Llamados así porque duermen en las banquinas de las rutas chaqueñas y santiagueñas, fueron echados por el avance de los grandes pooles de siembra que los dejaron sin tierras y sin agua potable debido al uso de agrotóxicos.
El viaje comienza el 17, día mundial de la lucha campesina, en conmemoración de los 19 brasileños del Movimiento Sin Tierra (MST) que en 1996 fueron asesinados mientras reclamaban y defendían su derecho a la tierra y a la producción de alimentos. El camino desde Santiago del Estero a Tres Isletas, Chaco, es lento. Saliendo de madrugada, se llega recién al mediodía, cuando el sol, sin exageraciones de por medio, calcina. Los 30 metros entre la banquina y el comienzo de una hectárea de soja de propiedad privada también están sembrados con soja. Al costado de la ruta se ven avionetas prontas a salir desde un pequeño hangar que publicita en letras enormes “Aeroaplicaciones”; también mansiones en construcción, propiedad –según cuentan los vecinos– de los grandes productores chaqueños, responsables de sembrar arroz, soja, maíz y sorgo transgénicos.
Durante el trayecto, Juan Carlos Tato Figueredo, del Instituto de Cultura Popular (Incupo), recuerda constantemente la lucha de Zenón Ledesma, el primer presidente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), y la del sacerdote Roberto Kilmate, sobreviviente de la masacre de los curas palotinos, durante la última dictadura militar. “Ellos iniciaron el camino de la lucha en Los Juríes en 1985, cuando 400 familias que ocupaban 120.000 hectáreas, al igual que sus antepasados indígenas, ‘los juríes’, resistieran la nueva Conquista del Desierto.” Roberto, acompañado por integrantes de Incupo, fue el que ayudó a los campesinos a organizarse y a resistir peleas, tiros y topadoras. La reapertura de la desmotadora de algodón, la participación comunitaria y el asesoramiento constante del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) posibilitó a los campesinos formar la Cooperativa Agropecuaria Unión Campesina: del productor al consumidor.
“Hay tres tipos de problemas en este campo, que nos afectan a todos: territoriales, ambientales y sociales. La falta de control a las grandes producciones está desplazando los cultivos tradicionales de los pequeños productores, como el algodón, maíz, girasol, trigo y caña de azúcar, y continúan los desmontes ilegales y los incendios intencionales”, cuenta Oscar Gamarra, presidente de la Unión de Pequeños Productores del Chaco (Unpeproch), organización que tiene 25 años de existencia, que representa a 750 familias y que ha recuperado unas 20.000 hectáreas con título de propiedad para las familias que hace más de 20 años que trabajan la tierra.
Son estos campesinos los que aseguran: “Sentimos que no pertenecemos a este país, que no tenemos derechos. No podemos tomar agua, hasta nos están quitando ese derecho. Pero nuestra permanencia y resistencia continúa. Se dice ‘no más al desalojo’‘ y los jueces siguen dictándolos. Lamentablemente, todavía no se está contemplando a los pequeños productores, y por eso luchamos, para que se definan mejores políticas para los campesinos”.
Según el observatorio de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), los conflictos por la propiedad de la tierra suman casi 3 millones de hectáreas, y afectan directamente a 18 mil familias, que equivalen a 128 mil personas.
Abel es de Raíz Chaqueña, un pueblo que queda a 60 kilómetros de Pampa del Infierno y el que más sufre la contaminación. “Allá no hace falta analizar el agua, con probarla ustedes solos se van a dar cuenta.” Él se animó a hacer una denuncia pública en un diario local. “Empezaron a morir todos los peces que había en las cunetas al mismo tiempo que empezaron las fumigaciones aéreas sobre las grandes plantaciones de algodón que rodean mi tierra. Campo adentro empezamos a encontrar cadáveres de víboras y sapos, y el agua que tomábamos, que ahora te mata hasta por el olor.” Abel recurrió a la Justicia y llegó a ir a juicio con el productor, pero la sentencia no fue favorable: el responsable se justificó señalando al peón, y el peón se justificó diciendo que no sabía leer y que confundió, mezcló y sobredosificó las plantaciones con los diferentes venenos. “Siempre es lo mismo, ya van más de 20 juicios que perdemos por ese invento. Y vas viendo cómo muere todo el pasto, cómo con la lluvia y la humedad el veneno se distribuye, cómo flotan las latas de veneno en los canales de donde nosotros tomamos agua.” La denuncia también incluía a los médicos de los hospitales llenos de casos de infecciones urinarias, cáncer en los riñones, abortos. “Pero la mayoría de los médicos también están en eso, hasta participan en los pooles de siembra. Colaboraron a que le echen cloro al agua, pero no duró más de una semana. Ahora seguimos sin poder tomarla.”
Los reclamos en común de los campesinos del Chaco van desde los desalojos sistemáticos que sufren desde el ’83, los informes de contaminación que debía presentar la provincia y se “perdieron” en el camino, la quema de tierras con agrotóxicos que la dejan inservible, y la ausencia de un lugar para hacer este tipo de denuncias. “Si vas a la policía, te toman una declaración y queda ahí. O a veces, cuando volvés, te dicen que la perdieron. Sumado a que se sancionó la Ley de Biocidas y no se respeta.” En Chaco, la norma 3378 obliga a no fumigar a menos de 1 kilómetro de zonas pobladas, y establece que existan diferentes controles sobre el manejo, almacenaje y uso de los agroquímicos. Datos de la Redaf advierten que el consumo de glifosato por hectárea aumenta en la misma parcela año a año, por la resistencia que van adquiriendo las malezas. Por ejemplo, en 1996 se comenzó fumigando con menos de dos litros por hectárea, y hoy existen zonas que están por arriba de los 10 litros por hectárea.
“Acá nadie está instruido sobre la ley ambiental: la policía toma la denuncia pero no sirve. Y siempre termina quedando el reclamo de un lado y la gente que dice que la promulgó del otro”, afirma Hugo Celusalsky, vicepresidente de la Unpeproch. “Antes, en un pozo de 30 metros de profundidad conseguías agua buena, ahora recién a los 50, y eso es por causa de la sobresiembra: se cosecha soja, después plantas de girasol, y después se vuelve a plantar soja. Eso provocó que una hectárea que hace 10 años salía 350 pesos, ahora cueste de 3.000 a 7.000; y también les quitó el trabajo a los cosecheros de algodón, que antes eran 30 personas durante todo el año, y ahora con la llegada de los camiones son sólo tres o cuatro personas trabajando.”
Otro de los problemas recae sobre los hijos de los campesinos que quieren quedarse en el campo y que no tienen tierras porque algunos las fueron vendiendo para irse al pueblo. “Tendría que haber una respuesta para el que quiera vender. El gobierno provincial podría reconocerle las mejoras que haya hecho durante los años que trabajó la tierra y dejársela a otra persona para que la continúe”, piensa Celusalsky en voz alta. Las cincuenta personas que lo rodean asienten.
Matías tiene 17 años, cursa el último grado de la primaria y es banquinero. “Somos familias que vivimos al costado de la ruta”, cuenta. Sólo 300 familias son del departamento General San Martín, y no tienen luz ni agua. Muchos de ellos fueron expulsados mediante la fuerza del pedazo de tierra en el que nacieron; otros trabajaban en estancias, pero cuando dejaron de ser útiles para la cosecha perdieron hasta la casa. Y todos fueron a parar allí. Es el caso de Francisco, que era peón e hijo de campesinos. “No tuve miedo de venir a probar otra vez al propio campo”, cuenta. “Depende de la ruta, hay algunas banquinas que tienen 30 metros de lugar, otras 50 y otras 100, y con todo ese espacio libre se pueden hacer chacras, criar animales, plantar cualquier cosa.” También hay familias de jóvenes, con dos o tres hijos, otros con suegros, cuñados en un espacio muy chico.
Hace más de 10 años se creó una Mesa de Tierras conformada por banquineros y organizaciones que los apoyan. Pedían un pedazo de tierra para tener lo mismo que tienen en las banquinas, pero sin correr todos los peligros que vivir ahí implica. “Durante 10 años nos dijeron que no tenían ni un metro cuadrado para darnos, que no existían tierras fiscales.” Recién en 2009, el Estado provincial compró tierras a través de una Ley de Expropiación. Ese mismo año, pudieron construir una escuela, a la que asiste Matías y más de 200 jóvenes además de él. Ahora quieren conseguir una escuela secundaria. “Somos jóvenes de 17 años que pensamos en el futuro, en nuestros hijos y en lo que queremos dejarles. Pero, por sobre todo, transmitirles el derecho que todos tenemos de defender nuestra tierra y a nuestros compañeros.”
Patricia y Gabriela tienen 13 y 15 años. Viven casi en el límite con Formosa, a tres horas de distancia de la escuela número 2, más conocida como “La agrícola”, que existe desde hace cinco años. “Está bien campo adentro”, cuentan, y comienzan a hablar hasta por los codos. Van cada 15 días, pero se quedan 15 días al mes. “Nos vamos turnando: primero van los de 1° y 2° grado, los otros 15 días van los de 3°, 4° y 5°; ahí nos bañamos todos los días, dormimos, cocinamos, nos vamos turnando.” Allí aprendieron a hacer pan, facturas para el desayuno, salsas para los fideos y el arroz. Además de las materias comunes a cualquier escuela, la Agrícola enseña a armar y cuidar una huerta y animales, que luego serán consumidos por ellos. Patricia está en primero, Gabriela en segundo. Su papá, Aldo, casi no habla, sólo mueve las manos constantemente como una especie de mago que hace aparecer hierbas de todo tipo y para toda dolencia. Recién pudo darles para pagar los viajes a la escuela cuando recuperó algo de su campo que había sido quemado con agrotóxicos. Sin embargo, el campo de su vecino quedó inservible y ahora, además de vender esos remedios naturales, cosecha alfalfa para él.
Entre tantas voces masculinas, las mujeres no se quedan atrás. Son cincuenta representantes campesinos y 20 son mujeres. Pero aclaran: “No hay una organización aparte. Estamos todos juntos, si no no vamos a poder organizar nada separados”.
Los grandes silencios y las pausas al hablar son la característica principal. Hablar, tocarse una mano con la otra como si se estuvieran lavando las manos con agua imaginaria, también. Queda una pregunta en el aire que alguien hace, pero nadie contesta, aunque no hay uno que no se quede pensando: “¿Qué nos depara el futuro?”.
Pequeño productor, trabajador de la tierra, una persona que mediante sus manos y fuerza siembra y cosecha, cuida la tierra y la naturaleza que le da los productos, frutos para su subsistencia, y también para vender y comprar lo que la tierra no le puede dar en forma directa. Pero, ¿cuál es el significado más profundo para este actor social que sigue estando del lado más desigual en la lucha por la tierra que trabaja y conoce desde que nació? “Es el pedazo de territorio donde él y ellos tienen soberanía, ahí piensan, ahí sufren, ahí se alegran, ahí sueñan y tienen esperanzas. Los campesinos se aferran a su pedazo de tierra, su patria chiquita, porque les da identidad, cierta autonomía y les genera esperanzas, a pesar de las malas campañas agrícolas, malos precios, sequías e inundaciones”, cuenta López.
