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lunes, 19 de marzo de 2012

La Justicia comienza a saldar una deuda interna de la sociedad


Con la decisión de no penalizar los abortos a víctimas de violación, la Corte Suprema de Justicia avanza sobre una discusión postergada por la hipocresía y por todo el arco conservador y episcopal.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, del pasado martes 13, que instaura como un derecho la determinación de la mujer a interrumpir un embarazo en caso de violación, no sólo le resta a ese día mucho de su supersticiosa condición fatídica, sino que reabre un debate por el que ya han comenzado a revolcarse los espectros de la Patria Dinosauria.
El dictamen establece que toda mujer tiene derecho a practicarse el aborto tras padecer uno de los actos de violencia y sujeción más miserables y dramáticos que es capaz de cometer la especie humana. Determina que para ello no necesita más que una declaración jurada ante un profesional de la medicina. Es decir que le ahorra a la víctima su exhibición pública ante los estrados judiciales –con sus ceñudos magistrados de discutible majestad moral– y le quita al amarillismo mediático su tan paladeada y automática gestualidad de relamerse con impudicia ante el dolor ajeno. También le complica a la cúpula de la Iglesia Católica el reflejo incivil de imponer su credo y su visión del mundo y de la vida al conjunto de la sociedad, sean de la grey cristiana, judía, musulmana, ateos o devotos de la simpática Iglesia Maradoniana con sede en Rosario.
Pero, por sobre todas las cosas, dota a la mujer de la potestad sobre su cuerpo y retira, en parte, a la razón patriarcal del dominio autoritario que ejerce sobre ella en nombre de sagradas abstracciones mientras en el mismo movimiento desprecia a una subjetividad concreta, sufriente y sensible. Es apenas un paso. Habría que apostar a que el cuerpo, nuestra única sede en este mundo, no sólo deba ser arrasado para que después reconquiste su soberanía.
La Corte, por medio de su titular, Ricardo Lorenzetti, ha proclamado que no pretende inscribir su fallo como un mojón de una futura tenida parlamentaria sobre el aborto. Pero se trata de un matiz discursivo donde se puede conjeturar desde cierta cintura política hasta la persistencia de un temor sacrosanto a que los purpurados guarden aún entre los pliegues de sus sotanas las indulgencias para batir palmas ante las puertas del cielo para que San Pedro las abra. Lo quiera o no la Corte su fallo se inscribe allí: en una de las deudas que la sociedad tiene consigo y en una discusión postergada por la incuria, la hipocresía o el poderoso freno de mano que bien sabe activar el arco conservador a su estilo y como se suelen emplear los frenos de mano: de golpe.
Las reacciones. El repaso de los rechazos ante el veredicto enseña cuáles son los pisos que se mueven. El nuevo titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, se sorprendió por la unanimidad tribunalicia y acudió a una vieja figura: “El aborto es la supresión de una vida inocente”. Pueden correr ríos de tinta, reflexiones esforzadas y sutiles, investigaciones biogenéticas y complejas porfías teológicas pero muchos de los representantes del Señor, sobre todo si pasaron los filtros que los llevan al podio, seguirán repitiéndose como indignadas contrafiguras de Galileo Galilei: “E pur non si muove, e se non si muove, non si muove”.
Más esclarecedora resulta la oposición al fallo de la Corporación de Abogados Católicos que en la actualidad preside Eduardo Sambrizzi. Esta institución, creada en 1935, se agitó en 2010 para dar batalla contra la “inseguridad jurídica”. Eso era lo que veía en la prisión dictada contra José Alfredo Martínez de Hoz y en el juicio entablado contra su contertulio, Jaime Smart, uno de los civiles más feroces del circuito Camps cuyas responsabilidades se investigan en los juicios que avanzan por estos días en la ciudad de La Plata.
En esa Corporación se corporiza también la figura fantasmagórica del ex titular de Justicia dictatorial y sempiterno abogado defensor de Jorge Rafael Videla, Alberto Rodríguez Varela. Estos medievalistas están muy cerca de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia que saltó el año pasado cuando fueron condenados en Córdoba Luciano Benjamín Menéndez y Videla. Es que, dicen estos santos varones, esos juicios se entablan bajo “una falsa ideología llamada derechos humanos”.
El dictamen ya está y su inevitable onda expansiva también. Bienvenido. Como dijera Simone Veil –la judía francesa sobreviviente de Auschwitz–, cuando en su rol de ministra de Salud de Francia, le tocó defender su propuesta legislativa a favor del aborto ante la Asamblea Nacional, en el ya lejano 1974, se trata de “poner fin a una situación de desorden y aportar una solución equilibrada y humana a uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo”.
Con ecuménica delicadeza Veil debió moverse ante los ultramontanos de su país (que nunca fueron pocos, ni nunca fueron finos) y ante representantes de una opinión media alarmada por el descenso de la tasa de natalidad. En la ocasión se preguntó: “¿Por qué arriesgarse a profundizar un movimiento de caída de natalidad peligrosamente avanzado en lugar de promover una política familiar generosa y constructiva que les permita a todas las madres del mundo dar a luz y criar a los hijos que concibieron?”. Con la altitud moral que da haber atravesado por una experiencia límite se respondió: “Porque todo indica que el problema (el del aborto) no se presenta en estos términos”.
Entonces enumeró los charters repletos de mujeres jóvenes con rumbo a los países extranjeros que sí permitían abortar; las clínicas privadas de su país que practicaban el aborto oneroso y seguro; la imposibilidad de enjuiciar todos los que acudían o se beneficiaban de los procedimientos ilegales por su imparable generalización.
¿A quién estaba defendiendo Simone Veil? Pues a las mujeres solas y desesperadas que emprendían el aborto en las peores condiciones asumiendo el riesgo de mutilaciones irreparables y de quebrantos psicológicos sin retorno. Con rigor y perspicacia expresiva dijo que era toda la sociedad francesa la que incentivaba ese castigo a las más desfavorecidas de sus compatriotas y que semejante incitación no pasaba el examen ético de ningún dogma conocido.
Para despejar aún más los vahos de hipocresía que flotaban en el debate dijo: “No es necesario aclarar que ningún médico o auxiliar médico se verá jamás obligado a realizar un aborto”. Por aquí, por la Argentina de estos días, el temor a la judicialización aún en casos donde el aborto es pertinente –en acuerdo con la polvorienta ley de 1921– paraliza a los profesionales por temor de que les caiga una denuncia desde cualquier recoveco del Poder Judicial. Ante una situación similar, Simone Veil dio a entender que, aprobado su proyecto, nadie podría ampararse en el furor de las togas, y que los profesionales quedarían sólo (y solos) frente a sus creencias de fondo pero no ante amenazas que comprometieran su futuro.
El discurso de Veil puede leerse en el apéndice de su autobiografía Una vida (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2010). Las tronantes amenazas de los gerentes del cielo se seguirán leyendo todos los días hasta que la sociedad y la política se abran paso entre ellos y un sol más bruñido derrita al fin su verba deshumanizante y cavernaria

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