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jueves, 23 de mayo de 2013

Conocé los 500 productos con precios congelados La lista completa elaborada por la Secretaría de Comercio Interior y la Asociación de Supermercados Unidos, que incluye alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza, de primeras, segundas y terceras marcas.


La Secretaría de Comercio Interior y la Asociación de Supermercados Unidos (ASUS) elabor
ó un listado de 500 productos que mantendrán su precio congelado, según el acuerdo suscrito entre ambas partes.
La lista, que se definió el martes por la tarde, incluye alimentos (aceites, fiambres, pan, galletitas, pastas, entre otros), bebidas (gaseosas, aguas saborizadas, cervezas, licores y vinos), productos de higiene (desodorantes, papel higiénico, pasta dental, máquinas de afeitar, entre otros) y artículos de limpieza, de primeras, segundas y terceras marcas.

Convocatoria social para afianzar el control de precios La presidenta lanzó un llamado a voluntarios de todas las organizaciones políticas, juveniles y sindicales para supervisar el acuerdo de congelamiento de 500 productos de la canasta.

El discurso por cadena nacional fue corto y conciso. Sin extenderse demasiado, pero sin ahorrar advertencias a los empresarios formadores de precios, la presidenta convocó ayer a una de las apuestas más difíciles y trascendentes de su segundo mandato. Desde el Salón de las Mujeres del Bicentenario, Cristina Fernández anunció que el Estado apelará a la movilización ciudadana –el control social– para supervisar el cumplimiento del acuerdo de 500 productos de consumo masivo firmado por la Secretaría de Comercio Interior y las cámaras de supermercadistas. Tras anunciar un significativo vuelco de recursos por parte del Estado para sostener la demanda agregada, que equivale a una inversión total de 41.076 millones de pesos en 2013 (ver pág. 2), la mandataria anunció el lanzamiento de la campaña Mirar para cuidar, una iniciativa que consiste en el despliegue en el territorio de voluntarios de organizaciones juveniles, sindicatos, municipios y gobernaciones de todo el arco político que recorrerán supermercados con un objetivo común: que el cierre de la mayoría de las paritarias de este año y las subas en la asignación universal y el salario familiar sean capturados por aumentos inmediatos en los precios de las góndolas.
La decisión retoma un recurso que ya había utilizado Néstor Kirchner durante su mandato, en 2005-2006, aunque en esta ocasión el desarrollo territorial de la militancia kirchnerista –mucho más extendido que siete años atrás– garantizará un alcance mayor de las inspecciones. La propia jefa de Estado reconoció que el despliegue de jóvenes voluntarios bajo la consigna "La Patria es el otro” tras la inundación en La Plata, donde colaboraron en tareas de reparación y ayuda a los afectados, funcionó como un antecedente para esta nueva campaña. "Vamos a aprovechar este formidable potencial, ese caudal, esa energía de las organizaciones sociales, juveniles, políticas. También la responsabilidad de cada intendente, que necesita que en su pueblo a la gente le rindan (los aumentos de salario y de la AUH) y, además, que se tome más gente para trabajar", explicó Cristina. "Y lo vamos a hacer de muy buenas maneras. Como solemos hacer las cosas y como las hemos hecho frente a tragedias como las que nos tocó vivir en La Plata", agregó.
El anuncio de la presidenta implica, en cierto modo, un reconocimiento de que el plantel de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior, más allá de la voluntad enjundiosa de Guillermo Moreno, no alcanza para impedir que los formadores de precios intenten –y generalmente logren– quedarse con la mejor parte de la puja distributiva. La mandataria incluso se permitió identificar (sin nombrar a las empresas, pero casi no hacía falta) a algunos sectores muy concentrados de la economía que aprovechan el esfuerzo del Estado para mantener el nivel de actividad y los índices de empleo en la construcción. Se refería, puntualmente, al programa Pro.Cre.Ar. Según la jefa de Estado, los rubros de producción de cemento, acero, mosaicos y ladrillos aprovecharon la demanda que generó el Pro.Cre.Ar para remarcar los precios de venta mayorista. En esos sectores tienen mucho peso corporaciones como Techint y compañías de capitales brasileños, como Camargo Correa.
"No queremos que este esfuerzo formidable que hace el Estado y que hace la sociedad sea capturado por un aumento inmediato de los precios", advirtió la jefa de Estado. Luego subrayó que los empresarios que se dedican a la comercialización masiva –y mencionó a pequeños, medianos, regulares y grandes del sector– son los que realizan las remarcaciones. "Los que ponen los precios son ustedes", les recordó. "Por todo esto vamos a controlar. Pero controlar es una palabra fea. No vamos a dejar esto librado únicamente a las manos de los empresarios, o del esfuerzo que pueda poner la Secretaría de Comercio, porque es imposible", argumentó. El anuncio presidencial fue seguido desde la primera fila por el propio Guillermo Moreno; los dirigentes de La Cámpora Andrés Larroque y Juan Cabandié; los diputados del oficialismo Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, Edgardo Depetri y Agustín Rossi; los gremialistas Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Yasky (CTA), Gerardo Martínez (UOCRA), entre muchos otros. En representación del sector empresario, entre los invitados estuvo el salteño José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Consultado por Tiempo Argentino sobre el control social de los acuerdos de precios, Urtubey manifestó su acuerdo con el planteo presidencial sobre el "desarrollo sustentable" que es "responsabilidad de todos". El dirigente de la UIA negó que la iniciativa pueda causar irritación en el sector patronal. "Lo irritante sería si hay un mal funcionamiento de esto. Como concepto, la responsabilidad es de todos", insistió el salteño. "Esta es una convocatoria al conjunto de los argentinos", coincidió el jefe del FPV en Diputados. «

23.05.2013 | 08:36 | Reforma judicial: el Gobierno promulgó dos nuevas leyes del paquete En consonancia con la resolución de la Corte, que ayer se anticipó al ordenar una medida en ese sentido, el Poder Ejecutivo reglamentó hoy el proyecto de democratización de la justicia que dispone que todos los tribunales del país informen sobre el estado de sus expedientes.


El Poder Ejecutivo nacional promulgó dos leyes más del paquete seis iniciativas promovidas 
para "democratizar la justicia". Según consta en el Boletín Oficial, se trata de aquellas que prevén la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios públicos y, por otro lado, de las resoluciones de la Corte Suprema el mismo día en que se dicten. Ambas leyes, aprobadas por el Congreso el pasado 8 de mayo, fueron promulgadas el martes último.
La Ley 26.857 de "ética en el ejercicio de la función pública", promulgada a través del Decreto 575/2013, consta de diez artículos, que establecen que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios, magistrados y candidatos a cargos electivos "son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet", en el sitio web de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Además, indica que las declaraciones publicadas serán "iguales a aquellas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", lo cual ya ha despertado críticas dentro de la Oficina Anticorrupción.
Las declaraciones juradas públicas tendrán además "un anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas a la presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados", que -como su nombre lo indica- no será público.
Por otro lado, a través del decreto 574/2013, la Presidenta promulgó la Ley Nº 26.856. A partir de ésta, la Corte Suprema y los tribunales de segunda instancia deberán publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten, el mismo día de su dictado, "una vez notificadas a todas las partes". Deberán además publicar "una lista de la totalidad de las causas que se encuentren en trámite ante dichos estrados, cualquiera sea la vía procesal que hayan transitado", la cual tiene ser actualizada diariamente.
Las publicaciones se realizarán a través de un diario judicial digital gratuito, por medio de la página de Internet de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los gastos serán atendidos con fondos del presupuesto correspondiente al Poder Judicial de la Nación.

Mercedes, un pueblo cruzado por el rechazo a la figura del genocida Videla Organizaciones sociales y políticas se reunieron en la plaza central para manifestar su repudio. Sin embargo, mientras algunos se niegan de lleno a aceptar el cuerpo, otros consideran que "los familiares tiene que poder visitar la tumba".

Eran las 7 de la tarde en el cementerio de la localidad bonaerense de Mercedes y el cuerpo del genocida Jorge Rafael Videla no había llegado. Las puertas de hierro se cerraron y, hasta las 7 de la mañana de hoy, no las volverían a abrir. En tanto, en la plaza principal del pueblo, organizaciones políticas y sociales se juntaron para repudiar la figura del represor, nacido en esos pagos. La discusión sobre si debían aceptar sus restos o no, atravesaba a los vecinos.
La familia Videla tiene dos panteones en el cementerio de Mercedes: uno adentro, en la primera fila, y otro afuera, en el anexo. Ambos son fácilmente accesibles para quien quiera visitarlos. "Acá puede que vengan a las 4 de la mañana y por orden del juez se tenga que abrir el cementerio y enterrarlo", especulaba uno de los cuidadores, que nunca había visto tanto despliegue mediático en las afueras del pueblo.
Sin embargo, el director de Derechos Humanos mercedino, Marcelo Melo, desmintió esa posibilidad. "Adherimos al acto, repudiamos al genocida más grande de la historia del país que lamentablemente nació acá, pero no podemos pagar con la misma moneda, y los familiares tienen que poder ir a visitar la tumba", sostuvo el funcionario.
La discusión en el pueblo comenzó el domingo por la noche, cuando militantes de distintos partidos, incluso enfrentados, comenzaron a llamarse por teléfono para saber qué iban a hacer. Algunas fuerzas plantearon su rechazo a que el genocida quede enterrado en el mismo lugar donde están los pocos cuerpos de las víctimas mercedinas de la represión, entre ellos, los tres curas palotinos fusilados en la Iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano.
En cambio, hay quienes sostienen que "en algún lado del país tiene que quedar enterrado". Por caso, es el argumento de Javier Casaretto, que sobrevivió a la dictadura luego de haber sido secuestrado en diciembre de 1975, cuando militaba en la Juventud Peronista y que, ya en democracia, fundó la Comisión de Familiares y Amigos de desaparecidos y asesinados por la dictadura de Mercedes.
Casaretto dio cuenta de la complejidad histórica que atraviesa a su pueblo. Mientras dos de los integrantes de la Primera Junta Militar nacieron allí, Videla y Orlando Ramón Agosti, hay un total de 22 víctimas de la represión. Es un número alto para un pueblo chico como era Mercedes durante el golpe de Estado, lo que refleja un alto nivel de participación política. También, como lo mostraron los carteles con las historias de las víctimas que la municipalidad instaló en los paredones que rodean al cementerio, muchas fueron jóvenes que estudiaban en la Universidad de La Plata. "Mercedes tiene las familias típicas, de donde salieron Videla y Agosti, que apoyaron la dictadura, pero también instalamos los actos del 24 de marzo ya en los '80", relata Casaretto.
Si bien ahora la militancia local tiene múltiples expresiones, la historia política de esta ciudad se dividió entre peronistas y radicales. Desde la oposición al intendente peronista local, Carlos Selva, el ex militante de la UCR José Luis Ramos, actual concejal del GEN, explicó por qué no se opone a que Videla quede enterrado en su ciudad. "En algún lado lo van a tener que depositar", argumentó. "Este es un pueblo chico, estamos atravesados por miles de matices", agregó. Reivindicando sus años de política radical. Ramos recordó que la única pena firme con la que murió el dictador fue la que se llevó tras el Juicio a las Juntas.
De todo el debate que atraviesa a los vecinos, quedó como saldo el encuentro que se realizó ayer en la Plaza San Martín, convocado además por los partidos Comunista, Forja, UCR, Frente Mercedino para la Victoria, PJ, Agrupación 17 de octubre, GEN y Coalición Cívica, entre otros. Y si bien cada fuerza sacó su propio documento, acordaron un texto en común de repudio al genocida que nació en esos pagos en 1925.
El juez federal Nº 3 de Morón, Juan Pablo Salas, ya había autorizado a los Videla a retirar el cuerpo el martes. Sin embargo, hasta anoche, ninguna de las dos funerarias locales habían sido contactada por la familia.
El acto en la plaza se cerró con temas de Charly García y León Gieco, mientras se entonaba el clásico cantito "como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar". Algunos vecinos especulaban que el cuerpo de Videla termine en un cementerio privado de Pilar. Otros, que podrían llevarlo a la provincia de San Luis, de donde era oriundo su padre.
Lo cierto es que, por esas horas en Mercedes, nadie sabía dónde estaba el cadáver del represor. Tan solo su familia.

Victor Hugo en la CNN español

VICTOR HUGO DIO CATEDRA EN LA CNN - SEGUNDA PARTE - 21-05-13

VICTOR HUGO DIO CATEDRA EN LA CNN - PRIMERA PARTE - 21-05-13

lunes, 20 de mayo de 2013

Unasur desarrolla un mega-anillo de fibra óptica que pondrá fin a la dependencia Internet con EEUU

Unasur desarrolla un mega-anillo de 

Unasur desarrolla un mega-anillo de fibra óptica que pondrá fin a la dependencia Internet con EEUU

RAUL ZIBECHI / LA JORNADA – La Unasur aprobó un importante proyecto estratégico que comienza a desatar los lazos de dependencia con Estados Unidos: la creación de un mega-anillo de fibra óptica que hará que las comunicaciones internas de la región no pasen más por suelo estadunidense. La decisión de la primera reunión de los 12 ministros de Comunicaciones y Tecnologías de la Información reunidos en Brasilia el martes 29 es más importante aún, desde el punto de vista geopolítico, que los proyectos de infraestructura aprobados por el Cosiplan (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento) al día siguiente en la misma ciudad.
Hasta ahora, las comunicaciones de Internet en la región sufren una dependencia casi increíble. Un mail enviado entre dos ciudades limítrofes de Brasil y Perú, por ejemplo entre Rio Branco, capital de Acre, y Puerto Maldonado, va hasta Brasilia, sale por Fortaleza en cable submarino, ingresa a Estados Unidos por Miami, llega a California para descender por el Pacífico hasta Lima y seguir viaje hasta Puerto Maldonado, a escasos 300 kilómetros de donde partió. Sobre esta base es imposible hablar de soberanía y de integración.
El anillo de fibra óptica tendrá una extensión de 10 mil kilómetros y será gestionado por las empresas estatales de cada país para que las comunicaciones sean más seguras y baratas. Para el Ministerio de Comunicaciones de Brasil, que gestó el proyecto, el anillo disminuye la vulnerabilidad que tenemos en caso de atentados, así como en cuanto al secreto de los datos oficiales y militares. Hasta hoy, 80 por ciento del tráfico internacional de datos de América Latina pasa por Estados Unidos, el doble que Asia y cuatro veces el porcentaje de Europa (Valor,28 de noviembre).
El ministro brasileño Paulo Bernardo dijo que el anillo estará concluido en dos años y que los costos actuales de Internet en América del Sur son tres veces mayores que los que se pagan en Estados Unidos. Para que los 12 países tengan un acceso igualitario a los flujos que se incrementarán por la conexión de nuevos cables submarinos, Bernardo adelantó la creación de puntos de intercambio de tráfico en las fronteras, de los que podrán colgarse las empresas. Para Brasil, el costo total del proyecto es de apenas 100 millones de dólares
Además de las decisiones de ambas reuniones de Unasur, Brasil decidió llevar a Naciones Unidas su negociación para la democratización de Internet, que está en manos de empresas estadunidenses. El embajador Tovar da Silva Nunes dijo el martes pasado que la gestión de los flujos de información no es inclusiva, no es segura, no es justa ni deseable.
El Cosiplan decidió impulsar 31 proyectos de infraestructura para 2012-2022, con un costo de 14 mil millones de dólares. Los cuatro más importantes son: corredor ferroviario entre los puertos de Paranagua (Brasil) y Antofagasta (Chile), con un costo de 3 mil 700 millones de dólares; carretera Caracas-Bogotá-Buenaventura-Quito, o sea, con salida al Pacífico, con un costo de 3 mil 350 millones de dólares; ferrocarril bioceánico Santos-Arica, trecho boliviano, que costará 3 mil 100 millones, y la carretera Callao-La Oroya-Pucallpa, que costará 2 mil 500 millones de dólares. En su mayor parte serán financiados por el BNDES de Brasil, pero podrán participar el Bandes de Venezuela, el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina y el regional Banco del Sur.
Todas estas obras forman parte del proyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), y están siendo contestadas por los pueblos, como sucedió en Bolivia con la carretera del TIPNIS y en Perú con las hidroeléctricas. La conversión de la región en potencia global, de la mano de Brasil, se procesará con un aumento de la explotación de los recursos naturales y de las personas. Es el mismo camino que antes recorrieron los países del norte y luego los emergentes.
Hay muchas más novedades en esta región. La reunión del Consejo de Defensa de la Unasur, realizada en Lima el 11 de noviembre, acordó 26 acciones en el contexto del plan de acción 2012 para la integración en materia de defensa y la creación de una agencia espacial regional. Argentina quedó encargada de poner en marcha la fabricación de un avión de entrenamiento para la formación de pilotos, en cuyo proceso participarán Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil. Cada país fabricará partes que luego serán ensambladas en un lugar a determinar. Brasil, por su parte, quedó al frente del proyecto de avión no tripulado para la vigilancia de fronteras.
La región sigue así los pasos del acuerdo estratégico de defensa suscrito el 5 de septiembre entre Argentina y Brasil, que se plasma por ahora en la fabricación del carguero militar KC-390, diseñado por la empresa aeronáutica Embraer, en Brasil, que contará con piezas fabricadas en Córdoba, Argentina, con una inversión conjunta de mil millones de dólares, en la fabricación conjunta de vehículos de transporte y blindados, y la cooperación de las industrias navales y aeroespacial, y en el área de la ciberdefensa.
Es la primera vez que se toman este tipo de decisiones en el ex patio trasero de Washington. Además, y este dato no es menor, el proyecto del anillo de fibra óptica fue pergeñado en Bogotá por el ministro brasileño Bernardo; María Emma Mejía, la persona designada por Juan Manuel Santos para presidir la Unasur, y el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, amigo personal del banquero Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia, partidario de firmar un TLC con Brasil y de asociar las bolsas de valores de ambos países.
Eso puede explicar las intempestivas declaraciones de Álvaro Uribe contra las buenas relaciones colombo-venezolanas y el artículo de Roger Noriega en InterAmerican Security Watch, quien llamó a su país a preparase para una intervención militar en Venezuela, donde Estados Unidos compra 10 por ciento de su petróleo (9 de noviembre). Es evidente que el imperio en decadencia no va a contemplar pasivamente cómo pierde el control de la región sudamericana.
Unasur aprobó un importante proyecto estratégico que comienza a desatar los lazos de dependencia con Estados Unidos: la creación de un mega-anillo de fibra ópticafibra óptica que pondrá fin a la dependencia Internet con EEUU