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jueves, 9 de febrero de 2012

EL PULPO PIERDE LOS BRAZOS





Las 237 licencias que Cablevisión tiene repartidas en todo el territorio nacional, más seis canales propios, conforman un monstruo informativo que ahora tiene pies de barro y puede caer en cualquier momento.

Walter Bento, el juez federal que en diciembre dispuso la intervención de Cablevisión, deberá decidir en los próximos días si se inhibe o no de la causa, ya que la justicia federal de Salta pidió el pase del expediente radicado en Mendoza y se declaró competente en razón del territorio, alegando que allí surgió un conflicto anterior con la empresa Artear.
Terminada la feria judicial, el juez Bento tendrá cinco días hábiles para pronunciarse; si no acepta el pedido de inhibición del juez salteño, será la Cámara Federal de Mendoza la que dirima la cuestión. Mientras tanto, la medida cautelar seguirá vigente.
Si esta causa pasa a la justicia salteña, existen amplias posibilidades de que se revoque la medida cautelar que decide la intervención y esta quede sin efecto mientras continúa el tratamiento de fondo interpuesto por el grupo Vila-Manzano. Esta ingeniería jurídica y disputa territorial judicial desnuda la intrincada trama del poder que subyace detrás del Grupo Clarín.
El grupo ejerce su defensa mediante artilugios legales, a través de recursos de amparo y medidas cautelares. Más evidente es la posición dominante de este concentrado económico-mediático donde la televisión por cable es el núcleo de su poderío.
Es los 90, el Grupo Clarín se dio cuenta del valor de esta posibilidad en el mercado. Comenzó la compra de todos los canales del interior, con la complicidad de la AFA, que le otorgó los derechos del fútbol generando una situación extorsiva por el dominio de esos derechos. Así, Cablevisión consolidó su territorialidad en una tríada formada por el fútbol, la publicidad estática en las canchas y la TV por cable.
En 2007 el presidente Néstor Kirchner, asesorado por el entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, convalidó por decreto la fusión de Multicanal y Cablevisión, fortaleciendo la posición monopólica en el mercado con 237 licencias repartidas en todo el territorio nacional.
En 2009, previo a la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la resolución 577 del Comfer rechazó la fusión de estas compañías, decisión que luego avaló la Corte Suprema. La Ley de Medios se sancionó ese mismo año y por primera vez en la historia democrática se puso en discusión, en el seno de la sociedad, el relato dominante del Grupo Clarín.

EL PLAN SOMOS
En 2008, mientras el país vivía convulsionado por el conflicto con el sector agropecuario y el planteo sobre las retenciones, en los foros de las universidades nacionales se discutía sobre la posibilidad de una nueva ley de radiodifusión democrática y antimonopólica. Estas ideas fueron llevadas luego a las audiencias públicas que se encauzaron en la redacción y sanción de la ley.
Mientras tanto, uno de los gerentes de noticias de Canal 13 y TN le planteó a Héctor Magnetto la posibilidad de distribuir y aunar el mensaje del grupo en todos los noticieros de los 237 canales locales de cable del país. Fue así como se unificaron las noticias a través del Plan Somos y ese fue el nombre que atravesó las redacciones de los informativos locales con el discurso, la estética y la pertenencia símil a la propia señal nacional TN.
Entiéndase: una misma idea, un mensaje uniforme, una agenda impuesta por 237 señales de cable, más TN, Canal 13, Canal Rural, Canal 10 de Río Negro, Canal 7 de Bahía Blanca, un canal de Mar del Plata, Radio Mitre y sus repetidoras, el diario Clarín, La voz del Interior, de Córdoba, Los Andes, de Mendoza, la sociedad comercial con el diario La Nación, la agencia de noticias DYN, etc.
Todo un aparato de posición dominante para intentar frenar la Ley de Medios, socavar o posicionar candidatos locales o nacionales (según la conveniencia y la pertenencia) y, en definitiva, manejar las riendas de un país ejerciendo un poder político no declarado pero evidente detrás de la máscara del ejercicio de la libertad de expresión.
Una medida cautelar frenó el artículo 161 de la Ley de Medios, que impone la reconversión económica del grupo, decisión judicial que espera el pronunciamiento de la Corte Suprema.
Mientras tanto, la ley continúa vigente y la revocación de la otra cautelar que impedía a las cooperativas ofrecer el servicio de cable (artículo 30 de la Ley de Medios) abrió la puerta a un paulatino y posible deterioro en el seno de Cablevisión-Multicanal.
Si las cooperativas pueden ofrecer el servicio de cable generarán competencia en el mercado, una buena noticia para la pluralidad y el espíritu antimonopólico. El camino es largo y hasta ahora se han entregado una docena de licencias a distintas cooperativas; más de doscientas esperan ser aprobadas en todas las provincias.
Aunque continúa vigente, la medida cautelar que decidió la intervención de Cablevisión pende de un hilo. La crítica jurídica pasa por el hecho de ser justamente una medida cautelar que decide sobre la cuestión de fondo que es la separación de las empresas Cablevisión y Multicanal, ni más ni menos que lo que plantea el artículo 161 de la ley. La parte resolutiva del fallo del juez Bento tampoco da intervención al Afsca, la autoridad de aplicación en la materia. Dice el fallo: “a) se ordene el cese inmediato de las conductas predatorias denunciadas; b) se ordene la división de redes y de las head end, o plantas cabeceras de transmisión de cable que correspondieron a la absorbida Multicanal, de las restantes que correspondieran a Cablevisión con anterioridad a la concentración entre ambas empresas; c) se disponga, sin afectación de los derechos de los consumidores, la separación de los abonados que conformaban con anterioridad a la fusión de Multicanal y Cablevisión los clientes de la desaparecida Multicanal de los restantes abonados de Cablevisión (...)”.
Estas prácticas desleales dominantes y monopólicas son detalladas rigurosamente por el juez mendocino: “1) la cotización, en plazas en las que Cablevisión está expuesta a competencia, de precios de señales más de 1.500 por ciento superiores a los aplicados para los mismos productos en otras plazas; 2) el otorgamiento a Cablevisión del poder de aumentar unilateralmente los costos de sus competidores cada vez que aumenta sus propios ingresos, la manipulación de los ajustes de precios de señales mediante variables bajo el control exclusivo de Cablevisión y el grupo del vendedor; 3) ofertas con precios predatorios en las plazas en las que compite, esto es más de 700 por ciento inferiores a los que del abono estándar de $ 147 por mes pretende la misma Cablevisión en otras plazas, lo cual tiene por única finalidad excluir a sus competidores; 4) la abierta manipulación de la grilla de canales a favor de las señales propias del Grupo Clarín; 5) la exclusión por parte de Cablevisión de señales de noticias de incorporación obligatoria en la grilla; 6) la exclusión de otras señales de la grilla de Cablevisión; 7) la manipulación del ingreso de nuevas señales al mercado que no sean del Grupo Clarín”.
Una investigación del Conicet cruzó resultados por distrito de la última elección presidencial con los datos del Censo 2011. ¿La conclusión? La última elección fue la más polarizada de la historia de la democracia: una abrumadora mayoría de los sectores más humildes de la Argentina votó a Cristina Fernández de Kirchner.
Un buen ejercicio de cuestionamiento es leer qué nos dice este resultado electoral sobre los discursos y los relatos. El Grupo Clarín sigue siendo parte del discurso dominante, lo que parece haber perdido es la hegemonía en la construcción de ese relato.
No parece menor el rol de la Ley de Medios y su debate profundo percibido por la mayoría de la sociedad.
Una anécdota: cuando la Presidenta festejó el triunfo en la Plaza de Mayo el primer cántico que brotó de la multitud fue: “Tomala vos, dámela a mí, el que no salta es de Clarín”. Un abogado que de medios sabe mucho tradujo con sensatez: “Entendieron que pelear por la Ley de Medios fue pelear por la liberación”.

Por Cynthia García


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