quiera utilizar para conmutar las penas de los represores. En todos los delitos, soy defensor de que las penas son para cumplirlas”. También pidió “retomar el diálogo serio y maduro con los organismos” y dijo que había intentado comunicarse con Estela de Carlotto. Por último fue al punto que más interesa al Poder Ejecutivo: “Es un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno”. Entre la primera y la última de estas poluciones se atropellaron para poner distancia con el amenazante tsunami de indignación que avanzaba la vicepresidente Gabriela Michetti, el ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio, el Hada Buena bonaerense, el senador Federico Pinedo y una variopinta caterva de radicales, que van a los tropezones, trajinando su crisis de identidad y pérdida de sentido entre Alfonsín y Macrì, de ida y vuelta. 

Pocas Voces

El fallo fue impulsado por el gobierno pensando en el millón de votos de la denominada familia militar, pero la reacción furibunda de la sociedad le hizo pensar que aún cuando fidelizara esa clientela que en un 85 por ciento ya había optado por Macrì en la segunda vuelta de 2015, era más lo que tenía para perder. En su largo viaje a Dubai, China y Japón el presidente podrá conversar con el contador Gerardo Morales, quien hizo algo parecido: relevó al jefe y subjefe de su policía por la irrupción de dos patrulleros en el autonómico predio de la Universidad Nacional de Jujuy y ordenó la detención de los autores directos. Pero lo hizo después de tres días de respaldarlos y repetir la absurda versión de que actuaron contra ruidos molestos y excesivo consumo de alcohol. La consecuencia fue una rebelión policial, con marcha incluida frente a la casa de gobierno y un comunicado denunciando la traición del gobernador por cumplir sus directivas.
Por eso ante los proyectos que fueron presentando los distintos bloques de la oposición, el oficialismo decidió que no podía quedarse al margen. El ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra trabajó sobre un proyecto del fiscal Paul Parenti y produjo un texto presentable. En las reuniones de labor parlamentaria la oposición acordó el texto finalmente aprobado. La Alianza Cambiemos objetó el artículo 1º, aquel que dice que el 2x1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”. El resto de los bloques insistió. El negociador de PRO, Pablo Tonelli, pidió tiempo para una consulta y terminó por aceptar. De otro modo Cambiemos no hubiera votado en bloque y la fragilidad legislativa de PRO hubiera quedado a la vista, junto con su reticencia hacia el derecho internacional de los Derechos Humanos. No podían permitírselo y terminaron aceptando el texto tal como lo recibieron. Tonelli resume en sí mismo la metamorfosis del radicalismo. Como secretario de Justicia de Raúl Alfonsín, su padre, Ideler Tonelli, fue el inspirador de tres intentos fallidos por detener los juicios en la década de 1980: las instrucciones a los fiscales (que provocaron la renuncia del camarista Jorge Torlasco, uno de los que habían condenado a Videla, Massera & Cia), el punto final, que terminó con más procesados de los que el gobierno nunca había temido, y la obediencia debida, que marcó la bancarrota del primer gobierno de la democracia posdictatorial. El estudio familiar tiene entre sus clientes a empresas del Grupo Macrì y Pablo es diputado por el PRO. 
En la Cámara de Diputados sólo Anabella Ruth Hers Cabral cuestionó desde el PRO el contenido del fallo de la Corte Suprema. Dijo que había pedido una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar el 2 x 1 en crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados o sus penas conmutadas. En cambio, Tonelli defendió el fallo y dijo que el problema estaba en la ley 24.390 y su aplicación una vez derogada (ultraactividad), por lo cual se requería una norma “que constituya una interpretación auténtica”, de modo que sólo pueda beneficiar a quienes padecieron prisión preventiva en el lapso de vigencia, de 1994 a 2001. Para el radical Ricardo Alfonsín, quien encomió el juicio a las juntas impulsado por su padre, la Corte Suprema ignoró la doctrina y la jurisprudencia internacional. No se privó de cuestionar las tentativas de Macrì por relativizar el número de detenidos y el feriado del 24 de marzo. Su correligionario Horacio Goicoechea dijo que había que predicar la reconciliación, el perdón y la misericordia, con cita incluida del papa Francisco que no venía a cuento. Para el presidente del interbloque, el radical cordobés Mario Negri, el consenso edificado a partir de 1983 en torno de los derechos humanos, y las obligaciones internacionales del Estado hacen que ninguna norma permita amnistiar, indultar, aplicar cosa juzgada, penas irrisorias o hacer reducciones, en caso de crímenes de lesa humanidad. La heroína radical Elisa Carrió, que ahora corre con la casaca de la Coalición Cívica, coincidió con Rosatti en que el problema no es la Corte sino el Congreso, que no legisló para llenar ese vacío. Eso no es cierto: la ley 27156 de 2015, presentada por el ex diputado Horacio Pietragalla y citada en el artículo 1º de la nueva norma, sí lo hizo. Carrió se autoelogió a sí misma por todo lo que actuó en la materia, cuestionó ritualmente a Zaffaroni, proclamó enfática que la justicia no es venganza y pronunció una frase enigmática sobre “los soldados de Formosa”. En el senado el radical Oscar Castillo celebró la división de poderes, “aunque parezca irónico”, lo cual suena a confesión. Parece irónico. Consideró que los jueces Rosatti y Rosenkrantz son jóvenes honestos que por ir demasiado rápido “para cerrar una brecha difícil se han convertido en esa patrulla extraviada” e hizo crípticas referencias a Ezeiza y a los asesinatos de Rucci y Mor Roig. El ex vicepresidente Julio Cleto Cobos desdeñó el fallo que “va a contramano de lo que venimos haciendo en materia de Derechos Humanos” y celebró el trabajo conjunto de las dos cámaras “para recuperar el contrato social que debe regir” al respecto. La radical tucumana Silvia Pérez afirmó que no imaginaba a Macrì designando a Milani, consideró un invento que la Corte se hubiera alineado con el Poder Ejecutivo, descargó toda la responsabilidad en los jueces, recordó que Rosatti fue ministro de Justicia de Kirchner y volvió a hablar del curro de los Derechos Humanos. El cordobés de PRO Ernesto Martínez dijo que los firmantes del fallo “no han comprendido nada de lo que fue la historia argentina” y que hay que pensar en la pobreza, la indigencia, la creación de trabajo, las nuevas oportunidades, la educación para todos, la igualdad. Para el radical de Santa Cruz Alfredo Martínez “lo saludable de este horrible fallo es que funcionó como una vacuna” y rescató la disidencia de Maqueda y Lorenzetti. Pinedo agregó que los representantes del pueblo y de las provincias argentinas dejaban en claro el pensamiento de la sociedad en esta materia. La cordobesa presidente del bloque de PRO, Elena Rodríguez Machado, y el radical Angel Rozas dijeron que en 2013 hubo un fallo similar que benefició con el 2x1 al coronel Antonio Herminio Simón. Pasaron por alto que el silencio de un 280, el artículo que permite a la Corte no pronunciarse sobre un fallo de Cámara sin fundamentarlo, no genera precedente jurisprudencial. Por último la contadora radical mendocina Pamela Verasay dijo que era hora de mirar hacia adelante. Quedó claro que para el macrismo había más premura por eludir el tsunami que convicciones al respecto, salvo Hers Cabral y Daniel Lipovetzky que no habló pero presentó un estimable proyecto. Para el oficialismo de la Corte la ley fue una soga arrojada al náufrago. Su sanción e inmediata promulgación por parte de Macrì, que hasta pronunció las palabras crímenes de lesa humanidad, refuerza la ficción enunciada por Rosatti y Carrió: no podían haber hecho otra cosa. Si así fuera, reiterarían la peregrina teoría sobre la ley penal más benigna en estos casos y declararían inconstitucional la interpretación auténtica de la flamante ley 27.362. No lo harán. Por el contrario, han pedido todos los expedientes en los que se haya solicitado la aplicación del 2x1 para sacarse la pesadilla de encima lo antes posible, para que la esposa de un juez deje de llorar y los hijos de otro de maldecirlo.

Nubes de incienso

Ni el bellísimo botafumeiro de la catedral de Santiago de Compostela relleno de carbón e incienso bastaría para lanzar el humo que disimule el compromiso de la Iglesia Católica Apostólica Romana con el fallo repudiado. Y no por falta de voluntad de esconder la mano que lanzó la piedra. Todos quieren salvarse y señalar en otra dirección. Los infaltables voceros oficiosos, políticos, eclesiásticos y periodísticos, pretenden que el Papa está enojado con los obispos y hasta se llega a sugerir que José María Arancedo y Mario Poli lo traicionaron, al impulsar el proceso de reconciliación invocando sus palabras e informando que le habían comunicado las actuaciones. Su colaborador personal Víctor Manuel Fernández, el obispo Tucho que conduce la PUCA, dijo en un reportaje que Bergoglio “siempre insiste en que en los delitos de lesa humanidad hay que aplicar la ley sin atenuantes”, que “la palabra reconciliación está muy cargada de preconceptos, e incluso de la idea de impunidad” y que en muchos casos no hay arrepentimiento ni reconocimiento de “la falta” cometida, expresión notablemente benévola. Lástima que no ofrezca alguna cita que demuestre esa presunta posición, como es habitual en los documentos eclesiásticos, o que el propio inquilino de Santa Marta no se pronuncie. Del otro lado, el actual presidente de la Iglesia argentina, José María Arancedo, hizo saber que no está dispuesto a cargar con el costo de la operación fallida, cuando en su realización estaba involucrado el representante de Bergoglio en la Argentina, el nuncio Emil Paul Tscherrig. Arancedo recibió en Santa Fe a familiares de detenidos desaparecidos para que se sepa que considera “desacertado” el fallo, con el que se declara en desacuerdo. “Es la Corte la que ha decidido. No tenemos nada que ver”. Les dijo que para la Iglesia Católica “la palabra reconciliación no significa impunidad” sino justicia y que la reparación a las víctimas “es cumplir la condena”. Le echó la culpa a “un despliegue mediático”, mientras sus operadores de prensa explican que sólo repitieron lo que decían sus fuentes en el episcopado. ¿Pues entonces quien lo tiene? Para el arzobispo de La Plata Héctor Aguer, el fallo de la Corte se ajustó a derecho y su aclaración legislativa “una reacción espasmódica e inválida”. El flamante obispo castrense, Santiago Olivera, designado por Bergoglio con acuerdo de Macrì, dijo que su institución reconoció “que actuó mal durante la dictadura”, en el jubileo del año 2000. Notable autoindulgencia. A participar en aquella teatralización celebrada en Córdoba, cuando Bergoglio ya era arzobispo de Buenos Aires y uno de los vicepresidentes de la Iglesia argentina, fue invitado el jefe del Ejército de entonces, Ricardo Brinzoni, pero ninguna víctima del terrorismo de Estado. Brinzoni había planteado interrumpir los juicios por la verdad y reemplazarlos por una mesa de la reconciliación para llegar a la Memoria Completa, un método y una expresión que le fueron sugeridos por Bergoglio, según le confesó el militar a nuestra compañera Nora Veiras. Igual que ahora, la operación fue acompañada por una decisión judicial: la Cámara de Casación Penal (Gustavo Hornos, Amelia Berraz, Ana María Capolupo) intentaron detener los juicios por la verdad, al prohibir que declararan como testigos miembros de las Fuerzas Armadas. La decisión, abundante en citas del Sistema Interamericano de Protecciòn de los Derechos Humanos, llevó letra del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. 
La “Confesión de los pecados contra los derechos humanos”,  que se leyó en la liturgia de la reconciliación en Córdoba puso en un mismo plano “la violencia guerrillera y la represión ilegítima” y sólo admitió que los obispos “hemos sido indulgentes con posturas totalitarias, lesionando libertades democráticas que brotan de la dignidad humana”, por lo cual suplicaron a Dios “que acepte nuestro arrepentimiento y sane las heridas de nuestro Pueblo”.  Los obispos pidieron perdón a Dios, no a las víctimas, por los actos de otros, no los propios (“por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos”…) en una variedad de hechos como el atropello a las libertades, la tortura, la delación, la persecución política y la intransigencia ideológica, “en las luchas y las guerras y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país”. El enviado papal Rosalío Castillo Lara, equiparó justicia con venganza, como se repite en el fallo del 2x1. 
En 2010, cuando Bergoglio ya había sido el cardenal más votado después de Joseph Ratzinger en el concilio que eligió al sucesor del papa Wojtyla, el episcopado que presidía tramitó ante el gobierno nacional una nueva amnistía para todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Por azar fui testigo del momento preciso en que ocurrió. Al concluir la misa del Bicentenario el entonces secretario de Culto, Guillermo Oliveri me invitó a acompañarlo a dependencias internas de la Basílica de Luján, para saludar al arzobispo Agustín Radrizzani, a quien conocí cuando era auxiliar del admirado obispo de Neuqúen Jaime de Nevares, uno de los más persistentes denunciantes del terrorismo de Estado. Todavía con la mitra en la cabeza, Agustín nos estrechó la mano y en mi presencia le entregó una carpeta a Oliveri. Contenía un fajo de cartas mimeografiadas, con decenas de firmas al pie cada una, cuyo texto se reproduce en esta página. En síntesis, afirman estar presos por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o de seguridad o haber ocupado funciones públicas durante “nuestra desgraciada guerra interior en los años 70” y piden una amnistía, que llaman “acto recíproco de olvido”. Entre las firmas se leen las de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, los generales Santiago Omar Riveros y Héctor Cabanillas, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, un ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, varios miembros del grupo de tareas de la ESMA, los procesados por la masacre de Margarita Belén y otro centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia. Junto con las cartas, Radrizzani también entregó a Oliveri la hoja manuscrita que puede leerse en esta página. Como no iban acompañadas por una nota formal, el gobierno decidió devolver la carpeta sin respuesta. Pero alcancé a sacar una copia de esos documentos históricos que no permiten que los obispos y su papa argentino finjan demencia sobre su rol en la enésima operación fallida en pro de la impunidad. 
Amén.