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jueves, 6 de septiembre de 2012

Nunca antes estuvo tan cerca el fin del conflicto armado colombiano. Esta vez, el plan de paz contempla medidas sorprendentes e inéditas. La elite empresaria está dispuesta a pagar un impuesto para financiar la reinserción laboral de los guerrilleros desmovilizados y los insurgentes aceptarían redefinirse como partido político.


Tres meses atrás, el presidente colombiano Juan Manuel Santos viajó a La Habana para entrevistarse con su par Raúl Castro. Oficialmente, el encuentro bilateral era para hablar sobre la inminente realización de la Cumbre de las Américas de Cartagena, donde Cuba tenía vedada la participación. Sin embargo, la agenda secreta de la reunión tocó un tema mucho más sensible: monitorear el estado de las negociaciones que ya habían empezado en febrero de este año en la capital cubana entre un asesor personal de Santos y el canciller de las FARC, Rodrigo Granda. Ahora, la hoja de ruta del denominado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” ya es de dominio público: Cuba y Noruega serán garantes de un dialogo cuya mesa siempre se asentará en el extranjero y nunca en territorio colombiano para evitar sabotajes, Chile y Venezuela fiscalizarán el proceso y, a diferencia de otras experiencias, la foto y el apretón de manos entre Santos- Timochenko (nuevo líder de la guerrilla) sólo se hará cuando sus mediadores hayan consensuado todos los puntos en cuestión.
Pero, lo más importante, es que esta vez el plan de paz llega en el mejor contexto político. Por un lado, el gobierno y la elite empresaria –que acaban de firmar un TLC con Washington– aceptan que sólo habrá más y mejor mercado si se desmilitariza la tensión social en interior nacional profundo y, paralelamente, los insurgentes han entendido el mensaje de toda la izquierda continental, incluido los países del ALBA, de que la vía armada para la toma del poder es una opción inútil y a contrarreloj del tiempo político regional. A su vez, la opinión pública, por primera vez en décadas, apoya la negociación con la FARC y rechaza la opción uribista de derrotar militarmente a los rebeldes. Según un sondeo del diario El Tiempo, el de mayor tirada en Colombia, y la consultora Gallup: “El 60% respalda la iniciativa por la paz, 8 puntos más que en junio último”. Pareciera que es ahora o nunca. Así también lo entiende la ex parlamentaria y permanente mediadora en el conflicto Piedad Córdoba. Al ser consultada por Miradas al Sur vía twitter, la principal referente del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz respondió desde Bogotá que “la paz es más que factible. Además, ahora se hace más urgente para enfrentar no sólo situaciones de crisis humanitaria, sino para cambiar las condiciones de militarización de territorios por condiciones de presencia social”.
La guerra ya no es negocio. Ahora bien, no sólo los herederos del ex Comandante Tirofijo han concluido que la guerra de guerrillas ya no es el camino para la liberación nacional. Así como los insurgentes han anticipado que colgarían los fusiles para mutar en un partido político de superficie que ya ha sido oficializado un mes atrás –el denominado movimiento Marcha Patriótica–, la alta burguesía local renunció al exterminio de los alzados en armas como camino estratégico y ha declarado públicamente que está dispuesta a financiar el gran acuerdo nacional con los barbudos de la selva profunda. “Los empresarios creen que pueden contribuir con la reintegración económica de los desmovilizados, a nivel de empleo y con respaldo a proyectos productivos. También se mostraron dispuestos a pagar un impuesto extra para apoyar la paz”, adelantó la revista Semana luego de consultar a nueve ejecutivos de las multinacionales más importantes asentadas en suelo colombiano.
Es lógico, el empresariado caribeño ligado, por ejemplo, a proyectos energéticos no desea sufrir más los típicos atentados guerrilleros como el ataque a plantas petroleras o torres de electricidad. Además, Santos, que promueve la inserción internacional del país vía tratados de libre comercio, está interesado en viajar al exterior y promover la inversión extranjera directa en zonas donde, en la actualidad, la guerrilla pisa más fuerte que el Estado. Por otro lado, no sólo la fragilidad del gobierno en cuanto a su poder de fuerza es fruto del accionar guerrillero, también las bandas paramilitares ligadas al uribismo y a la extrema derecha están operando contra el Palacio Nariño. “Aunque las cifras del gobierno de Santos muestran avances en la seguridad ciudadana, el fenómeno de las Bacrim [Bandas Criminales Emergentes, antiguos paramilitares], especialmente de bandas grandes e influyentes como Los Urabeños o el Erpac, ha venido afectando a muchas zonas del país, consolidando estructuras de mafia y desestabilizando a la Fuerza Pública”, reveló esta semana el portal electrónico local Silla Vacía.
Por último, hay un dato alentador en el actual proceso de paz y es que el gobierno de Santos ha iniciado en el Congreso una batería de leyes que le dan un marco normativo real y objetivo al entendimiento entre las partes. En el último acercamiento significativo entre el Poder Ejecutivo y los guerrilleros –el denominado Acuerdo de Caguán– hubo más pirotecnia visual y especulación mediática que avances concretos. Tirofijo y la cúpula guerrillera se acercaron a una zona de despeje previa para hablar de paz mientras las columnas del sur iniciaban una ofensiva militar; paralelamente, el gobierno de Pastrana ponía más énfasis en saludar a las cámaras televisivas que en ofrecer conmutación de penas o liberación de presos políticos. Fue un fracaso rotundo.
Ahora, en cambio, “la columna vertebral del plan de paz vincula un paquete de normas como la prórroga de la Ley de Orden Público, que además se complementa con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la ley para desmovilizados, el fuero militar, la reforma a la Ley de Justicia y Paz, pero, sobre todo, el llamado Marco Jurídico para la Paz”, resume un artículo del matutino colombiano El Espectador. En ese sentido, un dato importante a tener en cuenta es que el gobierno de Santos no ofrecerá a las FARC ni “indultos ni amnistías” ya que el país adhiere al Tratado de Roma que considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad pero sí, gracias a los denominados Mecanismos de Justicia Transicional, el oficialismo se puede comprometer a “ofrecerle a la guerrilla la posibilidad de pagar penas alternativas a las contempladas por el Código Penal, menos severas y flexibles”.
El último martes, cuando la noticia aún tenía formato de rumor, el presidente Santos visitó la base militar de Toleimada y en un acto oficial lanzó una frase fuera de protocolo: “La victoria es la paz”, arengó a la tropa. No se sabe qué habló Timochenko con sus camaradas en los meandros de la selva, pero se supone que el mensaje es parecido. La guerra ya no es negocio, quizás la paz abra otros caminos.

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