La ANMAT multó al laboratorio por anomalías en los consentimientos de familias en situación vulnerable que participaron de los estudios en hospitales pediátricos de Mendoza, Santiago del Estero y San Juan. La justicia confirmó la sanción.
La justicia resolvió que el laboratorio multinacional Glaxo SmithKline (GSK) deberá pagar 2 millones de pesos por irregularidades en los consentimientos de quienes participaban en los ensayos clínicos de una vacuna pediátrica contra la neumonía y la otitis media provocada por el neumococo. El millón de pesos de multa por anomalías en el hospital Humberto Notti, de Mendoza, dispuesto por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y ratificado por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, se suma a otro millón que ya había sido ratificado por el juez Alejandro Catania, a partir de una multa por irregularidades en el mismo ensayo pero en Santiago del Estero. A partir de las apelaciones de la empresa, ambos casos deberán ser resueltos por la Corte Suprema de la Nación, amén de uno similar por ensayos en San Juan. La misma vacuna, pero de otro laboratorio, fue incluida este año en el Calendario de Vacunación obligatoria nacional.
A través de un comunicado, ayer GSK subrayó que los 14 fallecimientos de niños durante el proceso de ensayo clínico –que se hizo con casi 14 mil chicos– “no están relacionados ni con la vacuna ni con el estudio”. Desde ANMAT, confirmaron esa información, al indicar que “ninguna de las muertes acaecidas durante la realización del estudio estuvo vinculada a la administración de la vacuna”. Sin embargo, la familia santiagueña Medina realizó una denuncia penal por la muerte de Emanuel, su bebé, a quien en 2007 le habrían aplicado la vacuna sin explicarle a la madre que se trataba de un ensayo clínico.
Su abogado, Bernardo José Herrera, describió a Tiempo Argentino cómo es la familia denunciante: “Es gente de un estado de vulnerabilidad importante, de escasos recursos, fácilmente convencible. El chiquito tendría que haber sido excluido del protocolo porque ya tenía insuficiencia respiratoria crónica, entonces no podía ser vacunado. Además, en el estado que estaba, cuando les dijeron que había una vacuna contra la neumonía, aceptaron desesperados, pero nadie les dijo que era experimental.”
El millón ratificado por Aguinsky –cuya tarea era la de confirmar o no dicha sanción– se compone de 400 mil pesos a pagar por GSK, 300 mil por el investigador principal en Mendoza desde 2007, Héctor Abate, y una suma igual que deberá pagar Miguel Tregnaghi, coordinador nacional del estudio.
Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, reclamó la sanción de una ley que regule la investigación biomédica y establezca la responsabilidad penal en los casos de falta de ética.
El Ejecutivo mendocino se despegó de las acusaciones y responsabilizó al doctor Abate.
A través de un comunicado, ayer GSK subrayó que los 14 fallecimientos de niños durante el proceso de ensayo clínico –que se hizo con casi 14 mil chicos– “no están relacionados ni con la vacuna ni con el estudio”. Desde ANMAT, confirmaron esa información, al indicar que “ninguna de las muertes acaecidas durante la realización del estudio estuvo vinculada a la administración de la vacuna”. Sin embargo, la familia santiagueña Medina realizó una denuncia penal por la muerte de Emanuel, su bebé, a quien en 2007 le habrían aplicado la vacuna sin explicarle a la madre que se trataba de un ensayo clínico.
Su abogado, Bernardo José Herrera, describió a Tiempo Argentino cómo es la familia denunciante: “Es gente de un estado de vulnerabilidad importante, de escasos recursos, fácilmente convencible. El chiquito tendría que haber sido excluido del protocolo porque ya tenía insuficiencia respiratoria crónica, entonces no podía ser vacunado. Además, en el estado que estaba, cuando les dijeron que había una vacuna contra la neumonía, aceptaron desesperados, pero nadie les dijo que era experimental.”
El millón ratificado por Aguinsky –cuya tarea era la de confirmar o no dicha sanción– se compone de 400 mil pesos a pagar por GSK, 300 mil por el investigador principal en Mendoza desde 2007, Héctor Abate, y una suma igual que deberá pagar Miguel Tregnaghi, coordinador nacional del estudio.
Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, reclamó la sanción de una ley que regule la investigación biomédica y establezca la responsabilidad penal en los casos de falta de ética.
El Ejecutivo mendocino se despegó de las acusaciones y responsabilizó al doctor Abate.
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