Regina Martínez, redactora de la revista Proceso, fue la última víctima de una ofensiva de los carteles de la droga contra la prensa mexicana.
El cuerpo de Regina Martínez, macerado a golpes y tendido en el baño de su casa, revelaba en cada moretón la furia vengativa de sus autores que culminaron la obra con el estrangulamiento de la periodista de la revista Proceso. Como una señal macabra hacia aquellos que se dedican a contar la tragedia de México con nombre y apellido.
“Era más bien tímida, siempre cargaba su grabadora, una libreta con pluma negra y de vez en vez se acomodaba los lentes como un tic cuando estaba muy concentrada en entrevista (...)”, fue el relato que por esos días de finales de abril eligió la escritora mexicana Lydia Cacho para recordar a Martínez. Aún si resaltar de la media entre los cronistas aztecas, la articulista de Proceso cumplía su tarea en un ámbito conflictivo en el que los intereses criminales y políticos suelen fundirse sin empacho. Sus compañeros apuntan sus sospechas a la corrupción de los funcionarios estatales y sus vínculos con los narcotraficantes, difícil de ocultar ante la opinión pública. Sobre todo cuando la tónica de los artículos de Regina Martínez iban en esa dirección e incomodaban al poder y al delito en la misma medida. “Detienen en Veracruz a nueve policías vinculados con el narco” y “Capturan en Veracruz a la Comandante Tere, presunta jefa de sicarios” fueron sus últimos reportajes, pero se cree que su asesinato es un mensaje que apunta más arriba. De hecho, Rafael Rodríguez, director del semanario al que reportaba Martínez, abonó esa presunción al recordar que “en la edición 1.849 de Proceso, y con el título ‘Dos regresos peligrosos’, se denunció la reaparición de dos ex funcionarios de los tres últimos gobiernos priistas señalados como corresponsables en la crisis de seguridad y el auge del crimen organizado en Veracruz”, quienes ahora aparecen como candidatos a diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Xalapa, acompañando al aspirante presidencial Enrique Peña Nieto. Rodríguez imputó a la censura oficial el hecho de que “desaparecieran” cerca de 3.000 ejemplares de ese número el 8 de abril, 20 días antes de la muerte de Regina, a la que se deben agregar la de los fotógrafos del mismo medio Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez, cuyos cuerpos aparecieron desmembrados y en bolsas de residuos.
La capital veracruzana, no escapa a las generales de todo el país en cuanto al accionar de las bandas del crimen organizado y tampoco a la guerra declarada por el presidente Felipe Calderón para combatirlas con las Fuerzas Armadas a tiro limpio. Este Estado, ubicado sobre el Golfo de México, es el territorio de uno de los mayores enfrentamientos por el negocio de la droga. Allí Los Zetas y la Federación del Pacífico, una confluencia de carteles liderada por Joaquín El Chapo Guzmán, no ahorran balas a la hora de la disputa por el control del narcotráfico y los sicarios de ambos cumplen con precisa crueldad cada una de las ejecuciones ordenadas. Según un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), publicado por el diario El Universal, señala que la “Federación tiene bajo su control la mayor parte de los corredores geográficos que utilizan los carteles mexicanos para traficar la droga hacia Estados Unidos: el corredor Pacífico, Península de Yucatán y algunos puntos fronterizos”.
La estrategia del gobierno federal para combatir a los narcos ya no sólo contabiliza unos 60 mil muertos desde el 2006, entre delincuentes abatidos, efectivos de seguridad e inocentes víctimas “colaterales”, también suma a esa sangriento recuento los episodios oscuros de las desapariciones, entre las que destacan los trabajadores de prensa porque su fin es el silencio informativo. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos al menos “77 periodistas han sido asesinados desde 2000”. Sobre esta cifra, Eileen Truax, delHuffington Post (Estados Unidos), indica que un gran número de las muertes deben cargarse a cuenta del sexenio de Calderón en el que “han sido asesinados en promedio 10 periodistas por año”. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras ubicó a Veracruz entre la decena de sitios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto con Egipto, Libia, Siria y Costa de Marfil.
Es que “cuando un cartel impone su ley en una región es difícil demostrar hasta donde alcanzan sus tentáculos. Pero cuando la prensa se calla, nos grita el fracaso del Estado”, concluye, desde el D.F., Majo Siscar, columnista de Periodismo Humano.
“Era más bien tímida, siempre cargaba su grabadora, una libreta con pluma negra y de vez en vez se acomodaba los lentes como un tic cuando estaba muy concentrada en entrevista (...)”, fue el relato que por esos días de finales de abril eligió la escritora mexicana Lydia Cacho para recordar a Martínez. Aún si resaltar de la media entre los cronistas aztecas, la articulista de Proceso cumplía su tarea en un ámbito conflictivo en el que los intereses criminales y políticos suelen fundirse sin empacho. Sus compañeros apuntan sus sospechas a la corrupción de los funcionarios estatales y sus vínculos con los narcotraficantes, difícil de ocultar ante la opinión pública. Sobre todo cuando la tónica de los artículos de Regina Martínez iban en esa dirección e incomodaban al poder y al delito en la misma medida. “Detienen en Veracruz a nueve policías vinculados con el narco” y “Capturan en Veracruz a la Comandante Tere, presunta jefa de sicarios” fueron sus últimos reportajes, pero se cree que su asesinato es un mensaje que apunta más arriba. De hecho, Rafael Rodríguez, director del semanario al que reportaba Martínez, abonó esa presunción al recordar que “en la edición 1.849 de Proceso, y con el título ‘Dos regresos peligrosos’, se denunció la reaparición de dos ex funcionarios de los tres últimos gobiernos priistas señalados como corresponsables en la crisis de seguridad y el auge del crimen organizado en Veracruz”, quienes ahora aparecen como candidatos a diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Xalapa, acompañando al aspirante presidencial Enrique Peña Nieto. Rodríguez imputó a la censura oficial el hecho de que “desaparecieran” cerca de 3.000 ejemplares de ese número el 8 de abril, 20 días antes de la muerte de Regina, a la que se deben agregar la de los fotógrafos del mismo medio Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez, cuyos cuerpos aparecieron desmembrados y en bolsas de residuos.
La capital veracruzana, no escapa a las generales de todo el país en cuanto al accionar de las bandas del crimen organizado y tampoco a la guerra declarada por el presidente Felipe Calderón para combatirlas con las Fuerzas Armadas a tiro limpio. Este Estado, ubicado sobre el Golfo de México, es el territorio de uno de los mayores enfrentamientos por el negocio de la droga. Allí Los Zetas y la Federación del Pacífico, una confluencia de carteles liderada por Joaquín El Chapo Guzmán, no ahorran balas a la hora de la disputa por el control del narcotráfico y los sicarios de ambos cumplen con precisa crueldad cada una de las ejecuciones ordenadas. Según un informe de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), publicado por el diario El Universal, señala que la “Federación tiene bajo su control la mayor parte de los corredores geográficos que utilizan los carteles mexicanos para traficar la droga hacia Estados Unidos: el corredor Pacífico, Península de Yucatán y algunos puntos fronterizos”.
La estrategia del gobierno federal para combatir a los narcos ya no sólo contabiliza unos 60 mil muertos desde el 2006, entre delincuentes abatidos, efectivos de seguridad e inocentes víctimas “colaterales”, también suma a esa sangriento recuento los episodios oscuros de las desapariciones, entre las que destacan los trabajadores de prensa porque su fin es el silencio informativo. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos al menos “77 periodistas han sido asesinados desde 2000”. Sobre esta cifra, Eileen Truax, delHuffington Post (Estados Unidos), indica que un gran número de las muertes deben cargarse a cuenta del sexenio de Calderón en el que “han sido asesinados en promedio 10 periodistas por año”. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras ubicó a Veracruz entre la decena de sitios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto con Egipto, Libia, Siria y Costa de Marfil.
Es que “cuando un cartel impone su ley en una región es difícil demostrar hasta donde alcanzan sus tentáculos. Pero cuando la prensa se calla, nos grita el fracaso del Estado”, concluye, desde el D.F., Majo Siscar, columnista de Periodismo Humano.
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