¿Que es el Consenso de Washington?

Para otros usos de este término, véase Consenso (desambiguación).

Se entiende por Consenso de Washington un listado de políticas económicas consideradas durante los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos, con sede en Washington D.C. (District of Columbia), Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos deberían aplicar para impulsar el crecimiento. A lo largo de la década el listado y sus fundamentos económicos e ideológicos se afirmaron, tomando la característica de un programa general.

Origen del Consenso de Washington

En realidad el Consenso de Washington fue formulado originalmente por John Williamson en un documento en noviembre de 1989 ("What Washington Means by Policy Reform", que puede traducirse como "Lo que quiere decir Washington con reformar orientaciones políticas" o "Lo que desde Washington se entiende como reforma de las orientaciones políticas"). Fue elaborado también en un documento como trabajo para una conferencia organizada por el "Institute for International Economics", al que pertenece John Williamson.^{[cita requerida]}

El propio Williamson cuenta que en ese histórico borrador incluyó "una lista de diez políticas que personalmente pensaba eran más o menos aceptadas por todo el mundo en Washington". Originalmente, ese paquete de medidas económicas estaba pensado para los países de América Latina, pero con los años se convirtió en un programa general. Las siguientes políticas económicas son a continuación:

1. Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit)
2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público de áreas como subsidios (especialmente subsidios indiscriminados) hacia sectores que favorezcan el crecimiento, y servicios para los pobres, como educación, salud pública, investigación e infraestructuras.
3. Reforma Impositiva (buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados)
4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés
5. Un tipo de cambio de la moneda competitivo
6. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de barreras aduaneras)
7. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas
8. Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales)
9. Desregulación de los mercados
10. Protección de la propiedad privada.

Hay que puntualizar que por "más o menos", Williamson entendía el complejo político-económico-intelectual que tiene sede en Washington D. C.: los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), el Congreso de los EEUU, la Reserva Federal, los altos cargos de la Administración, y los institutos con destacados expertos (think tanks) económicos. Aunque Williamson subrayó que debe aplicarse con criterio, la lista pronto se convirtió en lo que más o menos pensaban los economistas sobre lo requerido para el progreso de todos los países en vías de desarrollo. Sin embargo, los ciclos de auge y apogeo no terminaron y se expandieron de América Latina a otros países, y también hubo pérdida del producto que duró más o menos una década para que las economías regresasen al nivel anterior a la transición. Y por cierto, también hubo una serie de crisis financieras a nivel más o menos generalizado.

El consenso sin duda no logró los resultados esperados. Se llegó a demostrar que el crecimiento efectivamente está ligado al comercio, pero que se debían dar incentivos para dicho comercio; además, la liberalización del comercio a veces deterioraba esos incentivos (apreciación cambiaria, por ejemplo). Mientras fue posible, se logró el crecimiento a través del comercio con incentivos tales como la reducción de los derechos a las exportaciones, un tipo de cambio más competitivo, la liberalización de las exportaciones antes que las importaciones (industrialización sustitutiva de importaciones), el mejoramiento de la infraestructura para el comercio exterior, y la creación de zonas francas.

Otra dificultad identificada, fue que las estrategias se centraron más en la eficiencia que en ampliar la productividad y por ende el crecimiento, por lo que estas reformas verdaderamente no inducían el crecimiento.

Además, si bien estas recomendaciones de política económica se planearon para crecimiento sostenido, no se resolvieron satisfactoriamente los fallos públicos y del mercado, que impiden acumular capital y aumentar la productividad.

Esa breve lista tomó autonomía y se constituyó en lo que más tarde se denominaría «neoliberalismo», especialmente por parte de sus críticos.

Con posterioridad, la "lista" inicial fue completada, ampliada, explicada, y corregida. Así y en distintos foros, se ha oído hablar del "Consenso de Washington II", y del "Consenso de Washington III".^1 2 3

[editar]Críticas al consenso de Washington

Asimismo el Consenso de Washington ha recibido gran cantidad de críticas. Quizás las más importantes sean las que le formulara Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y ex vicepresidente del Banco Mundial. Críticos de la liberalización como Noam Chomsky o Naomi Klein,⁴ ven en el Consenso de Washington un medio para abrir el mercado laboral de las economías del mundo subdesarrollado a la explotación por parte de compañías del primer mundo.

Otras críticas provienen desde la antiglobalización hasta del mismo liberalismo económico junto con algunas de sus corrientes: la escuela clásica y la escuela austríaca. Ellos argumentan además que los países del primer mundo imponen las políticas del Consenso de Washington sobre los países de economías débiles, mediante una serie de organizaciones burocráticas supraestatales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además de ejercer presión política y extorsión. Se argumenta además, de forma muy generalizada, que el Consenso de Washington no ha producido ninguna expansión económica significativa en Latinoamérica, y sí en cambio algunas crisis económicas severas, y la acumulación de deuda externa que mantiene a estos países anclados al mundo subdesarrollado.

A su vez, sus políticas educativas, si bien en buena medida acatadas en Latinoamérica (especialmente en países como Chile y Argentina) donde tenían considerable buena prensa, ha sido criticada desde dentro de estas mismas sociedades, en trabajos como el de José Luis Coraggio La educación según el banco mundial, que ponía en entredicho el modelo educativo neoliberal y las posibles consecuencias de su implementación, consecuencias que luego se ha visto como ciertas, y que en buena medida explotaron en la Crisis Educativa en Chile del 2011.⁵

¿Qué es el CIADI?

El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el foro  de arbitraje y conciliación del Grupo del Banco Mundial. Es presidido por un Secretario General que hasta 2009[i] era al mismo tiempo el Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico General del Banco Mundial.

Fue creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI o Convenio), elaborado por los Directores Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (el Banco Mundial), quienes en marzo de 1965, sometieron el Convenio a los gobiernos miembros del Banco Mundial para su consideración con vistas a la firma y ratificación del mismo. El Convenio entró en vigor el 14 de octubre de 1966, cuando fue ratificado por 20 países y a la fecha cuenta con 144 Estados Contratantes.

En palabras de un ex Secretario General del CIADI, Roberto Dañino Zapata, pronunciadas en un seminario en 2005, las características del CIADI y de los procedimientos de arbitraje son las siguientes:

Según se establece en el Convenio, el CIADI es un organismo intergubernamental autónomo, con un órgano de gobierno propio, un Consejo Administrativo, y un Secretariado.

Más allá de su autonomía institucional, existen fuertes vínculos entre el CIADI y el Banco Mundial: su sede se encuentra en las oficinas centrales del Banco, en Washington; su membresía, en términos generales, está limitada a aquellos estados que son miembros también del Banco; el personal que trabaja en el CIADI es en su totalidad personal del Banco destacado al Centro; y, además, tradicionalmente, el Vicepresidente y Asesor Jurídico del Banco ha sido siempre elegido por el Consejo Administrativo del CIADI como su Secretario General.

El CIADI, en si mismo, no arbitra ni concilia esas disputas. Estas funciones las ejercen las comisiones de conciliación y los tribunales de arbitraje, constituidos “ad hoc” por las partes, para cada procedimiento. Así, las funciones del CIADI son básicamente las de una secretaría de apoyo a las tareas de los tribunales de arbitraje.

En los últimos 40 años, el CIADI se ha convertido en el principal foro arbitral a nivel mundial para la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Ello se debe en gran medida a las seis características principales del Centro, las que paso a comentar.

La primera característica es la universalidad del sistema. Hoy en día el CIADI cuenta con 142 países miembros. Además, a través del Reglamento del Mecanismo Complementario, tienen acceso al CIADI aquellos países que no habiendo suscrito el Convenio de Washington, como Canadá y México, han optado por permitir que los desacuerdos de NAFTA[ii] se ventilen ante el Centro.

La segunda característica es la estructura jurídica propia y autónoma de la institución. El CIADI se basa exclusivamente en un tratado, normas y reglamento propios. Es así que el CIADI es uno de los pocos fueros internacionales al que inversionistas privados pueden tener acceso directo. Cabe aclarar que el Convenio permite que un Estado también pueda iniciar un procedimiento en contra de un inversionista. En la práctica sólo han habido dos casos en los que esto ha sucedido.

En tercer lugar, el CIADI tiene una jurisdicción limitada. En efecto, la competencia del CIADI se circunscribe a diferencias de orden jurídico relativas a inversiones. El concepto de “inversión”, sin embargo, no está definido en el Convenio. Ello brinda a los tribunales arbítrales cierta flexibilidad para delimitar su competencia, aunque respetando los estándares objetivos que con el tiempo han ido aclarando los laudos y decisiones de los tribunales.

La cuarta de las características del CIADI es la de ser un sistema consensual. La ratificación por los Estados del Convenio de Washington que creó el CIADI no acarrea ninguna obligación para los estados contratantes de someterse a los mecanismos arbítrales o de conciliación del CIADI. Esas obligaciones sólo surgen para los Estados una vez que éstos han expresamente aceptado, por escrito, que una disputa en particular o clase de disputas sean objeto de arbitraje o conciliación. Eso si, una vez otorgado el consentimiento, y al igual que en cualquier cláusula de arbitraje, éste no puede ser retirado en forma unilateral.

La quinta característica del arbitraje ante el CIADI es su independencia de los órganos judiciales de los estados contratantes. Según lo establece el Convenio, el consentimiento a la competencia del CIADI excluye cualquier otro remedio o vía jurisdiccional.

A su vez, los laudos arbítrales dictados por los tribunales constituidos mediante los mecanismos del CIADI son inapelables, y no pueden ser revisados por las cortes locales. Es más, el mismo Convenio establece que la revisión, la rectificación, la interpretación y la anulación son los únicos recursos posibles. Estos deben tramitarse ante el propio CIADI conforme a sus normas y reglamento.

Finalmente, la sexta característica del CIADI durante estos “primeros” cuarenta años, ha sido su efectividad.

El Convenio ha dotado al CIADI de herramientas que le permiten evitar que la renuencia de alguna de las partes a colaborar con el Tribunal pueda frustrar el proceso arbitral.

Por ejemplo, el Convenio prevé mecanismos para la constitución de los tribunales cuando alguna de las partes se rehúsa a nombrar árbitros u obstaculiza indebidamente su elección. Prevé, también, la posibilidad de dictar laudos aún cuando alguna de las partes esté en rebeldía o se haya ausentado del proceso.

Los estados contratantes, por su parte, han reconocido los efectos vinculantes de los laudos arbítrales del CIADI, equiparándolos a las sentencias definitivas con autoridad de cosa juzgada emanadas de las cortes locales.

Si bien es cierto que los estados contratantes del Convenio no han renunciado a su inmunidad de ejecución, el desacato de un laudo arbitral constituiría la violación de un tratado internacional.

 Por otra parte menciona:

Un paneo general por la historia del CIADI nos muestra que el crecimiento de esta demanda ha sido exponencial, y constituye uno de sus mayores desafíos. Basta señalar que hace sólo 10 años el CIADI tenía cinco causas pendientes por un valor total de 15 millones de dólares mientras que hoy tenemos 97 casos en trámite con montos en disputa que superan los 25 mil millones de dólares.

Es de esperar que .. las … tendencias en el flujo de inversiones y en la expansión de instrumentos internacionales continúen aumentando y por tanto incrementando también el número de casos ante el CIADI.

Por otra parte, en aras de fortalecer las garantías de independencia e imparcialidad de los Tribunales del CIADI, hemos propuesto modificar nuestras reglas exigiendo de los árbitros declaraciones más exhaustivas sobre sus relaciones de negocios o profesionales que pudieran suscitar conflictos de interés o la desconfianza de las partes.

Según el último Informe Anual del CIADI publicado a la fecha (2010)[iii]:

En 2010 había en el mundo más de 2.700 tratados de inversiones, en comparación con aproximadamente 70 en 1965. En la mayoría de ellos se ofrecen mecanismos de resolución de diferencias al amparo del Convenio.

Esto ha alterado dramáticamente la carga de casos del CIADI. Un aspecto evidente es el mayor número de procedimientos: de un único caso en 1972 se pasó a un promedio que supera levemente los 23 nuevos casos por año en el período 2000–2009. Esta tendencia se mantuvo en el ejercicio de 2010, en que el CIADI registró 27 nuevos casos, administró 154 casos en curso y concluyó 34 procedimientos.

Al 30 de junio de 2010, había 155 Estados signatarios del Convenio del CIADI. De éstos, 144 Estados son Estados Contratantes del CIADI en virtud de haber depositado instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del Convenio del CIADI.

Pasos del procedimiento de arbitraje ante el CIADI:

Solicitud de arbitraje
	Denegación del registro
Registro	Ni el registro ni la denegación admiten recurso.
Constitución del tribunal
	Recusación de un miembro del tribunal. Da lugar a un procedimiento ante los otros dos miembros del tribunal. La decisión final no admite recurso.
	Objeciones a la competencia: suspende el procedimiento principal y se abre un proceso con pasos similares que culmina con una decisión sobre competencia. Si el tribunal se declara competente se reinicia el procedimiento principal.
Primera sesión
Actuaciones escritas
Actuaciones orales
Deliberaciones
Laudo
Decisión suplementaria y rectificación
Recursos posteriores a laudo: Anulación, aclaración, revisión	Solicitud de anulación: Se crea un comité ad hoc y se sustancia un procedimiento similar

El procedimiento de registro es facultativo del secretario general del Centro, que decide si la controversia planteada en la solicitud de arbitraje es admisible o si es manifiestamente ajena a la competencia del Centro; la decisión respectiva es definitiva y no admite apelación.

Es frecuente que tras la solicitud de registro el Estado demandado oponga objeciones a la competencia del tribunal, lo que da lugar a un procedimiento similar al principal (sesiones, actuaciones escritas y orales, etc.), denominado fase de competencia, que culmina con una decisión (en lugar de un laudo) que no admite recurso.

Los laudos admiten recurso. La aclaración o revisión de un laudo se plantea ante el mismo tribunal que lo dictó, en cambio la solicitud de anulación de un laudo da lugar a otro procedimiento ante un comité ad hoc, formado por tres nuevos miembros (del listado de árbitros del Centro), que pueden mantener intacto el laudo o revocarlo en todo o en parte. La decisión al respecto es definitiva e irrevocable.

El procedimiento carece de mecanismos de admisibilidad y apelación y de plazos preceptivos, que acortarían la duración de las procedimientos, que son sumamente prolongados, con lo que se reducirían los costos de los arbitrajes, que son extremadamente altos[iv].

Entendidos, académicos y autoridades de Estados partes cuestionan que el procedimiento ante el CIADI no cuente con tales mecanismos y sostienen que éste debería enmendar las reglas que rigen el arbitraje, de modo de incluir:

Mecanismos institucionales de admisibilidad de casos que admita recurso (el registro de casos queda librado exclusivamente a la decisión del secretario general)

Mecanismos de apelación de las decisiones sobre competencia y de los laudos.

Plazos preceptivos para todas las etapas del procedimiento (competencia, consideración de los méritos del caso, etc.)

Y que debería contar con un código sobre conflictos de intereses y un código de ética para sus funcionarios, ex funcionarios y árbitros.

Protocolo de Kioto sobre el cambio climático

Posición de los diversos países en 2011 respecto del Protocolo de Kioto.¹

     Firmado y ratificado (Anexo I y II).     Firmado y ratificado.     Firmado pero con ratificación rechazada.     Abandonó.     No posicionado.

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático² es un protocolo de la CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático , y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO₂), gas metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre(SF₆), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en el año 1990 alcanzaban el 100%, para el año 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95%. Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir.

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron el protocolo.³ EE. UU. mayor emisor de gases de invernadero mundial⁴ no ha ratificado el protocolo. Este tratado tambien incluye efectos del Cancer y SIDA.

El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC.

Antecedentes

El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kyoto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios de dichos países pactaron reducir en al menos un 5% en promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004.

El objetivo principal es disminuir el cambio climático antropogénico cuya base es el efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son más fríos y violentos. Esto se conoce como Calentamiento global. «Estos cambios repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras economías», señala la Comisión Europea sobre Kioto.

Una cuestión a tener en cuenta con respecto a los compromisos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es que la energía nuclear queda excluida de los mecanismos financieros de intercambio de tecnología y emisiones asociados al Protocolo de Kioto,⁵ pero es una de las formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cada país.⁶ Así, elIPCC en su cuarto informe, recomienda la energía nuclear como una de las tecnologías clave para la mitigación del calentamiento global.

[editar]Entrada en vigor

Se estableció que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando lo ratificasen los países industrializados responsables de, al menos, un 55% de las emisiones de CO₂. Con la ratificación de Rusia en noviembre de 2004, después de conseguir que la UE pague la reconversión industrial, así como la modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras, el protocolo ha entrado en vigor.

Además del cumplimiento que estos países han hecho en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero se promovió también la generación de un desarrollo sostenible, de tal forma que se utilice también energías no convencionales y así disminuya el calentamiento global.

[editar]El Protocolo de Kioto países y regiones que participaron

[editar]Estados Unidos

El antiguo presidente del gobierno de Estados Unidos Bill Clinton firmó el acuerdo pero el Congreso Estadounidense no lo ratificó por lo que su adhesión sólo fue simbólica hasta el año 2001 en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo, según su declaración, no porque no compartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la aplicación del Protocolo es ineficiente (Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, consume alrededor del 25% de la energía fósil y es el mayor emisor de gases contaminantes del mundo⁴ ) e injusta al involucrar sólo a los países industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores de gases en vías de desarrollo (China e India en particular), lo cual considera que perjudicaría gravemente la economía estadounidense.^{[cita requerida]}

[editar]La Unión Europea

La Unión Europea, como agente especialmente activo en la concreción del Protocolo, se comprometió a reducir sus emisiones totales medias durante el periodo 2008-2012 en un 8% respecto de las de 1990. No obstante, a cada país se le otorgó un margen distinto en función de diversas variables económicas y medioambientales según el principio de «reparto de la carga», de manera que dicho reparto se acordó de la siguiente manera: Alemania (-21%), Austria (-13%), Bélgica (-7,5%), Dinamarca (-21%), Italia (-6,5%), Luxemburgo (-28%), Países Bajos (-6%), Reino Unido (-12,5%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), España (+15%), Grecia (+25%), Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%).

Por su parte, España que, como vemos, se comprometió a aumentar sus emisiones un máximo del 15% en relación al año base- se ha convertido en el país miembro que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado. En concreto, el incremento de sus emisiones en relación a 1990 durante los últimos años ha sido como sigue: 1996: 7%; 1997: 15%; 1998: 18%; 1999: 28%; 2000: 33%; 2001: 33%; 2002: 39%; 2003: 41%; 2004: 47%; 2005: 52%; 2006: 49%; 2007: 52%; 2008: 42,7%.Esta información puede consultarse en el Inventario Español de Gases de Efecto Invernadero que incluye el envío oficial a la Comisión Europea y a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.⁷

El problema que supone para España esta distribución de compromisos de umbrales de emisiones es que implica techos económicos diferentes para cada país de la Unión Europea. España, desde 1990, obtuvo un fuerte crecimiento económico, traduciéndose éste último en un aumento del transporte y el consumo energético de las familias y la industria. Esta explicación de los techos económicos diferentes se complementa con el hecho de que el consumo energético es proporcional al desarrollo económico y el nivel de emisiones de CO₂ es proporcional al consumo energético. Por ello, dentro de un mercado libre y competitivo en la Unión Europea, España está en desigualdad de condiciones con respecto al resto de países.^{[cita requerida]} Además, España, bastante alejada de sus compromisos, es el segundo país mundial en producción de energía eólica y uno de los países referencia en % de energía renovable sobre la total consumida.

[editar]Argentina

Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 por ciento del total de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto. Pese a ello ratificó el acuerdo, previa aprobación del Congreso Nacional el día 13 de julio de 2001, a través de la ley nacional 25.438. En consecuencia, su condición de país adherente hace que deba comprometerse con la reducción de emisiones o, al menos, con su no incremento.

Cabe destacar que Argentina solo participa del Artículo 12 del mencionado protocolo, llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Un proyecto en el marco del MDL es un proyecto de reducción de emisiones o secuestro de carbono que se lleva a cabo en un país en desarrollo. Para promover Proyectos para el MDL la Argentina tiene una Oficina para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (OAMDL).

[editar]Canadá

El 11 de diciembre del 2011 Canadá abandonó el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático para no pagar las multas relacionadas con el incumplimiento de la reducción de emisiones. Este anuncio lo hizo pocas horas después de la conclusión de la cumbre sobre el cambio climático de Durban.⁸

[editar]Después de Kioto

Las llamadas Partes (miembros de la CMNUCC) se reunieron por primera vez para su seguimiento en Montreal, Canadá, en 2005, donde se estableció el llamado Grupo de Trabajo Especial sobre los Futuros Compromisos de las Partes del Anexo I en el marco del Protocolo de Kioto (GTE-PK), orientado a los acuerdos a tomar para después de 2012.

En diciembre de 2007, en Bali, Indonesia, se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento, así como la 13ª cumbre del clima (CoP 13 o COP13), con el foco puesto en las cuestiones post 2012. Se llegó a un acuerdo sobre un proceso de dos años, u “hoja de ruta de Bali”, que tiene como objetivo establecer un régimen post 2012 en la XV Conferencia sobre Cambio Climático, (también "15ª cumbre del clima", CdP 15 o COP15) de diciembre de 2009, en Copenhague, Dinamarca.y COP 16 en Cancún, México, fecha del 29 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2010. En Cancún los más de 190 países que asistieron a la Cumbre adoptaron, con la reserva de Bolivia, un acuerdo por el que aplazan el segundo período de vigencia del Protocolo de Kioto y aumentan la "ambición" de los recortes [1]. Se decidió crear un Fondo Verde Climático dentro de la Convención Marco que contará con un consejo de 24 países miembros. Éste será diseñado por un comité de transición que formarán 40 países. También se llegó al compromiso de proporcionar 30.000 millones de dólares de financiación rápida, aunque se reconoce la necesidad de movilizar 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020 para atender a las necesidades de los países en desarrollo.

Esa "hoja de ruta" se complementa con el Plan de Acción de Bali, que identifica cuatro elementos clave: mitigación, adaptación, finanzas y tecnología. El Plan también contiene una lista no exhaustiva de cuestiones que deberán ser consideradas en cada una de estas áreas y pide el tratamiento de “una visión compartida para la cooperación a largo plazo”.

[editar]Segundo periodo del Protocolo de Kioto

La decimaoctava Conferencia de las Partes (Cop 18) sobre cambio climático ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kyoto desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2020.

La duración de este segundo periodo del Protocolo será de ocho años, con metas concretas al 2020. Sin embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la prórroga.

En torno a la Plataforma Durban, la decisión fue continuar con el grupo de trabajo aprobado el año pasado en Sudáfrica. Las partes podrán exponer observaciones sobre planes nacionales de acción respecto a la mitigación y adaptación del cambio climático, con el objetivo de superar las barreras y alcanzar una homologación a escala internacional.

La canalización de financiamiento y tecnología de apoyo a países en desarrollo tuvo avances importantes. Los países desarrollados reiteraron su compromiso de continuar el financiamiento a largo plazo, con miras a movilizar 100 mil millones de dólares para adaptación y mitigación hasta el 2020.

Además, las partes acordaron seguir con esfuerzos para implementar Planes Nacionales de Adaptación en países en desarrollo. Para ello, iniciaron diálogos sobre el mecanismo de daños y pérdidas que permitan el reconocimiento financiero a países víctimas de desastres climáticos significativos.

La aprobación de un nuevo programa para desarrollar capacidades mediante la educación y el entrenamiento sobre cambio climático fue también considerada una herramienta para crear conciencia pública que permita una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

En el desarrollo de la cumbre, Ecuador presentó varias propuestas, entre ellas Emisiones Netas Evitadas (ENE), iniciativa que se convirtió en un mecanismo principal de la convención, el cual planea un proceso de implementación a través de un programa creado con esta finalidad.

Esta iniciativa marca un balance positivo para Ecuador en el tema de cooperación ambiental. “Aunque la participación internacional estuvo marcada por un compromiso débil y metas poco ambiciosas de cooperación, en torno a la reducción de emisiones, el país continúa trabajando en iniciativas ambientales”, señaló Lorena Tapia, ministra (e) del Ambiente.

Vicepresidente de Venezuela

El Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela es el segundo cargo oficial más alto del Poder Ejecutivo delgobierno de Venezuela, de acuerdo a la Constitución Nacional, el más directo colaborador del Presidente de la República. Su figura aparece desde la Constitución de 1830 hasta la de 1858, reapareciendo en la Constitución de 1999. El actual Vicepresidente Ejecutivo de la República esNicolás Maduro, quien asumió el cargo en 2012.

Está ubicado en el primer lugar en la línea de sucesión del Presidente de Venezuela, esto aplica en casos excepcionales según los establecido en el artículo 233 y 234 de la Constitución Nacional.

El Vicepresidente Ejecutivo es nombrado y removido por el Presidente de la República y no puede tener grado alguno de consanguinidad con éste.

El Vicepresidente puede ser removido por más de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, mediante una moción de censura. Si durante los seis años de período presidencial del Jefe de Estado se aprueban mociones de censuras a más de tres vicepresidentes, el Presidente de la República estará facultado de disolver el Parlamento.

Algunos antiguos vicepresidentes durante el siglo XIX fueron Andrés Navarte y Carlos Soublette, ambos presidentes interinos del país y, en el caso del segundo, presidente electo.

Funciones del Vicepresidente Ejecutivo

De acuerdo con la Constitución de 1999, son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo:

1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la dirección de la acción del Gobierno.

2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones del Presidente o Presidenta de la República.

3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento y la remoción de los Ministros.

4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la República, el Consejo de Ministros.

5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional.

6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno.

7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad.

8. Suplir las faltas temporales y absolutas del Presidente o Presidenta de la República.

9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta de la República.

Nicolás Maduro

Biografía

Nicolás Maduro nacido el 23 de noviembre de 1962 en Caracas. Ex militante de la Liga Socialista, trabajó desde joven como conductor en elMetro de Caracas, donde llegó a dirigir su sindicato y como tal fue miembro de la junta directiva de esa empresa pública.

Está casado con la actual procuradora general de la República y ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Distrito Capital, Cilia Flores. Luego de la salida de Maduro de la Asamblea Nacional en agosto de 2006 para ocupar el cargo ministerial, Flores fue electa en la votación interna parlamentaria como presidenta de la Asamblea Nacional, siendo la primera mujer venezolana en alcanzar ese cargo.1

En la década de los 90 pasa a formar parte de las filas del MVR, partido con el que participa en la campaña presidencial de 1998 en la que Hugo Chávez resulta electo Presidente de Venezuela. Fue electo diputado de la Asamblea Constituyente2 de 1999 que redacto una nueva Constitución ese mismo año, para posteriormente ser electo diputado para la Asamblea Nacional de Venezuela en 2000, cargo en el que fue reelecto en las elecciones legislativas de 2005, logrando poco después ser designado presidente del parlamento.3 En el año 2006 deja este cargo a pedido del presidente Hugo Chávez para ingresar en el gabinete ministerial como cabeza del Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Exteriores, sustituyendo así al Ministro Alí Rodríguez Araque (hoy día Secretario General de la UNASUR).

El 10 de octubre de 2012, pasado 3 días de las elecciones presidenciales, fue nombrado nuevo Vicepresidente Ejecutivo ocupando el puesto deElías Jaua quien tuvo que separarse de su cargo para aspirar a la gobernación de Miranda.

El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez mencionó que, en caso de que se incapacitara por el cáncer que padece, Nicolás Maduro, en su calidad de Vicepresidente, debería ocupar el cargo de Presidente de la República hasta la convocatoria de unas hipotéticas nuevas elecciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución,4 para las que pidió el apoyo popular a Maduro, indicando que


"Si se presentara alguna circunstancia que me inhabilite para continuar al frente de la presidencia, Maduro debe concluir. Mi opinión firme, absoluta, total, irrevocable es que en ese escenario, ustedes elijan a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela."

La templanza

 Por Sandra Russo

Aunque desde hace diez años Susana Trimarco es un nombre público en la Argentina, y aunque ese nombre devino con el tiempo en el símbolo de la lucha contra la trata de personas, esta semana ella se resignificó de un modo abismal. Hubo un país que la miró no llorar cuando absolvían a los trece acusados por el secuestro y la desaparición de su hija. Que la miró recibir ese golpe con los ojos abiertos y secos de quien ya ha llorado toda la medida de lo humano. Un país miró esa enorme capacidad de impacto, y la reacción que inscribe a Susana Trimarco en la saga argentina de las madres en lucha. De eso tenemos una tradición.

Dos días antes, ella había recibido de manos de la Presidenta el Premio Azucena Villaflor a los Derechos Humanos, en la Plaza de Mayo. Estaban las Madres y las Abuelas. Refiriéndose a otro tema, la ley de medios, pero acertando en el pulso inminente de Susana Trimarco, la Presidenta dijo: “Cómo no vamos a esperar unos días, unos meses más, si ellas han esperado más de veinte años para tener justicia por sus hijos”. “No me van a ver llorar. Tengo el doble de fuerza, y no voy a parar hasta ver presos a los que se llevaron a Marita”, dijo el jueves Susana Trimarco, en su propia reconversión de la adversidad en motor.

Exactamente ahí es donde estas mujeres a las que tributamos emergen como lección, o faro. Han hecho del dolor su fuerza, y de su fuerza su paciencia. Han tenido el objetivo transparente de la justicia y no han dejado de actuar y de operar sobre la realidad ni un solo instante mientras eran pacientes. A lo largo y a lo ancho del país, a través del tiempo, por diferentes causas, hubo y hay muchas otras madres que expresan esa tradición.

Cuando uno habla de Susana Trimarco habla de Marita Verón, porque eso es lo que ella comunica, como lo han hecho desde hace treinta y cinco años tantas otras: Susana Trimarco no existiría para ninguno de nosotros si aquella tarde de abril de 2002 Marita hubiese regresado a su casa. Y ése es el sentido perfecto, redondísimo, del amor de esa madre por su hija: hacerle a Susana Trimarco la justicia que está a nuestro alcance, equivale a no dejar de nombrar a Marita Verón. Su secuestro y desaparición se hubiesen perdido en el olvido si no hubiese sido por la manera en que su madre elaboró su duelo. Fue no permitiéndolo, interponiéndose.

Son nombres que quedan incrustados en la historia, como lo fue el del soldado Omar Carrasco, cuyo crimen, que no fue el primero sino el último, generó el fin del servicio militar obligatorio. Antes que Carrasco habían muerto muchos otros colimbas, pero el hechizo de la domesticación de las conciencias –o las subjetividades, como se prefiera– había consentido esas muertes dudosas de soldaditos. Y de pronto, la de Carrasco fue una muerte intolerable, porque fue más allá de la política y entró directamente en la cultura. Aquella sociedad que seguía consintiendo tantas otras injusticias, dejó de aceptar que sus hijos varones fueran iniciados de acuerdo con el paradigma militar. Lo militar fue revisualizado como la posible vocación de algunos, pero no como la obligatoria introducción de todos.

Hoy este país está reviendo la trata de personas, en el sentido más literal: la está volviendo a ver, la ve porque Susana Trimarco nos ha obligado a enterarnos de que la trata no es abstracta aunque transcurra en los subsuelos o los alrededores, o detrás de pantallas o relacionada con las policías o distintos poderes. Nos ha obligado a entender que no escandalizarse es consentir. Nos ha traído, rescatadas, de esos antros, a mujeres que dieron su testimonio. Mujeres que fueron secuestradas y víctimas de una sucesión de delitos emparentados con la oferta sexual. Ahí se abren nuevos ejes, que seguramente tienen mucho que ver con lo que ha sucedido con la instrucción y la sentencia absolutoria. Uno de ellos nos obliga a preguntarnos por la diferencia entre la clientela de la prostitución y la clientela de la trata.

Es la actitud de Susana Trimarco lo que la envuelve como un aura. Uno la observa, tratando de descifrar qué es lo que la hace tan alta, tratándose la suya tan evidentemente de una estatura moral. El fallo tucumano que revictimizó a Marita Verón fue tan bajo, entre otras cosas, por el choque con la estatura moral de Susana. En la noche del martes, la Argentina presenció en directo la escenificación de lo alto y lo bajo. Lo bajo fue el fracaso de la Justicia, por los motivos que fueren. Lo alto fue Susana. Una señora de su casa que fue arrancada de esa placidez para internarse en prostíbulos de parajes perdidos, en whiskerías de ruta, en historias de un dolor intransferible.

Esa señora fue la que vino a decirle a la sociedad argentina que lo que se creía que era el mundo de la prostitución encubría otro mundo muy distinto, mucho más abismal, de esclavitud literal: Susana Trimarco vino a hablar de la trata, que no estaba lejos sino incrustada en muchos lugares. De un delito que implica secuestro y degradación. De lo que sigue hablando hoy Susana Trimarco es de las conexiones de la trata con las instituciones.

No deja de asombrar esa mujer y ese atributo que la vuelve alta. Es su temple. Su conexión con una causa de profundidades insondables. En esas aguas interiores, Susana y Marita no se han perdido la una para la otra. Se han fundido. Fuera de la metáfora, fuera del modo de decir. Marita está en Susana cuando Susana escucha la sentencia absolutoria de quienes ella está segura que secuestraron a su hija. Todos a su alrededor gritan, insultan, festejan, lloran, alzan los puños, se exteriorizan. Susana no. Se retiene. Se pone en contacto con su propio motor, que es el deseo de justicia. Ya ahí adentro, en la sala colmada, Susana encuentra su eje. No llora. No dice nada. Se deja llevar de la mano de su abogado, hasta recomponerse. Y cuando habla, vuelve a la carga. Susana Trimarco es la templanza. De eso están hechas todas las civilizaciones. Sin eso no se construye nada. La templanza consiste, en este caso, en el uso activo, incesante y filoso de la paciencia.