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lunes, 19 de marzo de 2012

Un paso clave para una cuestión de Estado


La decisión de revertir contratos de YPF marca un punto de inflexión en la política de hidrocarburos. El rol del Grupo Eskenazi, las presiones del gobierno español y las posibilidades de un nuevo paradigma.
La determinación de los gobiernos de Chubut y Santa Cruz –a la que podrían acoplarse Mendoza y Neuquén– de revertir cuatro áreas concesionadas a la petrolera YPF por incumplir con las metas de inversión y producción marca un antes y un después en el posicionamiento de las provincias y de la Nación de cara a la estratégica cuestión del abastecimiento energético. No es casual que las decisiones llegaran en un año en que las divisas se han convertido en una cuestión de Estado y en tiempos en los que el control de los recursos naturales se avizora como herramienta central en el horizonte global. En efecto: el peso cada vez mayor de las importaciones energéticas en la balanza comercial y las perspectivas mundiales apuraron decisiones que venían madurando desde tiempo atrás y en las que tuvieron una relevancia determinante la impasible postura de la española Repsol y del Grupo Eskenazi frente a la creciente demanda de un mercado interno en expansión.
Lo que está en juego. “Los intereses de YPF no pueden estar disociados del desarrollo nacional porque es una empresa argentina con accionistas argentinos”, aseguró esta semana el ministro de Planificación, Julio De Vido. Fue en respuesta a su par español de Industria, José Manuel Soria, quien sostuvo desde Madrid que “los intereses de YPF son los de Repsol y los de España”. En la práctica, la afirmación de Soria no hizo más que poner de relieve el valor estratégico que para el Estado español tiene YPF, controlada por Repsol a través del directorio que dirige Antonio Brufau, uno de los empresarios peninsulares mimados por socialistas y conservadores, caso similar al de Emilio Botín –presidente del Banco Santander– y al de otra decena de “emprendedores” nacidos de las privatizaciones que comenzó Felipe González en el ’89 –entre ellas Repsol– y que completó José María Aznar en el ’97.
A pesar de que el Estado español no tiene participación accionaria en Repsol, ni en ninguna otra de las grandes privatizadas, no duda en hace lobby a favor de ellas. Endesa, Iberdrola, Aguas de Barcelona y Telefónica, al igual que bancos como el Bbva, Bankinter y Santander, gozan de sus favores. La razón es simple: son la clave de la economía del país en la medida en que buena parte de sus beneficios globales provienen de países latinoamericanos donde controlan sectores estratégicos. No es extraño que el propio rey Juan Carlos deje los ropajes reales para calzarse el traje de operador político de los holdings. Tampoco que conservadores y socialistas, con el apoyo de las confederaciones sindicales UGT y Ccoo, muestren los dientes, por ejemplo, cuando las energéticas rusas Lukoil y Gazprom intentaron hacerse de Repsol, o cuando la petrolera mexicana Pemex, en alianza con Sacyr, buscaron controlar la compañía.
Punto de inflexión. Quienes conocen el tablero aseguran que el punto de inflexión debe medirse en términos cualitativos y que no habrá soluciones mágicas. Son los que señalan que las áreas alcanzadas hasta ahora por las caducidades resueltas por los mandatarios Daniel Peralta y Mario Buzzi no son las que mayores volúmenes de producción y ganancias aportan a YPF. En el caso de Santa Cruz, los yacimientos de Los Monos y Cerro Piedras-Cerro Gaudal representan sólo el 0,7% de la producción de la compañía. Un golpe, sin duda, más duro en el caso de Chubut, donde las caducidades decretadas involucran los yacimientos El Trébol Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, áreas que reportan a la firma casi el 7% de su producción local.
Las reversiones, no obstante, operan como un aviso de lo que podría convertirse en una verdadera catarata de reversiones si YPF y otras empresas del sector no aumentan sus inversiones en exploración y explotación. Una cuestión que dejaron en claro Buzzi y Peralta durante el acto en el que firmaron los decretos de caducidad. En los hechos, que Mendoza y Neuquén –las dos principales provincias petroleras– se sumen a Chubut y Santa Cruz daría una cohesión tal a la estrategia que obligaría a Repsol a revisar su política. En los planes del gobernador mendocino Francisco Pérez están los yacimientos Ceferino y Cerro Mollar Norte; al tiempo que su colega neuquino, Jorge Sapag, avanzaría sobre Don Ruiz, Chihuido de la Salina y Rincón de Mangrullo.
Sin embargo, YPF no es la única petrolera cuestionada por el Gobierno Nacional y los gobernadores en materia de explotación y exploración. En Neuquén son varios los yacimientos que estarían rindiendo por debajo de su potencial. Rincón de Aranda y Veta Escondida, operados por la brasileña Petrobras son ejemplos de lo apuntado. En una situación similar estarían Aguada Villa Nueva, Meseta Buena Esperanza y Ojo de Agua, en los tres casos concesionados a la estadounidense Apache. El listado, que circuló durante el acto encabezado por Peralta y Buzzi, incluye Fortín Picun –a cargo de Tecpetrol, del Grupo Techint–, Paso Aguirre –explotado por Cima Petrol– y Covunco Norte –en manos de Argenta Energía–.
El grupo Eskenazi. Que el gobernador Buzzi deslizara que YPF funcionaba mejor antes del ingreso del Grupo Petersen a la petrolera (ver entrevista) revela en alguna medida los límites de la estrategia diseñada para “argentinizar” la compañía. Pero también la decepción del Gobierno Nacional ante lo actuado por el holding familiar que encabeza Enrique Eskenazi. En la práctica, el grupo quedó habilitado para entrar en el negocio por el interés del Ejecutivo nacional, pero también por el bajísimo costo de una operación que no cubrió con fondos propios, sino con un préstamo del vendedor concedido por la propia Repsol, ingeniería que se financia todavía hoy con los dividendos que reparte de la propia petrolera y los créditos otorgados por la banca internacional.
En el mercado aseguran que el Grupo Petersen no sólo no debió desembolsar suma alguna para hacerse del 25% del paquete accionario de YPF. También señalan que se benefició indirectamente con la aplicación de las retenciones móviles a las exportaciones de crudo, esquema que entró en vigencia en 2007 y que redujo el precio de venta de las acciones transferidas. Un panorama de por sí atractivo que mejoró aún más a partir de la sostenida alza en las cotizaciones del crudo y de los combustibles líquidos, que recuperaron terreno en los mercados internacionales y revitalizaron las utilidades obtenidas por la compañía. A la luz de los resultados, una clara muestra de la incapacidad de la burguesía nacional para asumir, a partir de los espacios que pone a su disposición el escenario local y global, un rol dinámico y autónomo de los capitales multinacionales.
Cambio de paradigma. Para no pocos observadores, las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales y articuladas por el Estado nacional podrían constituirse en el primer paso hacia un cambio de paradigma. Por lo pronto suponen un retorno efectivo a la concepción que califica a los hidrocarburos como un recurso estratégico e implican una clara intención de modificar el accionar que exhiben desde hace dos décadas las compañías petroleras. En los hechos, el desempeño de YPF demuestra el fracaso del modelo privatista; un agotamiento que es directamente proporcional a la caída de la producción y de las “reservas baratas”, aquellas que descubrió la YPF estatal y que facilitaron la estrategia maximizadora de ganancias desarrollada por el capital privado.
Si la nacionalización de YPF no parece la herramienta ideal para que el Estado retome el control de un sector estratégico, la pregunta cae de maduro: ¿cuál es la mejor alternativa? Desde algunos sectores, que no son obviamente los ligados a las empresas, ensayan como respuesta la creación de una empresa estatal mixta integrada verticalmente por la Nación y las provincias. Se trataría, entonces, de operar las áreas provenientes de las reversiones de los contratos. Quienes alientan esta idea agregan la necesidad de derogar el Decreto 1.212 del ’89 y el artículo 3º de la Ley 24.145 que permitieron a la YPF privatizada conservar el control de todas las áreas que explotaba la YPF estatal. De esta forma, las empresas que excedan la cantidad de concesiones y permisos de exploración estipulados por la Ley 17.319 deberían revertirlos a las provincias.
Quienes así piensan sostienen que la estrategia le permitiría al Estado nacional y a las provincias comenzar a operar mediante una empresa testigo sin necesidad de concretar inversiones de gran envergadura. Algunos agregan al esquema a la estatal Enarsa, empresa que hasta el momento opera importando combustibles para abastecer la demanda interna que no cubre el sector privado. Obviamente, el desafío es grande. En definitiva se trata de revertir una lógica de acumulación, basada en la subexploración y la sobreexplotación, que comenzó con las privatizaciones periféricas de la última dictadura y que profundizó la política neoliberal de los años ’90. Un paso esencial para recuperar un recurso estratégico.

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