laorejagigante

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lunes, 19 de marzo de 2012

Mujer tenía que ser



Esta semana que termina está cargada de historia. No sólo porque, 38 años atrás, fue la que terminó de hilvanar las últimas puntadas del golpe de Estado más cruento y más retrógrado del siglo XX en la Argentina, sino porque recién en esta última semana la perversa figura del avenimiento saltó de las páginas policiales a las de política. Ésta es una manera de abordar, en jerga periodística, cuántos rasgos machistas y conservadores tienen la vida cotidiana y, sobre todo, la maquinaria estatal nacional. Pero antes de entrar en la historia conviene subrayar que estos días, quizá más que nunca, el ambiente se carga de oxígeno y de desafíos: el fin del avenimiento, la defensa de las mujeres que puedan terminar con un embarazo producto de una violación, el avance sobre los intereses privilegiados de la renta petrolera en manos privadas, la necesidad de esclarecimiento de la tragedia de Once, la confesión antisemita del diario de los Mitre, así como el debate sobre cómo debe ser la relación entre la Ciudad de Buenos Aires –el distrito más rico del país– y la Nación, constituyen algunos de los temas que ponen en evidencia la vitalidad del proceso de cambio iniciado el 25 de mayo de 2003.
Aún hay importantes sectores de la supuesta dirigencia argentina que no quieren enterarse que los votos del 23 de octubre fueron para una mujer que, además de peronista, había quedado viuda. La doble condición viene al caso porque este artículo se propone bucear en algunas cuestiones del inconsciente colectivo de la sociedad pastoril, colonial y eclesial que todavía tiene la identidad argentina. Como cuando Rosendo Fraga, antiperonista visceral, se apresuró a publicar en La Nación que tras la muerte de Néstor Kirchner llegaba el vacío de poder. Quiso emular a Claudio Escribano, ex vicedirector de ese matutino, quien había pifiado con otro pronóstico escalofriante allá por principios de 2003. Escribano, al igual que Fraga fueron parte de los civiles de la dictadura; publicó una frase para la historia: Argentina decidió darse gobierno por un año. Así de críptica era la sentencia como claro el programa para que el santacruceño pudiera seguir en la Casa Rosada, consistente en someterse al FMI y sus socios locales.
Pero tanto o más delicado que los factores de poder antiperonistas resulta el enfrentamiento verbal declarado de Hugo Moyano hacia Cristina. Lo hizo muchas veces, el último fue en su diálogo con Nelson Castro en esta semana. No es preciso ser psicoanalista para interpretar lo burdamente machista que resultó una de sus frases centrales: “No es la CGT la que se aleja o se acerca a los gobiernos sino al revés”. Leído en clave de prejuicios de los que muchos abjuran, Moyano, que es hombre, está en el centro de la escena y Cristina, que es mujer, es la actriz de reparto. Leído fuera de los poderes corporativos en una democracia vapuleada pero orgullosa, el líder camionero parece quedar afuera de un año político en el que las claves son las mujeres y los jóvenes. ¿No será hora de que muchos dirigentes gremiales se pregunten por qué, salvo el fugaz pasaje de Susana Rueda por un triunvirato, no hay mujeres en las primeras líneas? O, acaso, ¿no están peor pagas las trabajadoras que hacen labores equiparables a las de los hombres? Todavía, muchos lugares de asistencia y secretaría están concebidos como espacios laborales para mujeres lindas que trabajen para hombres ejecutivos. La resistencia al cambio en los espacios de delegación tiene un fuerte componente machista.
Está claro que someter a una sociedad a una regresión conservadora es más fácil que avanzar en una transformación que empodere a los débiles. Por eso, más allá de las mayorías parlamentarias y la legitimidad de origen, la Presidenta necesita mucho diálogo, mucha participación y mucho apoyo. El vacío opositor no sólo es muestra de falta de propuestas de otros sectores políticos. También pone sobre el tapete el estado de inoperancia de los partidos políticos, incluyendo el Justicialista. Sería ingenuo desconocer las peleas internas dentro del Gobierno, peleas que en muchos casos no se deben a debates de modelo o de políticas públicas, sino de nichos de conveniencias personales o de lealtades con grupos empresariales. En ese sentido, lo que molesta a muchos es que Cristina haya recurrido a la comunicación directa con el pueblo o con intendentes o dirigentes sindicales a través de sus apariciones en actos públicos televisados. Es cierto que, en términos de comunicación, se resguarda más la figura presidencial cuando hay voceros o intermediarios. Pero son tantas las cosas que están cambiando que no parece ser claro cuáles son los tejidos colectivos –partidos, organizaciones sociales o sindicales, grupos juveniles– que puedan convertirse en el actor plural que le dé continuidad a la profundización del cambio. Dicho de modo más simple: no está en juego, como quieren hacer valer los comunicadores del establishment, la re-re, sino la consolidación de fuerzas políticas que expresen este momento. Está claro que Cristina busca eso apasionadamente y que si siembra en la juventud y en las mujeres es porque sabe leer la dirección del cambio. Hay una cita que tiene convocatoria diversa: el 27 de abril, cuando se cumplan los nueve años del flaco 22% con que el Flaco llegó al poder. En Vélez Sarsfield no estarán ni el Pistola ni el Tigre ni el Rifle (sobrenombres conocidos de dirigentes y jugadores del Fortín), sino una mujer sobre la cual recae la conducción de la Nación.
Felipe Pigna. La media sanción para derogar esa figura de sometimiento –supuestamente voluntario– de una mujer ultrajada y violada es la prueba más evidente de que la Justicia argentina mantuvo vivo un hábito que proviene de la cultura misma de la conquista americana por parte del imperio español. Y no hubiera saltado de los expedientes judiciales al recinto del Senado sin el crimen de La Pampa. Repasemos: hace unos meses, en La Pampa, Carla Figueroa, tras ser violada y golpeada por su compañero sentimental, Marcelo Tomaselli, decidió avenirse. Es decir, Tomaselli estaba preso por ello, pero sus abogados y jueces colaboraron a que Figueroa desistiera. ¿Cómo? ¡Casándose! Porque el Código Penal tiene el artilugio de que una sacrosanta institución machista como el matrimonio convierte, por arte divino, un delito público en una acción íntima y privada. Tomaselli fue más allá del favor que les daban los letrados: salió y mató a Figueroa. Tras la media sanción del Senado, el presidente de la Comisión de Legislación General, Pedro Guastavino dijo: “Es difícil comprender que alguien que fue abusada, violada o sometida con violencia pueda establecer un vínculo de igualdad con su victimario”. Tan difícil de entender como el hecho de que siempre fue así y que la violencia familiar para muchos sigue siendo un hecho privado, íntimo y no un crimen.
Un ejemplo patente de esto está en el fallo de la Corte Suprema sobre el caso de AG, una chica de 15 años que fue violada por su padrastro en octubre de 2010 y a quien un juez de primera instancia no instruyó la realización del aborto negado en una clínica pública para que AG pudiera salir del infierno que constituía esa gestación. Peor aún, la Cámara confirmó el fallo con un agregado perverso: la sentencia se conoció el 8 de marzo de 2011, día de la Mujer, con los votos favorables de los dos jueces y la disidencia de la jueza que integraba el tribunal. AG terminó con su embarazo en una clínica privada pero convivió, hasta ahora, con la condena social. La Corte puso blanco sobre negro pero el Código Penal sigue escrito de la misma manera: habla del aborto para mujeres dementes o idiotas, con categorías medievales y clericales.
El historiador Felipe Pigna, con la metáfora de los mitos, permitió que miles y miles de jóvenes –y no tanto– se dieran cuenta que los reyes magos Mitre, Levene y Romero no existen. Muchos años después, empezó una travesía más difícil: ponerle sexo a la historia. Su último libro, Mujeres tenían que ser, es un verdadero aporte antropológico y cultural, además de una descripción de protagonistas centrales de la historia americana. Pigna dijo que se dio cuenta de que la Historia (al menos tal como la entendemos hasta ahora) es misógina. La misoginia –en griego, odio a la mujer– llegó de la mano de la consigna religiosa que identificaba a la mujer con el demonio. Aunque el libro de Pigna llega hasta 1930, su mirada se incrusta en el presente. Dijo en una entrevista cuando le preguntaron sobre la violencia de género: “230 crímenes de género en 2011, más de 10 mil denuncias por mes en todo el país hablan de una situación muy preocupante y de un tratamiento mediático tremendo, donde todavía se habla de crímenes pasionales, donde siempre hay atenuantes para el violador. Donde siempre hay que ver cómo era la vida de la víctima. Se investiga a la víctima, lo más brutal que hemos visto es el caso Candela en el que se investigó la vida sexual de una chica de 11 años. Cosa que en los sectores medios y altos está claramente prohibido y reglamentado pero con una chica de los sectores populares se expuso su vida a todo el mundo”.
Nadie se anima todavía a pronunciar la realidad en la que vivía esa niña a la que una pericia forense descubrió que tenía los genitales de las dimensiones de una mujer adulta. Ni en los tribunales ni en la Bonaerense se quiere avanzar seriamente sobre un caso que parece fatalmente ligado a la prostitución infantil.
Los jóvenes. Tiene una lógica impecable sospechar de cualquier cosa que salga “de las entrañas del poder”. Lo dicen muchos militantes juveniles de agrupaciones K que, en muchas facultades, no logran hacer pie en la conducción del Centro de Estudiantes. Se quejan de que el bar o la fotocopiadora está en manos de Franja Morada y que ellos no tienen ni cargos ni plata para financiar la política. Mucho peor la pasan los del Evita o del Frente Transversal o de Kolina que en los barrios populares apenas consiguen paliar situaciones de injusticia cuya causa última es la pobreza o el atraso. Cada una de los casos donde una necesidad no se convierte en un derecho golpea la moral ciudadana. Pero también consolida la visión militante. Quizá donde mayores éxitos cosechan los comunicadores del establishment es en golpear con las supuestas prebendas de los jóvenes de La Cámpora. Pero a falta de poder mostrar negociados o abusos de poder, La Nación se decidió a poner en tapa la triple condición denostable del viceministro de Economía Axel Kiciloff. Por marxista, hijo de psicoanalista y bisnieto de rabino. A juicio del historiador, periodista y ex agente de la Side Carlos Pagni, tres atributos “dogmáticos”. No faltan, para quien escribe estas líneas, preocupaciones sobre los riesgos que pueden acarrear las construcciones políticas “desde arriba”. Pero este cronista también puede dar testimonio, como miles y miles de argentinos (y argentinas), de lo difícil que era construir desde abajo para enfrentar a los poderosos. Tan difícil que hubo un genocidio para tratar de terminar con esa costumbre de desafiar a los dueños de la Argentina.
Esta semana salió el petróleo del subsuelo. Como dicen que brota ese hidrocarburo cuando las brocas llegan hasta el yacimiento: desparramando líquido negro con fuerza. El acto en el límite de Chubut y Santa Cruz, con gobernadores, líderes políticos y sindicales, carteles y voces de entusiasmo sea, quizás, el inicio de una épica. Pero es más probable que se parezca a una lenta y difícil partida de ajedrez que a una batalla. El petróleo es negro pero los intereses en juego son demasiados, y hay demasiados grises. No se equivocó Carlos Menem en apelar a los beneficios para las provincias que dejaba la perversa entrega de YPF. Como un reflejo de sus años en que quería ser el federal Facundo Quiroga, el riojano desarticuló una herramienta de poder soberano nacional y les dio recursos a estados federales que, al día de hoy, no van a querer resignar a favor de una nacionalización. No sólo los neuquinos o mendocinos sino también los santacruceños, núcleo principal del Gobierno Nacional actual. Está claro que los directivos de Repsol –hasta el rey de España, su principal lobista– no esperaban el quite de concesiones anunciado la semana pasada y seguirá en la que se inicia. Pero tampoco hay una línea única. Chubut, por ejemplo, decidió poner la operación en manos de una empresa provincial, mientras que Santa Cruz anunció que la dará a otros empresarios privados. A 20 años del inicio de la lenta destrucción de YPF, hoy hay una realidad de intereses complejos en juego. Donde la transparencia no sobra y donde el petróleo, a 125 dólares el barril, no puede ser parte de juegos mezquinos. Es un gran desafío para los años que vienen y todo indica que no es bueno perder tiempo para avanzar en un cambio soberano.

Un paso clave para una cuestión de Estado


La decisión de revertir contratos de YPF marca un punto de inflexión en la política de hidrocarburos. El rol del Grupo Eskenazi, las presiones del gobierno español y las posibilidades de un nuevo paradigma.
La determinación de los gobiernos de Chubut y Santa Cruz –a la que podrían acoplarse Mendoza y Neuquén– de revertir cuatro áreas concesionadas a la petrolera YPF por incumplir con las metas de inversión y producción marca un antes y un después en el posicionamiento de las provincias y de la Nación de cara a la estratégica cuestión del abastecimiento energético. No es casual que las decisiones llegaran en un año en que las divisas se han convertido en una cuestión de Estado y en tiempos en los que el control de los recursos naturales se avizora como herramienta central en el horizonte global. En efecto: el peso cada vez mayor de las importaciones energéticas en la balanza comercial y las perspectivas mundiales apuraron decisiones que venían madurando desde tiempo atrás y en las que tuvieron una relevancia determinante la impasible postura de la española Repsol y del Grupo Eskenazi frente a la creciente demanda de un mercado interno en expansión.
Lo que está en juego. “Los intereses de YPF no pueden estar disociados del desarrollo nacional porque es una empresa argentina con accionistas argentinos”, aseguró esta semana el ministro de Planificación, Julio De Vido. Fue en respuesta a su par español de Industria, José Manuel Soria, quien sostuvo desde Madrid que “los intereses de YPF son los de Repsol y los de España”. En la práctica, la afirmación de Soria no hizo más que poner de relieve el valor estratégico que para el Estado español tiene YPF, controlada por Repsol a través del directorio que dirige Antonio Brufau, uno de los empresarios peninsulares mimados por socialistas y conservadores, caso similar al de Emilio Botín –presidente del Banco Santander– y al de otra decena de “emprendedores” nacidos de las privatizaciones que comenzó Felipe González en el ’89 –entre ellas Repsol– y que completó José María Aznar en el ’97.
A pesar de que el Estado español no tiene participación accionaria en Repsol, ni en ninguna otra de las grandes privatizadas, no duda en hace lobby a favor de ellas. Endesa, Iberdrola, Aguas de Barcelona y Telefónica, al igual que bancos como el Bbva, Bankinter y Santander, gozan de sus favores. La razón es simple: son la clave de la economía del país en la medida en que buena parte de sus beneficios globales provienen de países latinoamericanos donde controlan sectores estratégicos. No es extraño que el propio rey Juan Carlos deje los ropajes reales para calzarse el traje de operador político de los holdings. Tampoco que conservadores y socialistas, con el apoyo de las confederaciones sindicales UGT y Ccoo, muestren los dientes, por ejemplo, cuando las energéticas rusas Lukoil y Gazprom intentaron hacerse de Repsol, o cuando la petrolera mexicana Pemex, en alianza con Sacyr, buscaron controlar la compañía.
Punto de inflexión. Quienes conocen el tablero aseguran que el punto de inflexión debe medirse en términos cualitativos y que no habrá soluciones mágicas. Son los que señalan que las áreas alcanzadas hasta ahora por las caducidades resueltas por los mandatarios Daniel Peralta y Mario Buzzi no son las que mayores volúmenes de producción y ganancias aportan a YPF. En el caso de Santa Cruz, los yacimientos de Los Monos y Cerro Piedras-Cerro Gaudal representan sólo el 0,7% de la producción de la compañía. Un golpe, sin duda, más duro en el caso de Chubut, donde las caducidades decretadas involucran los yacimientos El Trébol Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, áreas que reportan a la firma casi el 7% de su producción local.
Las reversiones, no obstante, operan como un aviso de lo que podría convertirse en una verdadera catarata de reversiones si YPF y otras empresas del sector no aumentan sus inversiones en exploración y explotación. Una cuestión que dejaron en claro Buzzi y Peralta durante el acto en el que firmaron los decretos de caducidad. En los hechos, que Mendoza y Neuquén –las dos principales provincias petroleras– se sumen a Chubut y Santa Cruz daría una cohesión tal a la estrategia que obligaría a Repsol a revisar su política. En los planes del gobernador mendocino Francisco Pérez están los yacimientos Ceferino y Cerro Mollar Norte; al tiempo que su colega neuquino, Jorge Sapag, avanzaría sobre Don Ruiz, Chihuido de la Salina y Rincón de Mangrullo.
Sin embargo, YPF no es la única petrolera cuestionada por el Gobierno Nacional y los gobernadores en materia de explotación y exploración. En Neuquén son varios los yacimientos que estarían rindiendo por debajo de su potencial. Rincón de Aranda y Veta Escondida, operados por la brasileña Petrobras son ejemplos de lo apuntado. En una situación similar estarían Aguada Villa Nueva, Meseta Buena Esperanza y Ojo de Agua, en los tres casos concesionados a la estadounidense Apache. El listado, que circuló durante el acto encabezado por Peralta y Buzzi, incluye Fortín Picun –a cargo de Tecpetrol, del Grupo Techint–, Paso Aguirre –explotado por Cima Petrol– y Covunco Norte –en manos de Argenta Energía–.
El grupo Eskenazi. Que el gobernador Buzzi deslizara que YPF funcionaba mejor antes del ingreso del Grupo Petersen a la petrolera (ver entrevista) revela en alguna medida los límites de la estrategia diseñada para “argentinizar” la compañía. Pero también la decepción del Gobierno Nacional ante lo actuado por el holding familiar que encabeza Enrique Eskenazi. En la práctica, el grupo quedó habilitado para entrar en el negocio por el interés del Ejecutivo nacional, pero también por el bajísimo costo de una operación que no cubrió con fondos propios, sino con un préstamo del vendedor concedido por la propia Repsol, ingeniería que se financia todavía hoy con los dividendos que reparte de la propia petrolera y los créditos otorgados por la banca internacional.
En el mercado aseguran que el Grupo Petersen no sólo no debió desembolsar suma alguna para hacerse del 25% del paquete accionario de YPF. También señalan que se benefició indirectamente con la aplicación de las retenciones móviles a las exportaciones de crudo, esquema que entró en vigencia en 2007 y que redujo el precio de venta de las acciones transferidas. Un panorama de por sí atractivo que mejoró aún más a partir de la sostenida alza en las cotizaciones del crudo y de los combustibles líquidos, que recuperaron terreno en los mercados internacionales y revitalizaron las utilidades obtenidas por la compañía. A la luz de los resultados, una clara muestra de la incapacidad de la burguesía nacional para asumir, a partir de los espacios que pone a su disposición el escenario local y global, un rol dinámico y autónomo de los capitales multinacionales.
Cambio de paradigma. Para no pocos observadores, las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales y articuladas por el Estado nacional podrían constituirse en el primer paso hacia un cambio de paradigma. Por lo pronto suponen un retorno efectivo a la concepción que califica a los hidrocarburos como un recurso estratégico e implican una clara intención de modificar el accionar que exhiben desde hace dos décadas las compañías petroleras. En los hechos, el desempeño de YPF demuestra el fracaso del modelo privatista; un agotamiento que es directamente proporcional a la caída de la producción y de las “reservas baratas”, aquellas que descubrió la YPF estatal y que facilitaron la estrategia maximizadora de ganancias desarrollada por el capital privado.
Si la nacionalización de YPF no parece la herramienta ideal para que el Estado retome el control de un sector estratégico, la pregunta cae de maduro: ¿cuál es la mejor alternativa? Desde algunos sectores, que no son obviamente los ligados a las empresas, ensayan como respuesta la creación de una empresa estatal mixta integrada verticalmente por la Nación y las provincias. Se trataría, entonces, de operar las áreas provenientes de las reversiones de los contratos. Quienes alientan esta idea agregan la necesidad de derogar el Decreto 1.212 del ’89 y el artículo 3º de la Ley 24.145 que permitieron a la YPF privatizada conservar el control de todas las áreas que explotaba la YPF estatal. De esta forma, las empresas que excedan la cantidad de concesiones y permisos de exploración estipulados por la Ley 17.319 deberían revertirlos a las provincias.
Quienes así piensan sostienen que la estrategia le permitiría al Estado nacional y a las provincias comenzar a operar mediante una empresa testigo sin necesidad de concretar inversiones de gran envergadura. Algunos agregan al esquema a la estatal Enarsa, empresa que hasta el momento opera importando combustibles para abastecer la demanda interna que no cubre el sector privado. Obviamente, el desafío es grande. En definitiva se trata de revertir una lógica de acumulación, basada en la subexploración y la sobreexplotación, que comenzó con las privatizaciones periféricas de la última dictadura y que profundizó la política neoliberal de los años ’90. Un paso esencial para recuperar un recurso estratégico.

sábado, 17 de marzo de 2012

Domitila Chungara Fue una mujer de extraordinario valor que supo sobreponerse a la desventura


Homenaje. El 8 de marzo de 2009 recibió una distinción de la Prefectura de Cochabamba. Ayer, dejó este mundo Domitila Barrios de Chungara. Extraordinaria mujer que luchó incansablemente por una Bolivia más justa y un mejor futuro para los bolivianos; en especial para los estratos menos favorecidos. De origen humilde, le tocó nacer y vivir entre las penurias y sacrificios de las minas, a los  que supo sobreponerse con un valor y entereza admirables.
Domitila Chungara nació en 1937 en Pulacayo, zona minera de Potosí. Desde muy pequeña conoció la desventura, pero también encontró la fortaleza para salir adelante. Cuando aún era una adolescente, los rigores del trabajo minero acabaron con la vida de su padre; entonces tuvo que cuidar a sus cinco hermanas menores, pues su madre estaba muy enferma. Con el correr de los años, dejó de ser una víctima de las circunstancias y pasó a convertirse en dueña de su destino. En 1952, como esposa de un trabajador minero, fue parte del Comité de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX. Ya entonces su liderazgo era evidente, lo que la llevó a ser designada Secretaria General de ese organismo.
En junio de 1967, el dictador René Barrientos envió un contingente militar contra las comunidades de Catavi y Llallagua, para reprimir las reivindicaciones de los mineros parapetados contra la explotación y los abusos de los grandes empresarios. Tras la matanza, Chungara fue apresada y torturada por los militares. Producto de estos abusos perdió el bebé que llevaba dentro de su vientre.
En el libro Mujeres del siglo XX, el escritor uruguayo Kintto Lucas rescata el testimonio de Domitila respecto a ese brutal atropello ocurrido en la noche de San Juan… “Y como si la fatalidad del destino hiciera, comenzó el trabajo de parto. Me apoyé y me cubrí la cara, porque no podía hacer ni un poquito de fuerza. La cara me dolía como para reventarme (por los golpes sufridos poco antes). Y en uno de esos momentos, me vencía. Noté que la cabeza de la wawa ya estaba saliendo... y allí mismo me desvanecí. Y cuando volví a despertar, estaba toda mojada (…) Entonces hice un esfuerzo y resulta que encontré el cordón de la wawa. Y a través del cordón, estirando el cordón, encontré a mi wawita, totalmente fría, helada, allí sobre el piso”.
Una década después, sería una de las principales promotoras de la caída del régimen de Hugo Banzer Suárez. En la Navidad de 1977, Chungara inició una huelga de hambre junto con otras cuatro mujeres mineras contra la dictadura. Les siguieron los sacerdotes Luis Espinal y Xavier Albó; y en poco tiempo, más de 1.500 personas se sumaron a la huelga. Con el correr de las horas, los huelguistas se multiplicaron por miles, y al régimen militar no le quedó otra opción salvo la de claudicar en favor de la democracia. Por éstas y otras memorables acciones, hoy le rendimos un sentido homenaje a esta admirable y valiente mujer boliviana.

viernes, 16 de marzo de 2012

EVO PIDE QUE LO EXPULSEN El presidente Evo Morales cuestionó en Austria, la exclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas por parte de Estados Unidos (EEUU) y Canadá, por ser un país socialista y pidió que lo expulsen de la OEA.


En conferencia de prensa ante medios internacionales, el Jefe de Estado sugirió democratizar las Naciones Unidas, acusando a este organismo de permitir “los golpes de Estado” en países de América Latina con el supuesto aval de los Estados Unidos.

“Ahora hay muchos presidente de tendencia comunista marxista leninista, soy parte de eso y yo pido que me expulsen de la OEA, si con ese pretexto antes expulsaron a Cuba, (…), lamentablemente todos los países de América estamos sometidos a una posición tan autoritaria de Estados Unidos y de Canadá para que no pueda participar Cuba (en la cumbre de las Américas)”, sostuvo Morales.

“Los países antiimperialistas de América Latina, somos acusados de terroristas, autoritarios y de narcotraficantes, por tanto esta historia se repite (…) yo sigo convencido, no hay consejo de seguridad en las Naciones Unidas, creo que es un consejo de inseguridad, por eso hay que empezar a democratizar las Naciones Unidas, tengo profundas diferencias si hablamos de la vida”, manifestó.

El mandatario sostuvo que Bolivia tiene derecho a mantener relaciones diplomáticas con todo el mundo, recordó que cuando ingresó a la presidencia el año 2006, la Embajada de los Estados Unidos le pidió que no tenga relaciones bilaterales con Cuba, Venezuela e Irán, por lo que expulsó dos años más tarde al embajador estadounidense, Philip Goldberg, a quien lo acusó de injerencia e intromisión en las políticas internas del país.

La VI Cumbre de las Américas, se llevará a cabo en Cartagena, Colombia los días 14 y 15 de abril 2012 con la presencia de 34 jefes de Estado.

Las Cumbres de las Américas reúnen cada tres años a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OEA, para debatir sobre aspectos políticos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional, con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros, explica el portal web de la Secretaría de la Cumbre.

El lema central del evento de este año es ‘Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad’, el cual se enfoca en el rol de la integración física y la cooperación regional como medios para alcanzar mayores niveles de desarrollo y superar la pobreza, las desigualdades, la seguridad ciudadana, los desastres y el acceso a las tecnologías.

Fuente: Aporrea.org

Esta vez no hay un Arca de Noé, nos salvamos o perecemos todos


16 MARZO 2012 HAGA UN COMENTARIO
Leonardo Boff
Leonardo Boff
“El mercado no va a resolver la crisis ambiental”, dice el teólogo y ecologista Leonardo Boff, profesor de la brasileña Universidad del Estado de Río de Janeiro. La solución, insiste, está en la ética y en la batalla de los pueblos originarios para cambiar la relación con la naturaleza.
Boff, que enseña Ética, Filosofía de la Religión y ecología, es uno de los principales representantes de la Teología de la Liberación, corriente progresista de la Iglesia Católica en América Latina, ha escrito más de 60 libros y dedicó los últimos 20 años a promover el movimiento verde.
Fue uno de los 23 impulsores de la Carta de la Tierra en 2000 y, un año después, recibió el Right Livelihood Award, conocido como el Premio Nobel Alternativo, que se otorga a personalidades destacadas en la búsqueda de soluciones a los problemas globales más urgentes.
“Si no cambiamos, vamos al encuentro de lo peor… O nos salvamos o perecemos todos”, dijo Boff en una entrevista concedida a Tierramérica en la capital mexicana, tras asistir como observador a la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada este mes en Cancún.
TIERRAMÉRICA: ¿Cómo evalúa la COP 16?
LEONARDO BOFF: Lo que predominó, salvado en los últimos dos días, fue una atmósfera de decepción, de fracaso. Pero sorprendentemente hubo tres convergencias: el compromiso de luchar para no llegar a (un aumento de la temperatura mundial de) dos grados; la creación del Fondo (Climático Verde) de 30.000 millones de dólares (para 2012) a fin de ayudar a los países más vulnerables, una señal de solidaridad interesante; y la creación de un gran fondo para la reducción de la deforestación y la degradación de los bosques, porque ahí está la causa principal de calentamiento global.
¿Cómo entender la posición de Bolivia, único país que no aceptó estos compromisos?
Bolivia parte de la tesis de que la Tierra es Pachamama, un organismo vivo que hay que respetar, cuidar, y no sólo explotar. Es una visión contraria a la dominante, que está en el marco de la economía: vender bonos de carbono, por ejemplo, que significa tener derecho a contaminar.
Las sociedades dominantes ven a la Tierra como un baúl de recursos que se pueden sacar infinitamente, aunque ahora hay que sacarlos con sustentabilidad, porque son escasos. No reconocen dignidad y derecho a los seres de la naturaleza, los ven como medios de producción y su relación es de utilidad. Esos son temas que no entran en Cancún ni en todas las COP.
¿Por qué tendrían que estar?
Porque el sistema que ha creado el problema no nos va a sacar de él. Si cada país tiene que crecer un poco al año y al hacerlo degrada la naturaleza y acrecienta el calentamiento, entonces, ese sistema es hostil a la vida.
El argumento es que es necesario para el desarrollo...
¿Crecer significa qué? ¿Explotar la naturaleza? Exactamente ese tipo de crecimiento y desarrollo puede llevarnos a un abismo, porque los seres humanos estamos consumiendo 30 por ciento más de lo que la Tierra puede reponer.
Ahí está el círculo vicioso. China no puede contaminar 30 por ciento, como contamina, porque la contaminación no se queda en China, entra al sistema global.
El problema es la relación del ser humano con la Tierra, porque es violenta, de puño cerrado… Mientras no cambiemos eso, vamos al encuentro de lo peor. Y esta vez no hay un Arca de Noé. Nos salvamos o perecemos todos.
¿Tan grave es?
Hay regiones del mundo que han cambiado tanto que ya se hacen inhabitables. Por eso hay 60 millones de desplazados en África y el sudeste de Asia, que son los más afectados y los que menos contaminan. Si no lo paramos, en los próximos cinco o siete años serán como 100 millones de refugiados climáticos, y eso va a crear un problema político.
¿Cuál es el papel de América Latina?
LB: Es el continente que más posibilidades tiene de una contribución positiva a la crisis ecológica: tiene los más grandes bosques húmedos y reservorios de agua, la más grande biodiversidad y tal vez las extensiones más grandes para cosechas.
Pero todavía hay una insuficiente conciencia ecológica en gran parte de la población. Y, por otra parte, hay una invasión muy riesgosa de grandes empresas que se están apropiando de vastas regiones. Es una apropiación de bienes comunes en función de beneficios particulares.
En Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, de a poco se están dando cuenta del juego nuevo del capital: una gran concentración de medios de vida para garantizar el futuro del sistema.
¿Qué opciones hay?
Tenemos fondos y tecnología, pero nos faltan la voluntad política y la sensibilidad con la naturaleza y la humanidad sufriente. Eso hay que rescatar. Y junto con la ética del cuidado va la ética de la cooperación. Ahora se impone la cooperación de todos con todos.
¿Es posible? ¿Qué hay que hacer?
Hay movimientos, especialmente en grupos que ven que sus tierras son divididas, como La Vía Campesina y los Sin Tierra de Brasil. Y los indígenas, que no ven a la Tierra solo como un instrumento de producción, sino como una extensión de su cuerpo, y la necesitan para garantizar su identidad.
Estamos buscando el equilibrio y esa es la tarea colectiva de la humanidad que el mercado y la economía no van a resolver. Cada uno tiene que hacer su parte, ser más con menos, tener un sentido de la justa medida. El problema no es de dinero.
(Tomado de IPS)

Mal Arreado OTA, El 28 de Abril, se presentan en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata

Honduras: NO a la Cárcel por la Píldora de Emergencia

 

100,000
36,978
36,978 han firmado. Ayúdanos a llegar a 100,000
Publicado: 15 Marzo 2012
En pocos días, Honduras podría aprobar una ley extremista que encarcelaría a las mujeres por tomar la píldora anticonceptiva de emergencia, incluso si han sido violadas. Pero podemos frenar esta ley y devolverle a las mujeres la posibilidad de prevenir un embarazo no deseado.

Algunos miembros del Congreso hondureño consideran que esta ley -- que también podría meter a la cárcel a médicos y a cualquiera que venda las pastillas anticonceptivas de emergencia -- es excesiva. Pero la mayoría de diputados está cediendo ante el lobby religioso, que falsamente alega que el uso de esta píldora es abortivo. Pero el líder del Congreso Nacional, que quiere cuidar su reputación nacional e internacional para lanzarse a la Presidencia de Honduras, puede detener esta ley. Si nos unimos y lo presionamos ahora, podremos lograr que él se oponga y que se hunda esta ley despiadada.

La votación podría ocurrir en cualquier momento. Mostremos ya a los dirigentes de Honduras que el mundo no va a quedarse callado mientras encierran a las mujeres en la cárcel por intentar prevenir un embarazo no deseado, incluso cuando han sido violadas. Firma la urgente petición a la derecha pidiéndole al Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández que defienda los derechos de las mujeres. Si alcanzamos 400.000 firmas, grupos locales de mujeres entregarán nuestra petición personalmente a Hernández en el Congreso.


Action Trackchair

15.03.2012 | Por “incumplimiento sustancial e injustificado” de sus obligaciones contractuales Chubut y Santa Cruz le quitaron cuatro áreas de concesión a YPF Ante una multitud, los gobernadores Martín Buzzi y Daniel Peralta firmaron los decretos por los cuales dejaron sin efecto los contratos correspondientes a la cuenca del Golfo San Jorge. La empresa adelantó que recurrirá a la justicia.


Los gobiernos de Chubut y Santa Cruz decidieron ayer declarar la caducidad de áreas petroleras operadas por YPF en la cuenca del Golfo San Jorge. 
En un acto público en Puesto Ramón Santos, en el límite entre ambas provincias, los gobernadores Martín Buzzi y Daniel Peralta firmaron dos decretos revirtiendo las concesiones, a raíz del “incumplimiento sustancial e injustificado” de las obligaciones, tanto en materia de inversiones como en lo que refiere a explotación de los yacimientos.

En esta línea, la decisión le otorga a YPF un plazo de 90 días para entregar los yacimientos, aunque si decidiera abandonarlos antes de ese plazo, las provincias se harían cargo en forma instantánea. 
En un estrado colmado de funcionarios municipales, jefes sindicales y los representantes nacionales Daniel Cameron, secretario de Energía, y Roberto Baratta, secretario de Planificación, los jefes de Estado de las provincias rubricaron dos decretos, uno para cada provincia: el Decreto 324, para Chubut, deja sin efecto los contratos de explotación en los yacimientos de El Trébol-Escalante y Campamente Central-Cañadón Perdido. Por su parte, el Estado santacruceño, vía Decreto 393, declaró la caducidad de las concesiones que YPF tiene en el área Los Moños y Cerro Guadal Norte.  Ante la atenta mirada de los más de 15 mil trabajadores y pobladores presentes, el acto se inició con un video en el que se veían imágenes del comienzo de la YPF estatal, con un locutor que expresó que la decisión de quitar las concesiones está relacionada con que “se ha decidido recuperar el rol de los estados, dando un paso hacia el cumplimiento de un objetivo planteado por la presidente Cristina de Kirchner de recuperar el autoabastecimiento de nuestros combustibles”.
El primero de los oradores, luego de la firma de los decretos, fue el secretario de Energía, Daniel Cameron, quien expresó que “este es un día muy importante” para el país en materia de hidrocarburos. En esta línea, el funcionario explicó que la determinación de revertir concesiones en Chubut y Santa Cruz obedece al “cumplimiento de la ley a la defensa de los recursos naturales y a la identidad de los santacruceños y de los chubutenses”.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, sostuvo que “con el petróleo no se juega, es un bien público. Con esta sinergia lograda en la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPPHI) pondremos objetivos comunes. Está claro que la ecuación energética debe ser retomada por el pueblo y no por intereses ajenos. Hoy damos un paso importante en este sentido.”
En el cierre del acto, Martín Buzzi, que además de gobernador es presidente de la Ofephi, afirmó que “hoy acabamos de rescindir contrato a YPF porque esto está en el futuro de todos. Nosotros le estamos dando un tiempo que son 90 días para que nos entreguen el yacimiento en funcionamiento. Les quiero decir algo, si por alguna cuestión deciden irse nosotros nos hacemos cargo del yacimiento el día después.”
“No lo hacemos de guapos –afirmó Buzzi–, lo hacemos porque estamos tomando las decisiones que tiene que tomar el Estado defendiendo los recursos naturales. Nosotros cuando hay una operadora que no cumple, le sacamos la concesión. El Estado provincial, nacional y los municipios tenemos la potestad sobre los recursos naturales.” En esta línea, Buzzi consideró que “es una vergüenza que la Argentina tiene que estar importando combustible. Esa decisión tiene nombre y apellido: el 50% de la energía la produce YPF, que ha decidido no luchar por los argentinos. Nosotros hemos dicho basta, este es el punto límite, no van a pasar de acá.” Por último, agregó que “las acciones de YPF van a seguir bajando pero porque están subiendo nuestras acciones, las del pueblo patagónico que son las que a nosotros nos importan. Seguramente vendrán tiempos difíciles, pero lo mejor está por venir porque este Estado se hace cargo de los recursos naturales y de las responsabilidades.”
La respuesta de YPF a la decisión de los gobiernos no tardó en llegar. Por medio de un comunicado, la firma anunció que irá a la justicia. “Ante la decisión de Chubut de revertir unilateralmente dos áreas operadas por YPF (Escalante-El Trébol y Campamento Central-Cañadón Perdido) y luego de haber presentado en tiempo y forma su descargo, la compañía informa que emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos y para la exigencia, en su caso, de responsabilidades públicas”, explica el texto, y agrega que “tal y como se señala en la Fórmula de Descargo presentada por la compañía, YPF cumplió con las pautas de inversión establecidas en el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos para las áreas analizadas, ya que realizó las inversiones necesarias para una explotación racional y adecuada de los yacimientos. En Chubut se evidencia un crecimiento ininterrumpido de inversiones desde el año 2009, que asciende a U$S 350 millones en 2011, lo que representa un incremento del 236% en ese período.” En esta línea, la firma aseguró que “no están dadas las condiciones de seguridad jurídica en la provincia que permitan a YPF y sus socios el normal desarrollo de sus actividades según lo establecido en la ley de hidrocarburos y la Constitución Nacional”.  A última hora de ayer, se descartaba que, a través de la estatal Petrominera Chubut, la provincia se hará cargo del manejo de los pozos. Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo Argentino que lo más probable “es que se busque crear una Unión Transitoria de Empresas para que junto al Estado ejerzan el control de las áreas”. De todos modos, se hará uso de los 90 días de plazo para trabajar en un esquema de manejo de las zonas recuperadas. <

miércoles, 14 de marzo de 2012

EL PAIS › LA CORTE SUPREMA EXPLICO EL DERECHO AL ABORTO NO PUNIBLE Y FIJO PAUTAS PRECISAS PARA SU CUMPLIMIENTO El fallo que pone en vereda a jueces y médicos


El tribunal despejó las dudas sobre el aborto no punible: toda mujer tiene ese derecho si hubo una violación. Además, los jueces dijeron que no es necesaria la denuncia judicial del abuso. Y determinaron pautas para la Justicia y el sistema de salud.
 Por Irina Hauser
“Lejos de estar prohibido”, el aborto “está permitido y no resulta punible” cuando “el embarazo es consecuencia de una violación”. Vale para toda mujer. Es un derecho que se debe interpretar en forma “amplia” y sin distinciones “discriminatorias” que lo limiten a quienes padecen una discapacidad mental. Interrumpir la gestación producto del abuso sexual tampoco requiere ninguna clase de autorización judicial ni trámite burocrático. Así lo estableció la Corte Suprema, finalmente, en un fallo que aclara que ésa es la única interpretación posible del Código Penal y advierte que cualquier otra que intente obstaculizar el acceso al aborto no punible sólo pone a las mujeres en una nueva situación de “violencia”, pero “institucional”. El tribunal exhortó a funcionarios de la Justicia y médicos a dejar de judicializar estos casos, una “práctica” que calificaron tanto de “innecesaria e ilegal” como “cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada y es también contraproducente porque la demora que apareja pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras”. La resolución conmina a las autoridades nacionales, provinciales y porteñas a aplicar “normas de alto nivel” y “protocolos hospitalarios” para atender “abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.
La sola mención de la palabra “aborto” fue tabú en la Corte años atrás, antes de su renovación en 2003. Si emergía, aparecía teñida de creencias religiosas, valores culturales o principios morales. La misma lógica que ha hecho que durante décadas la respuesta tanto del sistema de salud como de los tribunales haya sido introducir a las embarazadas víctimas de violencia sexual en laberintos judiciales interminables tendientes a agravar sus circunstancias más que a ampararlas. Ahora el alto tribunal decidió despojar el tema de esos condimentos y “fijar una doctrina” que resuelva “cómo interpretar el Código Penal”, explicó ayer el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al presentar en sociedad el fallo, que pidió despegar de la discusión por la despenalización del aborto en general (ver aparte). La decisión fue unánime en sus resultados generales, aunque dos jueces –Enrique Petracchi y Carmen Argibay– hicieron votos aparte, más acotados.
“Hay una secuencia extendida de casos a lo largo y lo ancho del país que le dan al tema una gravedad institucional que requiere solución”, enfatizó Lorenzetti. La judicialización de los abortos no punibles, dijo ante periodistas, “afecta los derechos de la mujer” y muestra que “el sistema no está funcionando bien”, evaluó. Con este diagnóstico, explicó, la Corte decidió admitir como caso testigo el de A. G., una adolescente de Comodoro Rivadavia que fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años. Su mamá optó por llevar el pedido de aborto a la Justicia para que se hiciera en un hospital público de modo de resguardar muestras genéticas que sirvieran para probar la violación. En la Justicia penal, juez y fiscal se declararon incompetentes, el fuero de familia rechazó la petición en primera y segunda instancia y, cuando el embarazo de A. G. ya tenía 20 semanas, la Corte Suprema de Chubut dio vuelta el enfoque y ordenó encuadrar el reclamo como un aborto no punible. Aunque descartó la necesidad de autorización, la firmó para saldar una polémica que se estiraba mientras la joven “presentaba síntomas depresivos” e “ideas suicidas” ante un “embarazo” que avanzaba y era “vivido” por ella como “un evento extraño, invasivo”.
El aborto se hizo el 11 de marzo de 2010. Pero un asesor general subrogante de la provincia recurrió a la Corte invocando “derechos del niño por nacer” y con el argumento de que el aborto sólo podía autorizarse si la víctima era “idiota o demente”, según su interpretación del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, la misma que suelen aplicar muchos de sus colegas y jueces. Para la Corte, la historia de A. G. es “susceptible de repetición”. No importa si el aborto ya se hizo. Por la controversia jurídico-histórica, a otras mujeres les podría pasar lo mismo. “Queremos evitarlo”, dijo Lorenzetti. Además precisó que la Argentina fue observada por organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité por los Derechos del Niño, e intimada a eliminar los escollos que impiden el acceso a abortos no punibles. Omitir el tema puede “comprometer la responsabilidad del Estado Argentino”, admite el fallo.
El voto de la mayoría de los jueces supremos tiene dos ejes:
- Uno define los alcances del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que fija que no es punible el aborto si el embarazo es producto de una violación “cometida sobre una mujer idiota o demente”. Para la Corte la única distinción que hace la ley es que quien sufre una discapacidad mental necesita que alguien lo represente para consentir la intervención médica. Cualquier otra lectura, dicen los jueces, es una “distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito” cuando, además, la obligación estatal es proteger a todas las víctimas de la violencia sexual. “La pretensión de exigir a toda otra víctima de un delito sexual llevar a término un embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más fundamentales, resulta, a todas luces, desproporcionada y contraria al postulado (...) que impide exigirles a las personas que realicen, en beneficio de otras o de un bien colectivo, sacrificios de envergadura imposible de conmensurar”.
“No es punible toda interrupción del embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima”, despeja la Corte en forma contundente. Para desarticular el planteo del asesor tutelar chubutense, los jueces supremos dicen que ni la Constitución ni los tratados de derechos humanos que suscribe el país –y en que él se basa– prohíben la realización de abortos frente a embarazos producto de una violación sino que, al contrario, impide castigarlos en función de los principios de igualdad, dignidad y legalidad. Tampoco dicen nada del derecho a la vida o los abortos en general. En esa clave amplia dice que hay que leer el artículo 86 (que precisa los permisos para abortar), cuya vigencia y constitucionalidad ratifica.
- El otro eje alude a las consecuencias palpables de la judicialización de abortos no punibles a través de la exigencia de una autorización judicial. “Se sigue manteniendo una práctica contra legem (contra la ley) fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales como provinciales (...) exigiendo allí donde la ley nada reclama requisitos tales como la solicitud de una autorización para practicar la interrupción del embarazo producto de una violación, lo que termina adquiriendo características intolerables a la luz de garantías y principios constitucionales”. En este punto el tribunal cuestiona que queda expuesta “la vida privada” de la víctima y se pone en riesgo el “derecho a la salud” y a un aborto “en condiciones seguras”.
La Corte es taxativa: a una mujer que pide acceder a un aborto en esas circunstancias no se le puede pedir autorización alguna de un juez. Basta con que firme una declaración jurada que consigne ante el médico la situación de abuso, ni siquiera es imprescindible que haga una denuncia penal (ver aparte). De lo contrario la Justicia estaría interponiendo, dice la resolución, “un vallado extra” y “entorpece una concreta situación de emergencia sanitaria”. “Este tribunal –afirma el fallo– se ve en la necesidad de advertir a los profesionales de la salud la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales” y “recuerda a los operadores de los distintos poderes judiciales del país que”, según las excepciones del Código Penal, “es la embarazada que solicita la práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido del médico”.